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Malvinas entra en la hora decisiva: descartan referéndum y fijan ruta para resolver futuro de la salmonicultura

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Tras ese proceso, las autoridades deberán decidir si permiten la salmonicultura marina en el archipiélago, a qué escala y bajo qué condiciones, mientras quedó descartada la propuesta de someter el tema a un referéndum vinculante.

Por Sebastián Cárdenas Benavente
17 de agosto, 2026 - 16:17 hrs.
Vista aérea de Stanley, principal centro urbano de las Islas Malvinas, territorio donde actualmente se desarrolla la consulta pública sobre el eventual desarrollo de la salmonicultura marina.

Vista aérea de Stanley, principal centro urbano de las Islas Malvinas, territorio donde actualmente se desarrolla la consulta pública sobre el eventual desarrollo de la salmonicultura marina. Foto: FITV

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El debate sobre el eventual desarrollo de la salmonicultura en las Islas Malvinas entró en una etapa decisiva. Después de meses de estudios, reuniones públicas y exposición de experiencias internacionales, la consulta impulsada por el Falkland Islands Government (FIG) ya se encuentra en marcha y cerrará el próximo 30 de octubre de 2026, tras lo cual sus resultados serán analizados para resolver si se permite, en principio, el cultivo de salmones en el mar y, en caso afirmativo, bajo qué escala y condiciones. A este proceso se suma ahora una definición política relevante: los miembros de la Asamblea Legislativa descartaron recurrir a un referéndum para resolver el futuro de esta actividad. La discusión profundiza un proceso que InfoSALMON ya había abordado a comienzos de agosto, cuando especialistas canadienses invitados al archipiélago expusieron experiencias y aprendizajes de Columbia Británica en torno a producción, sanidad y regulación ambiental de la salmonicultura. Ahora, la discusión dejó de concentrarse únicamente en los antecedentes técnicos y avanzó hacia la forma en que se adoptará finalmente una decisión. Referéndum queda fuera del camino Durante una reciente reunión pública, la organización Salmon Free Falklands (SFF) planteó la realización de un referéndum vinculante, cuestionando además aspectos del proceso de consulta. Falkland Islands Television (FITV) informó que algunos asistentes calificaron la encuesta como compleja y plantearon dudas sobre su diseño, mientras SFF solicitó que la decisión fuera entregada directamente a los votantes. Los miembros de la Asamblea Legislativa, sin embargo, descartaron esa alternativa. Según informó Penguin News, el legislador Michael Goss sostuvo que el mecanismo de consulta permite recoger posiciones más amplias que una votación binaria y abordar materias como regulación, licencias, salvaguardas ambientales, monitoreo e implementación. Goss señaló que, una vez concluido el proceso, los representantes electos deberán “tomar una decisión razonada de acuerdo a sus responsabilidades democráticas”. Otros legisladores, como Dean Dent y Stacy Bragger, defendieron igualmente que corresponde a los representantes electos resolver materias complejas de política pública. Presentación ante la comunidad en el marco del proceso de consulta sobre salmonicultura, que busca recoger opiniones respecto de una eventual autorización de la actividad y las condiciones para su desarrollo. Foto: FITV Cuatro caminos para la salmonicultura La documentación oficial plantea cuatro escenarios principales: no permitir salmonicultura; autorizar producción comercial limitada únicamente por la capacidad de carga ambiental; permitirla pero manteniendo la producción muy por debajo de esa capacidad; o desarrollar modelos de nicho, como producción orgánica. La consulta también permite incorporar propuestas distintas a esas alternativas. El proceso no corresponde a una evaluación ni autorización específica del proyecto presentado por Unity Marine. El Gobierno precisó que esa propuesta fue incorporada únicamente como referencia para mostrar cómo podría operar una futura industria salmonicultora. Si finalmente se autoriza la actividad, primero deberá desarrollarse un nuevo marco regulatorio antes de que puedan ingresarse solicitudes formales de proyectos. Hasta 50.000 toneladas en el modelo de referencia El escenario económico utilizado por el Gobierno considera principalmente una industria de alrededor de 30.000 toneladas anuales. Los estudios estiman que esa escala podría incrementar el Producto Interno Bruto de las islas entre £30 millones y £35 millones anuales, aproximadamente un 11%, además de generar cerca de £20 millones por año en ingresos fiscales y licencias y unos 130 empleos de jornada completa. Como referencia industrial, Unity Marine presentó un modelo significativamente mayor: una producción de 50.000 toneladas anuales, distribuida en 16 centros de cultivo alrededor de East Falkland, junto con barcazas de alimentación, embarcaciones de apoyo, pisciculturas e instalaciones veterinarias. El proyecto estima alrededor de 200 puestos de trabajo entre operaciones terrestres y marinas. Un elemento particularmente relevante para Chile es que el modelo plantea que el alimento para peces sería importado desde el país, mientras que el análisis legislativo encargado por el Gobierno estudió precisamente los sistemas regulatorios de Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe como referencias para construir una eventual normativa local. Entre las recomendaciones preliminares aparecen límites máximos de biomasa, zonificación, períodos de descanso sanitario, sistemas all-in/all-out, peces estériles, exigencias asociadas al estándar ASC y un peso mínimo de 400 gramos para los smolts antes de su ingreso al mar.   El 30 de octubre marca el próximo hito Con el referéndum descartado, el calendario adquiere ahora mayor claridad. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, sus respuestas serán sistematizadas y utilizadas para respaldar la posterior decisión política sobre si la salmonicultura marina puede desarrollarse en las Malvinas. Incluso un resultado favorable no significaría la autorización inmediata de Unity Marine ni de otro proyecto. El propio Gobierno estableció que primero tendría que diseñar y adoptar un marco regulatorio integral, tras lo cual las futuras iniciativas deberían someterse individualmente a evaluación ambiental, socioeconómica y técnica. Así, después de años de discusión y de una creciente incorporación de experiencias provenientes de países salmonicultores, las Malvinas comienzan a acercarse a una definición que podría determinar si un nuevo territorio del Atlántico Sur se incorpora —o no— al mapa mundial de producción de salmón.

El debate sobre el eventual desarrollo de la salmonicultura en las Islas Malvinas entró en una etapa decisiva. Después de meses de estudios, reuniones públicas y exposición de experiencias internacionales, la consulta impulsada por el Falkland Islands Government (FIG) ya se encuentra en marcha y cerrará el próximo 30 de octubre de 2026, tras lo cual sus resultados serán analizados para resolver si se permite, en principio, el cultivo de salmones en el mar y, en caso afirmativo, bajo qué escala y condiciones. A este proceso se suma ahora una definición política relevante: los miembros de la Asamblea Legislativa descartaron recurrir a un referéndum para resolver el futuro de esta actividad.

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La discusión profundiza un proceso que InfoSALMON ya había abordado a comienzos de agosto, cuando especialistas canadienses invitados al archipiélago expusieron experiencias y aprendizajes de Columbia Británica en torno a producción, sanidad y regulación ambiental de la salmonicultura. Ahora, la discusión dejó de concentrarse únicamente en los antecedentes técnicos y avanzó hacia la forma en que se adoptará finalmente una decisión.

Referéndum queda fuera del camino

Durante una reciente reunión pública, la organización Salmon Free Falklands (SFF) planteó la realización de un referéndum vinculante, cuestionando además aspectos del proceso de consulta. Falkland Islands Television (FITV) informó que algunos asistentes calificaron la encuesta como compleja y plantearon dudas sobre su diseño, mientras SFF solicitó que la decisión fuera entregada directamente a los votantes.

Los miembros de la Asamblea Legislativa, sin embargo, descartaron esa alternativa. Según informó Penguin News, el legislador Michael Goss sostuvo que el mecanismo de consulta permite recoger posiciones más amplias que una votación binaria y abordar materias como regulación, licencias, salvaguardas ambientales, monitoreo e implementación.

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Goss señaló que, una vez concluido el proceso, los representantes electos deberán “tomar una decisión razonada de acuerdo a sus responsabilidades democráticas”. Otros legisladores, como Dean Dent y Stacy Bragger, defendieron igualmente que corresponde a los representantes electos resolver materias complejas de política pública.

Presentación ante la comunidad en el marco del proceso de consulta sobre salmonicultura, que busca recoger opiniones respecto de una eventual autorización de la actividad y las condiciones para su desarrollo.
Presentación ante la comunidad en el marco del proceso de consulta sobre salmonicultura, que busca recoger opiniones respecto de una eventual autorización de la actividad y las condiciones para su desarrollo. Foto: FITV

Cuatro caminos para la salmonicultura

La documentación oficial plantea cuatro escenarios principales: no permitir salmonicultura; autorizar producción comercial limitada únicamente por la capacidad de carga ambiental; permitirla pero manteniendo la producción muy por debajo de esa capacidad; o desarrollar modelos de nicho, como producción orgánica. La consulta también permite incorporar propuestas distintas a esas alternativas.

El proceso no corresponde a una evaluación ni autorización específica del proyecto presentado por Unity Marine. El Gobierno precisó que esa propuesta fue incorporada únicamente como referencia para mostrar cómo podría operar una futura industria salmonicultora. Si finalmente se autoriza la actividad, primero deberá desarrollarse un nuevo marco regulatorio antes de que puedan ingresarse solicitudes formales de proyectos.

Hasta 50.000 toneladas en el modelo de referencia

El escenario económico utilizado por el Gobierno considera principalmente una industria de alrededor de 30.000 toneladas anuales. Los estudios estiman que esa escala podría incrementar el Producto Interno Bruto de las islas entre £30 millones y £35 millones anuales, aproximadamente un 11%, además de generar cerca de £20 millones por año en ingresos fiscales y licencias y unos 130 empleos de jornada completa.

Como referencia industrial, Unity Marine presentó un modelo significativamente mayor: una producción de 50.000 toneladas anuales, distribuida en 16 centros de cultivo alrededor de East Falkland, junto con barcazas de alimentación, embarcaciones de apoyo, pisciculturas e instalaciones veterinarias. El proyecto estima alrededor de 200 puestos de trabajo entre operaciones terrestres y marinas.

Un elemento particularmente relevante para Chile es que el modelo plantea que el alimento para peces sería importado desde el país, mientras que el análisis legislativo encargado por el Gobierno estudió precisamente los sistemas regulatorios de Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe como referencias para construir una eventual normativa local.

Entre las recomendaciones preliminares aparecen límites máximos de biomasa, zonificación, períodos de descanso sanitario, sistemas all-in/all-out, peces estériles, exigencias asociadas al estándar ASC y un peso mínimo de 400 gramos para los smolts antes de su ingreso al mar.

 

El 30 de octubre marca el próximo hito

Con el referéndum descartado, el calendario adquiere ahora mayor claridad. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, sus respuestas serán sistematizadas y utilizadas para respaldar la posterior decisión política sobre si la salmonicultura marina puede desarrollarse en las Malvinas.

Incluso un resultado favorable no significaría la autorización inmediata de Unity Marine ni de otro proyecto. El propio Gobierno estableció que primero tendría que diseñar y adoptar un marco regulatorio integral, tras lo cual las futuras iniciativas deberían someterse individualmente a evaluación ambiental, socioeconómica y técnica.

Así, después de años de discusión y de una creciente incorporación de experiencias provenientes de países salmonicultores, las Malvinas comienzan a acercarse a una definición que podría determinar si un nuevo territorio del Atlántico Sur se incorpora —o no— al mapa mundial de producción de salmón.

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