SITONERS acusa que la Ley Lafkenche se ha convertido en un instrumento de despojo marítimo
El Sindicato de Trabajadores Marítimos y Pesqueros de Chile (SITONERS) advierte que la Ley Lafkenche está siendo utilizada para restringir el acceso al mar y paralizar actividades productivas. El gremio denuncia que detrás de su aplicación existiría una estrategia impulsada por ONGs internacionales para “vaciar” el territorio costero y limitar la soberanía alimentaria del país.
En un extenso documento, el sindicato fundamenta su postura en el artículo 589 del Código Civil, que establece que el mar adyacente y las playas son bienes nacionales de uso público, y sostiene que, en virtud de ello, cualquier ciudadano tiene el derecho de fiscalizar, oponerse y actuar ante posibles amenazas a este patrimonio común, así lo describe el sitio de noticias zona zero.cl
Soberanía alimentaria y acceso público al mar
El gremio recuerda los casos de comités ciudadanos de Puerto Montt y Calbuco, que en más de 35 fallos judiciales —incluyendo decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional— lograron acceder a información pública sobre la industria salmonera, lo que, según SITONERS, demuestra que “la defensa del mar no es patrimonio de un grupo, sino un deber colectivo”.
El documento también pone el foco en un contraste estructural: mientras Chile cuenta con apenas 600 mil hectáreas agrícolas sembradas (según datos del SINIA 2020–2021), dispone de 368 millones de hectáreas marinas reguladas dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). “La soberanía alimentaria del país depende en gran parte de su maritorio, y hoy está siendo comprometida”, advierten.
SITONERS alerta por bloqueo productivo en el sur
SITONERS denuncia que la expansión de parques marinos impulsados por ONGs internacionales —como Pew y Tompkins— ya ha dejado fuera de toda actividad pesquera 85 millones de hectáreas, una superficie superior a la del territorio continental chileno. En el caso de Juan Fernández, se señalan inconsistencias administrativas que permiten áreas de “múltiples usos” colindantes con zonas sin pesca, bajo distintas jurisdicciones.
La situación en el sur del país es descrita como especialmente crítica. En Magallanes, dos solicitudes de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO) suman 287 mil hectáreas: “Kawésqar: Última Esperanza” (275 mil ha, 2018) y “Tawokser” (12 mil ha, 2023). Según el sindicato, esas solicitudes provienen de solo tres comunidades kawésqar, con 42 integrantes en total, lo que implicaría una extensión de 6.900 hectáreas por persona, casi el doble de la superficie urbana de Punta Arenas.
A ello se suma un proceso detenido por siete años en la CONADI, sin informes de usos consuetudinarios, que mantiene congeladas actividades pesqueras, turísticas y de inversión. En Aysén, solicitudes similares por 620 mil hectáreas fueron rechazadas tras años de tramitación sin avances, recuerda el gremio.
Alertan sobre privatización encubierta y pérdida de soberanía marítima
SITONERS acusa directamente a fundaciones extranjeras —Rockefeller, Kennedy, Tompkins y Patagonia Inc.— de financiar proyectos de conservación que buscan “ambientes prístinos”, es decir, sin presencia humana ni actividad económica. En esa línea, citan al dirigente kawésqar Juan Carlos Tonko, quien ya en 2019 advertía: “Crean comunidades a la carta, nuevos yanaconas digitales de colonialistas verdes”.
El sindicato alerta además sobre la Ley 21.600 (SBAP), promulgada en 2023, que permite que los EMCPO sean concesionados y transferidos por 30 años, lo que, a su juicio, “abre la puerta a la privatización encubierta del mar”. Como ejemplo, señalan la transformación de la antigua Reserva Alacalufes (2,3 millones ha) en el Parque y Reserva Nacional Kawésqar (5,4 millones ha), tras la donación de 26 mil hectáreas por parte de la Fundación Tompkins. “El retorno potencial es 200 veces la inversión inicial”, aseguran.
Advierten riesgo de pérdida de soberanía en el mar chileno
Finalmente, el sindicato plantea que la firma del acuerdo BBNJ en la ONU (2023), que entrará en vigor en enero de 2026, “transnacionaliza” un 30 % del mar y territorio bajo gobernanza internacional.
Tras el rechazo del proceso constitucional de 2022, SITONERS sostiene que instrumentos como la Ley de Costas y los planes de manejo ambiental, financiados por ONGs, buscan establecer una zonificación funcional a intereses foráneos. “Estas solicitudes impracticables son el primer paso para desalojar trabajadores, restringir soberanía y entregar el mar chileno a poderes externos”, concluye el texto.
El gremio exige transparencia, celeridad institucional y defensa soberana del mar chileno, en un llamado que suma resonancia entre sectores productivos, pesqueros y marítimos del sur del país.
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En un extenso documento, el sindicato fundamenta su postura en el artículo 589 del Código Civil, que establece que el mar adyacente y las playas son bienes nacionales de uso público, y sostiene que, en virtud de ello, cualquier ciudadano tiene el derecho de fiscalizar, oponerse y actuar ante posibles amenazas a este patrimonio común, así lo describe el sitio de noticias zona zero.cl
El gremio recuerda los casos de comités ciudadanos de Puerto Montt y Calbuco, que en más de 35 fallos judiciales —incluyendo decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional— lograron acceder a información pública sobre la industria salmonera, lo que, según SITONERS, demuestra que “la defensa del mar no es patrimonio de un grupo, sino un deber colectivo”.
El documento también pone el foco en un contraste estructural: mientras Chile cuenta con apenas 600 mil hectáreas agrícolas sembradas (según datos del SINIA 2020–2021), dispone de 368 millones de hectáreas marinas reguladas dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). “La soberanía alimentaria del país depende en gran parte de su maritorio, y hoy está siendo comprometida”, advierten.
SITONERS alerta por bloqueo productivo en el sur
SITONERS denuncia que la expansión de parques marinos impulsados por ONGs internacionales —como Pew y Tompkins— ya ha dejado fuera de toda actividad pesquera 85 millones de hectáreas, una superficie superior a la del territorio continental chileno. En el caso de Juan Fernández, se señalan inconsistencias administrativas que permiten áreas de “múltiples usos” colindantes con zonas sin pesca, bajo distintas jurisdicciones.
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La situación en el sur del país es descrita como especialmente crítica. En Magallanes, dos solicitudes de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO) suman 287 mil hectáreas: “Kawésqar: Última Esperanza” (275 mil ha, 2018) y “Tawokser” (12 mil ha, 2023). Según el sindicato, esas solicitudes provienen de solo tres comunidades kawésqar, con 42 integrantes en total, lo que implicaría una extensión de 6.900 hectáreas por persona, casi el doble de la superficie urbana de Punta Arenas.
A ello se suma un proceso detenido por siete años en la CONADI, sin informes de usos consuetudinarios, que mantiene congeladas actividades pesqueras, turísticas y de inversión. En Aysén, solicitudes similares por 620 mil hectáreas fueron rechazadas tras años de tramitación sin avances, recuerda el gremio.
Alertan sobre privatización encubierta y pérdida de soberanía marítima
SITONERS acusa directamente a fundaciones extranjeras —Rockefeller, Kennedy, Tompkins y Patagonia Inc.— de financiar proyectos de conservación que buscan “ambientes prístinos”, es decir, sin presencia humana ni actividad económica. En esa línea, citan al dirigente kawésqar Juan Carlos Tonko, quien ya en 2019 advertía: “Crean comunidades a la carta, nuevos yanaconas digitales de colonialistas verdes”.
El sindicato alerta además sobre la Ley 21.600 (SBAP), promulgada en 2023, que permite que los EMCPO sean concesionados y transferidos por 30 años, lo que, a su juicio, “abre la puerta a la privatización encubierta del mar”. Como ejemplo, señalan la transformación de la antigua Reserva Alacalufes (2,3 millones ha) en el Parque y Reserva Nacional Kawésqar (5,4 millones ha), tras la donación de 26 mil hectáreas por parte de la Fundación Tompkins. “El retorno potencial es 200 veces la inversión inicial”, aseguran.
Advierten riesgo de pérdida de soberanía en el mar chileno
Finalmente, el sindicato plantea que la firma del acuerdo BBNJ en la ONU (2023), que entrará en vigor en enero de 2026, “transnacionaliza” un 30 % del mar y territorio bajo gobernanza internacional.
Tras el rechazo del proceso constitucional de 2022, SITONERS sostiene que instrumentos como la Ley de Costas y los planes de manejo ambiental, financiados por ONGs, buscan establecer una zonificación funcional a intereses foráneos. “Estas solicitudes impracticables son el primer paso para desalojar trabajadores, restringir soberanía y entregar el mar chileno a poderes externos”, concluye el texto.
El gremio exige transparencia, celeridad institucional y defensa soberana del mar chileno, en un llamado que suma resonancia entre sectores productivos, pesqueros y marítimos del sur del país.
