Salmones Aysén S.A. interpuso una reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cuestionando la legalidad del rechazo de su Programa de Cumplimiento (PdC) presentado tras el escape de 26.531 salmones coho desde su centro de engorda Canal Huito, en Calbuco, ocurrido en septiembre de 2019.
Salmones Aysén acusa a la SMA de aplicar criterios sin base legal en rechazo de su PdC
Según la empresa, la autoridad ambiental desestimó su PdC aplicando criterios sin base legal, al presumir daño ambiental irreparable pese a no existir evidencia empírica que lo respalde. El evento, atribuido a un error humano y condiciones oceanográficas adversas, habría sido controlado con una recaptura del 24,5% de los ejemplares, más del doble del umbral exigido por la Ley General de Pesca y Acuicultura vigente en esa fecha.
El PdC, ingresado en octubre de 2022, incluía medidas de prevención, capacitación, mejoras estructurales y un plan de monitoreo de fauna íctica. No obstante, la SMA lo rechazó mediante la Resolución Exenta N°5 de septiembre de 2025, argumentando que no cumplía con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad, y calificándolo de “manifiestamente dilatorio”.
Salmones Aysén sostiene que la SMA vulneró su deber legal de asistencia al regulado, consagrado en la Ley N°20.417 y en el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento. Acusa que la autoridad adoptó un criterio inflexible —rechazar PdC en casos con imputación de daño ambiental— basado en una guía interna de 2018 sin valor normativo, contradiciendo incluso precedentes institucionales como el caso Nova Austral (2022).
La empresa enfatiza que la SMA modificó sus criterios durante la tramitación, primero aceptando que los estudios ambientales podían incorporarse posteriormente, y luego rechazando el PdC sin esperar los resultados comprometidos. Esto, a su juicio, constituye una infracción a los principios de buena fe, confianza legítima y proporcionalidad administrativa.
Argumentan demora y falta de motivación de la SMA
Asimismo, Salmones Aysén denuncia una falta de motivación en la resolución impugnada, que no explicaría por qué se desestimaron los informes técnicos ni por qué se omitió una segunda ronda de observaciones, práctica habitual en otros procedimientos similares. La demora de más de seis años desde el escape hasta el rechazo final también es calificada como negligente y contraria al principio de celeridad administrativa.
La compañía reitera que no hubo daño ambiental ni menos uno irreparable, apoyándose en informes que acreditan la ausencia de efectos sobre la calidad del agua, la fauna nativa o la presencia de salmones asilvestrados. Incluso el Servicio Nacional de Pesca habría descartado impactos relevantes.
En su reclamación, Salmones Aysén solicita al Tercer Tribunal Ambiental dejar sin efecto la resolución de la SMA, aprobar el PdC presentado o, en subsidio, ordenar su reevaluación con las observaciones correspondientes.
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