Una embarcación puede llegar a tiempo a un centro de cultivo y, aun así, encontrarse con el siguiente obstáculo en tierra: una planta reductora que no reciba la mortalidad. La posibilidad está contemplada en las exigencias de Sernapesca para los planes de contingencia. Lo que una emergencia de gran escala pondría a prueba es la capacidad conjunta de barcos, camiones, plantas y destinos alternativos cuando varios centros necesiten utilizarlos al mismo tiempo.
Esa cadena logística estuvo en el centro de la discusión de la Comisión de Pesca de la Cámara del 23 de septiembre. Durante la sesión grabada, Alejandro Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, explicó que la industria ha planteado disponer de zanjas o celdas sanitarias para una mortalidad excepcional y evitar un nuevo vertimiento en el mar. Precisó que se revisan aspectos normativos y reglamentarios y que llegar a ese escenario exigiría un evento catastrófico capaz de sobrepasar las medidas actuales. La intervención se describe una propuesta en evaluación, no un sistema de zanjas ya habilitado.
La escala que dejó 2016
Según la cuenta pública de Sernapesca, las floraciones algales de febrero y marzo de 2016 causaron la muerte de 25 millones de peces, equivalentes a 39.942 toneladas. Un 57% de esa biomasa se procesó en plantas de harina de pescado y un 30,3% fue a vertederos terrestres. Otras 4.500 toneladas terminaron en alta mar, tras una autorización que permitía verter hasta 9.000.
Barrientos atribuyó aquel vertimiento, en su exposición ante los diputados, a la demora y falta de coordinación inicial para extraer peces que luego comenzaron a descomponerse. Desde entonces cambió la respuesta exigida a los centros. La modificación del Reglamento Ambiental para la Acuicultura de 2018 estableció capacidades de extracción, tratamiento y almacenamiento, reforzó los planes ante mortalidades masivas y creó mecanismos de prealerta y alerta acuícola.
El plazo corre desde que mueren los peces
Las exigencias actualizadas por Sernapesca en 2025 obligan a identificar los medios de transporte comprometidos y destinos con capacidad y autorizaciones. Como regla, el retiro de la mortalidad desde el centro no debe superar 96 horas desde que ocurre; la resolución contempla un plazo de hasta 192 horas para su salida cuando se utilizan embarcaciones con refrigeración. También exige definir qué ocurrirá si una planta reductora acepta la carga, la rechaza o la deriva a otro destino.
La coordinación entre regiones ya ha sido necesaria. Durante una contingencia por floraciones algales en 2021, Sernapesca informó del traslado marítimo de 578 toneladas desde Los Lagos hasta Talcahuano, donde fueron descargadas y enviadas a una planta de reducción. Ese operativo muestra cuántas etapas deben funcionar para que una carga llegue a destino.
Este año, Sernapesca informó que se realizó un simulacro de mortalidad masiva en Los Lagos, Aysén y Magallanes para evaluar tiempos y condiciones de respuesta. Su comunicación pública no entrega una cifra consolidada de toneladas que podrían retirarse, transportarse y recibir tratamiento por día durante una contingencia simultánea. Esa capacidad es decisiva para dimensionar cuándo haría falta otro destino.
La pregunta pendiente está en tierra
La propuesta de zanjas abre decisiones concretas: dónde podrían emplazarse, cuánta mortalidad recibirían, bajo qué autorizaciones operarían y cómo se controlaría el traslado y la disposición. En la sesión parlamentaria no se anunció un emplazamiento ni una capacidad disponible para estas celdas. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, reconoció que hoy existe mayor coordinación y monitoreo que en 2016, pero que aún no se sabe si bastarían ante una emergencia de alto impacto. Un representante de Directemar precisó, además, que el vertimiento en el mar se considera la última opción.
El Niño puede favorecer condiciones para algunas floraciones algales nocivas, aunque su presencia no determina que ocurra una mortalidad masiva. Por eso, la prueba más útil antes de una emergencia sería conocer la capacidad efectiva de toda la ruta: cuánto puede retirarse en los plazos exigidos, qué plantas recibirían cargas simultáneas y qué destino autorizado respondería si esas plantas dejan de hacerlo. Allí se decidirá si la alternativa planteada por la industria puede convertirse en una respuesta operativa.
