La controversia por una norma que condiciona la definición de “sitios prioritarios” del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas escaló al Tribunal Constitucional, luego de que senadores oficialistas acusaran que el Presupuesto 2026 altera atribuciones exclusivas del Ejecutivo y frena la implementación del SBAP.
Presupuesto 2026 abre conflicto por norma SBAP
La discusión por el Presupuesto 2026, que hace apenas una semana el Gobierno celebraba como un logro político tras un acuerdo exprés en comisión mixta, entró ahora en un terreno inesperado: el Tribunal Constitucional (TC). La razón es un polémico artículo aprobado en la tramitación —el número 52— que limita la aplicación de los “sitios prioritarios” establecidos en la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
La indicación, promovida por el diputado independiente cercano a Republicanos, Miguel Mellado, fue respaldada en la Cámara y no logró ser revertida en el Senado, pese a la reserva de constitucionalidad presentada por el Ejecutivo. El artículo obliga a que cualquier decreto relacionado con los sitios prioritarios quede supeditado a la aprobación del reglamento aún en consulta indígena, lo que en la práctica frena la implementación del SBAP durante 2026.
Senadores llevan norma SBAP del Presupuesto al TC
El efecto político no tardó: 14 senadores —principalmente del oficialismo— presentaron un requerimiento ante el TC argumentando que la norma altera el procedimiento de una ley permanente y se entromete en atribuciones exclusivas del presidente, además de no guardar relación con las ideas matrices de la Ley de Presupuesto.
El debate se produce además en un escenario donde el propio Gobierno ya había decidido pausar la definición de los 99 sitios prioritarios, tras las advertencias de gremios empresariales que aseguraban que la medida podría poner en riesgo actividades productivas en dichas zonas.
Reforma tributaria avanza tras ajustes de Hacienda
En paralelo a la tensión por el SBAP, la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto tributario del Ejecutivo que busca limitar alzas de contribuciones para adultos mayores vulnerables. Tras nuevas modificaciones comprometidas por el ministro Nicolás Grau —incluyendo la eliminación de restricciones respecto a copropiedad y ajustes a los aportes al Fondo Común Municipal—, el beneficio se ampliará a 100 mil personas.
Las Condes y Lo Barnechea también verán cambios en sus aportes al FCM: para la primera, el porcentaje quedará en 70% de contribuciones y 65% para patentes; en Lo Barnechea se homologará a comunas como Vitacura y Providencia con aportes de 65% y 55%, respectivamente.
