Este informe, elaborado por su Observatorio de Políticas Públicas, se convierte en una herramienta interesante para la industria, ya que sistematiza el avance de normativas que tendrán un impacto en la competividad, costos y la seguridad jurídica del sector salmonero en los próximos años.
Siguiendo los datos presentados por el reporte, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se registraron 17 proyectos de ley ingresados y 5 leyes promulgadas de relevancia para los sistemas socio-ecológicos costeros. Para la industria del salmón, el informe resalta normativas que impactan directamente en la seguridad laboral, el uso del borde costero y la estructura de costos operacionales.
Certeza Jurídica y uso de bordes costeros
Uno de los puntos más relevantes para la inversión sectorial es el avance en las modificaciones a la Ley N°20.249 (Ley Lafkenche), a través del boletín 15862-21. El análisis del reporte pone énfasis en que este proyecto busca perfeccionar la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), introduciendo un límite crítico al efecto suspensivo de las solicitudes, fijándolo en un plazo máximo de dos años.
Impuestos específicos a la acuicultura
Uno de los puntos mencionados en el reporte, es el ingreso de una moción parlamentaria que busca establecer un nuevo marco tributario. Específicamente, el informe destaca el Boletín 17874-07, ingresado el 29 de septiembre de 2025, el cual propone modificar la Carta Fundamental para instaurar un impuesto específico a la acuicultura. De acuerdo con el seguimiento legislativo de SECOS, este proyecto se mantiene actualmente en la categoría de iniciativas «no votadas», pero su sola presencia en la agenda legislativa plantea un desafío directo a la planificación financiera y competitividad de las empresas productoras.
Seguridad laboral
Dentro del marco de la salmonicultura, también se encuentra la recientemente promulgada Ley 21789, que establece el contrato de buzo profesional y actividades conexas. Según el análisis de SECOS, esta normativa (ya publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 2026) obliga a elevar los estándares de seguridad mediante registros electrónicos de inmersiones y redefine la responsabilidad de las empresas mandantes sobre los servicios externalizados de buceo, esenciales para la operatividad diaria de los centros.
Seguridad hídrica y tecnología RAS
Finalmente, el reporte del SECOS identificaba el proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09) como un factor clave para la sostenibilidad tecnológica, situándolo en su tercer trámite.
Sin embargo, esta normativa ya dio su paso definitivo: el Senado respaldó las enmiendas y el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley. Aunque la iniciativa prioriza el consumo humano, la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización y el establecimiento de un marco legal claro para las concesiones marítimas proporcionará la certeza jurídica que el sector esperaba. Este respaldo normativo definitivo es un requisito habilitante y urgente para viabilizar las inversiones en grandes pisciculturas terrestres que utilizan Sistemas de Recirculación (RAS), las cuales dependen de un suministro hídrico estable y legalmente resguardado.
