El presupuesto nacional 2027 presentado por el Presidente establece un aumento presupuestario superior al 36% para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). La propuesta oficial canaliza mayores recursos a la gestión administrativa sectorial y a la fiscalización digital, mientras reconfigura las acciones operativas del Ministerio del Medio Ambiente.
Durante la presentación del proyecto en cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast fundamentó la distribución del gasto, señalando que, «Un presupuesto no es sólo una planilla de números, es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación dentro de las posibilidades que tiene un gobierno. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo».
Presupuesto 2027 de Subpesca y Sernapesca: asignaciones directas
En el detalle, Subpesca pasará de $37.755 millones en 2026 a $52.915 millones en 2027. Este incremento estará orientado a simplificar procedimientos, reducir plazos en permisos sectoriales y dar curso a trámites pendientes vinculados a concesiones acuícolas.
Por su parte, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) contará con fondos adicionales para equipamiento de terreno. Esto incluye instrumental específico para medir ácido sulfhídrico (H2S) en fondos marinos, además de herramientas informáticas para digitalizar procedimientos de control normativo.
En la misma línea regulatoria, el presupuesto destina $514 millones para la consulta indígena de la reforma a la Ley Lafkenche. Este mecanismo está orientado a resolver las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que inciden en concesiones acuícolas.
Ajustes en la institucionalidad ambiental
En el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el monto global asciende a $98.631 millones. Esto se debe a la entrada en operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que alcanza los $22.304 millones.
En contraste, la Subsecretaría del Medio Ambiente experimenta una reducción a $36.000 millones. Hay ajustes en el programa de Desarrollo Sostenible ($4.555 millones) y el fin de la asignación específica para el Acuerdo de Escazú. A su vez, el programa de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) registra una baja real de 19,2% y la salida de 16 funcionarios. Ante esto, el articulado legal habilita que personal a honorarios pueda operar como “Agente Público” con responsabilidad legal para ejecutar labores inspectivas.
