1. Reducción de la concentración del poder en Santiago
“Santiago es Chile”. Esta frase resume el centralismo histórico del país, donde la capital concentra gran parte de la toma de decisiones políticas y económicas. La descentralización busca revertir este modelo de desarrollo “extremadamente centralista”, que evidencia un fuerte sesgo contra las regiones.
La elección popular de gobernadores regionales ha marcado un hito en la democratización territorial, abriendo paso a mayores exigencias por parte de las regiones en cuanto a competencias y presupuestos propios. Sin embargo, persisten obstáculos institucionales.
Se mantiene la figura del delegado presidencial, que compite en atribuciones con el gobernador regional.
Los SEREMIS —delegados ministeriales— siguen operando bajo una lógica sectorial que limita la autonomía regional. Esta lógica debiese ser reemplazada por una lógica territorial.
Aun cuando se han transferido funciones, muchas veces esto no ha venido acompañado de los recursos necesarios, generando una descentralización más simbólica que efectiva. En este contexto, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) continúa reasignando recursos entre partidas regionales sin alterar el monto total disponible.
2. Diversidad regional: un país largo y heterogéneo
Chile se extiende por 4.270 km, lo que conlleva profundas diferencias entre sus regiones.
Estructura productiva: minería en el norte, fruta y vino en el centro, servicios financieros en la Región Metropolitana (RM), sector forestal y turismo en el sur cercano, pesca y turismo en el sur austral.
Energía renovable: solar en el norte, hidroeléctrica en el centro y sur, eólica en el extremo sur.
Agua: escasa en el norte, abundante en el sur.
(Cambio climático: con efectos disímiles según el territorio.
No es viable aplicar una “plantilla” única para todas las regiones. Los diagnósticos hechos desde Santiago suelen ser incompletos o inexactos respecto a la realidad local.
En resumen, el 98% del territorio continental —Chile sin Santiago— necesita reducir su dependencia del gobierno central.
3. Nuevas preguntas para un nuevo desarrollo regional
En el debate nacional, el crecimiento económico se suele reducir a la necesidad de no interferir con la actividad empresarial: menos impuestos, menos regulación, más certeza jurídica. En cambio, desde una perspectiva regional, las preguntas deben ser otras:
¿Cuáles son los sectores productivos que impulsarán el crecimiento regional?
¿Cuáles son las urgencias, aspiraciones y demandas de la población local?
¿Qué tipo de empleos se generarán y dónde?
¿Cómo aumentar la productividad, especialmente de las Pymes?
¿Cómo será y cómo queremos que sea la región en 2050?
El gobierno central debe concentrarse en la macroeconomía, el comercio internacional y la estabilidad financiera. El gobierno regional, en cambio, debe encargarse de cómo crecer, dónde invertir y cómo atraer inversión hacia su territorio, estableciendo gobernanza para resolver los desafíos de desarrollo.
4. Estrategia Regional de Desarrollo: brújula de largo plazo
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) es el instrumento clave para orientar el futuro de una región. Permite definir objetivos, identificar problemas, establecer prioridades y delinear acciones a largo plazo.
Es una radiografía del presente que proyecta escenarios futuros. Define cómo lograr una región inclusiva, equitativa, segura, sustentable, competitiva e innovadora.
La ERD debe analizar la estructura productiva actual, su potencial de diversificación y su proyección. Esa mirada constituye el “corazón” de la estrategia.
Su implementación requiere de una Cuádruple Alianza Regional (CAR): gobiernos regionales, empresas productivas, universidades e instituciones de formación técnica, y representantes de la sociedad civil.
5. Inversión pública con decisión local
Actualmente, los gobiernos regionales solo deciden sobre el 15% de la inversión pública ejecutada en su territorio, mientras que en países OCDE esa cifra varía entre el 30% y el 50%.
Una descentralización efectiva permitiría a las regiones orientar la inversión hacia los proyectos que consideran prioritarios, aprovechando su mejor conocimiento del territorio.
Desde una lógica económica, la cercanía con las personas y empresas mejora la asignación de recursos, reduce costos administrativos y permite una ejecución más eficaz.
Cuando las regiones deciden sobre obras viales, salud o vivienda, se minimizan revisiones y se adaptan mejor a las condiciones locales. Esto favorece la apropiación comunitaria y aumenta el impacto del gasto público.
A la luz de lo anterior es posible concluir que la descentralización no es solo un tema institucional: es una herramienta fundamental para democratizar el desarrollo y asegurar que todas las regiones tengan voz y protagonismo en la construcción del futuro del país.
