Libera y Ecocéanos no son problema

Una vez más vuelve a ser tema país la exigencia de transparencia a las ONG por supuestas influencias extranjeras. Volvemos a hablar de ello por el caso de las presentaciones de las organizaciones Libera y Ecocéanos frente al United States Trade Representative (USTR) en julio de este año, en donde acusaron a la industria salmonera de la existencia de trabajo forzado en sus faenas. El consiguiente aumento de un 10% a un 12,5% de las tarifas arancelarias de parte de Estados Unidos a Chile en productos como el salmón desató críticas sobre una supuesta relación entre lo expuesto por estas ONG y la decisión del gobierno estadounidense, y, en consecuencia, la petición de parlamentarios para transparentar el financiamiento que tienen este tipo de organizaciones. Acusaciones graves, pero sin una relación comprobada Aquí es donde debemos separar la paja del trigo. Si bien las acusaciones por parte de estas ONG son graves y merecen una explicación fundada, es difícil argumentar que sus presentaciones hayan incidido en la decisión del USTR. Quienes han analizado seriamente el aumento de las tarifas señalan que se debe principalmente a las amplias relaciones comerciales entre Chile y China. El mismo embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, confirmó esta postura declarando que “no estamos hablando de trabajo forzado en Chile, estamos hablando de productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzado fuera de Chile”. Por lo mismo, es importante que todos los actores, incluidos los sectores productivos afectados por las tarifas, rechacen categóricamente los amedrentamientos de parte de cuentas anónimas dirigidos a estas agrupaciones, los cuales contemplan advertencias explícitas de violencia sexual, amenazas de muerte hacia los representantes y sus familias, así como intimidaciones ligadas a prácticas de tortura. Eso es lo que haría un país serio. Un vacío institucional aún pendiente Ahora bien, volviendo al tema que abre esta columna, las fuentes de financiamiento que reciben las ONG siguen siendo un frente abierto en la institucionalidad chilena. No por nada es la segunda vez en menos de un año que volvemos a hablar de ello, siendo la primera cuando se reveló que una entidad noruega apoyó económicamente a la organización Identidad Territorial Lafkenche (ITL). El que existan ONG cuyo trabajo entorpezca el desarrollo de industrias estratégicas para Chile, como la salmonicultura, y que estén financiadas por entidades extranjeras (en algunos casos por países de la competencia) es claramente un problema. Sin embargo, las críticas emanadas de gremios productivos y parlamentarios no muestran avance porque no se hacen cargo de la raíz del problema. El que los estándares de transparencia para una ONG sean radicalmente más bajos que para una empresa no pasa por el supuesto poder que tienen organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecocéanos o CODESA, sino porque esta figura legal es aprovechada por los políticos como herramienta de lobby y de formación política. En una columna previa mostré que en Chile hay iniciativas desde hace años que buscan aumentar la transparencia de las ONG, pero que su poco avance tiene como principales sospechosos a los centros de pensamiento o think tanks. Estas organizaciones, que se constituyen bajo la misma figura legal que una ONG, buscan influir en el debate público mediante investigaciones supuestamente independientes; no obstante, como no tienen obligación de difundir quiénes las financian, es fácil suponer que su trabajo está íntimamente ligado a los intereses de quienes las sustentan. Bajo estándares OCDE son lobbistas, pero aprovechan la legislación chilena para hacer parecer que no lo son. A su vez, sirven como escuelas de formación política y “refugio” para políticos cuando no están en el poder; invito al lector a investigar cuántos funcionarios de alto rango del gobierno actual vienen de un think tank y cuántos del gobierno saliente fueron a parar a uno. La transparencia debe exigirse a todos Entonces, si nos queremos hacer cargo de este problema de forma seria, la ley debe ser pareja. Al exigir transparencia a Fundación Libera, también debemos hacerlo con Libertad y Desarrollo, Rumbo Colectivo y Fundación para el Progreso. Si le vamos a imponer mayor burocracia a organizaciones de la sociedad civil con bajo patrimonio, también debemos hacerlo con las que son ampliamente financiadas. Si analizamos bien el caso, Libera y Ecocéanos no son el problema, sino más bien una expresión de un vacío legal mucho mayor y perjudicial para Chile, más allá del aumento de las tarifas. Superar la lógica de “ellos contra nosotros” Por último, si queremos que a la industria del salmón le vaya bien, es importante sacar aprendizajes de todo este suceso. A mi parecer, y esto está fuertemente fundado en mis interacciones con actores de la industria y ambientalistas de la región de Aysén, las reacciones al caso de Libera y Ecocéanos son paradigmáticas de la supuesta dicotomía entre desarrollo y conservación. Desde la industria se le atribuye a las ONG una capacidad de coordinación, recursos e intencionalidad maliciosa de carácter desmedido. Desde las ONG, se arguye la existencia de un “Estado salmonero” cuya supuesta influencia sobre las decisiones de los poderes del Estado es mucho mayor a la realidad. Ambas posturas son casos ejemplares de los sesgos cognitivos que operan cuando caemos en la visión de “ellos vs. nosotros” y que han sido ampliamente estudiados por la psicología social; ambas posturas son poco útiles para los objetivos de ambos bandos. Acá es donde la industria puede dar un salto cualitativo. Desde algo tan básico como condenar las amenazas a los dirigentes de estas ONG, hasta tomar una postura prosocial frente a quienes considera como enemigos. Siendo la polarización un juego de suma cero y la actitud por defecto que se tiene en este tipo de contextos, la salmonicultura podría dar el ejemplo al buscar lo contrario.