El presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Alejandro Bernales (PL), respaldó abiertamente la incorporación de la figura de las microrelocalizaciones dentro del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional (Boletín 18.216-05), marco legal que busca destrabar procedimientos administrativos críticos para la competitividad y sustentabilidad del sector.
Durante su intervención en Sala, el parlamentario por el Distrito 26 remarcó la urgencia de modernizar los trámites de reordenamiento de concesiones, una de las demandas más complejas que enfrenta la industria sur-austral frente a la paralización de solicitudes en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
Referente a esto Bernales detalló que, «Creo que las modificaciones en materia de acuicultura han buscado destrabar procedimientos que hoy son excesivamente lentos. Buscan también entregar mayor certeza jurídica y mejorar el uso del espacio marítimo sin rebajar los estándares ambientales».
Alcance técnico y resguardos ambientales
La indicación aprobada en el Senado, permitirá el destrabe directo de unas 95 solicitudes en trámite. En esta línea, el Senado definió las microrelocalizaciones como un desplazamiento de la concesión por una distancia máxima de 350 metros desde sus vértices, condicionado a que no implique un incremento en los niveles de producción autorizados ni un aumento en la superficie del área del centro de cultivo.
Al abordar los argumentos ambientalistas y las discusiones sobre la la exención de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Bernales fue enfático en señalar que la medida responde a un criterio puramente técnico y sanitario, detallando que, «con esto estamos permitiendo algunos ajustes menores para que los centros puedan operar en lugares con mejores condiciones de profundidad y corrientes, disminuyendo sus impactos sanitarios y ambientales. Este mecanismo tiene límites claros en cuanto a la producción y va a requerir la autorización de la Subsecretaría de Pesca con informe técnico fundado y la verificación de que no existan bancos naturales ni caladeros de pesca».
Asimismo, aclaró que los procesos habituales de relocalización de mayor escala mantendrán su tramitación bajo el marco de la legislación ambiental vigente.
Impacto económico
Al validar el ajuste de 350 metros como una herramienta técnica y no como un beneficio desregulado, el legislador busca asegurar que la reactivación económica y los miles de empleos proyectados para Los Lagos vayan de la mano con la sustentabilidad operacional de los centros.
Para Bernales, la resolución de este cuello de botella regulatorio tendrá un impacto directo en la dinamización de las comunas salmoneras del sur del país, concluyendo que, «etas son medidas que van en la dirección correcta porque la Región de Los Lagos puede contribuir a reactivar una economía fundamental para nosotros y puede llegar a generar entre 4.000 y 8.000 nuevos empleos en nuestras comunas. Una acuicultura se debe desarrollar bien, que genere empleo, respete nuestro medio ambiente y a las comunidades que viven también de ellos».
