Récord de judicialización ambiental tensiona las inversiones en el primer semestre 2026

La discusión sobre la competitividad de la inversión en Chile dejó de concentrarse únicamente en la denominada «permisología». Hoy, una vez obtenidas las autorizaciones ambientales, un nuevo cuello de botella continúa extendiendo los plazos para que los proyectos puedan ejecutarse: la creciente judicialización ambiental. Las cifras del primer semestre 2026 muestran un escenario inédito, de acuerdo a lo informado en El Mercurio. Los Tribunales Ambientales recibieron 32 reclamaciones admisibles, el mayor ingreso desde que estas instancias comenzaron a funcionar. Si bien durante el mismo período lograron dictar 18 sentencias, uno de los desempeños más altos de su historia, el ritmo de ingreso continúa siendo superior a la capacidad de resolución. Como consecuencia, el sistema acumula actualmente 67 causas en tramitación, asociadas a 59 proyectos de inversión que representan US$ 10.655 millones, según el monitoreo semestral realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Para una industria como la salmonicultura —que enfrenta crecientes exigencias regulatorias, procesos de relocalización de concesiones, renovaciones, modificaciones operacionales y nuevas inversiones— el escenario agrega un componente adicional de incertidumbre que puede extender significativamente los tiempos antes de materializar proyectos. Más de mil días para una decisión definitiva El principal efecto de esta creciente carga judicial es el aumento sostenido en los tiempos de resolución. Durante el primer semestre, las sentencias dictadas por los Tribunales Ambientales demoraron en promedio 568 días corridos. Sin embargo, ese plazo rara vez marca el final del proceso. Las estadísticas muestran que el 56% de las sentencias son posteriormente impugnadas mediante recursos de casación ante la Corte Suprema, instancia que agrega en promedio 448 días adicionales antes de una resolución definitiva. En consecuencia, el tiempo total desde que una reclamación ingresa a un Tribunal Ambiental hasta obtener una sentencia firme supera actualmente los mil días, muy por encima de los aproximadamente 587 días que se registraban antes de 2019. Paradójicamente, la experiencia también demuestra que la mayoría de estos recursos no modifica las decisiones iniciales: el 74% de las causas revisadas por la Corte Suprema terminan confirmando el fallo previamente emitido por el Tribunal Ambiental. La advertencia del sector privado Desde el mundo empresarial sostienen que el problema no radica en la existencia de controles ambientales, sino en la creciente incertidumbre respecto de los tiempos. Al respecto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que «Chile necesita un sistema de evaluación ambiental robusto, pero también oportuno y predecible. La evidencia muestra que la judicialización continúa aumentando. Ese desajuste genera incertidumbre, retrasa inversiones y afecta el dinamismo económico». Las cifras respaldan esa preocupación. Desde 2019, el ingreso promedio de reclamaciones prácticamente se duplicó respecto de los primeros años de funcionamiento de los Tribunales Ambientales, pasando de 7,3 causas por semestre a 17,2 reclamaciones semestrales. Aunque los tribunales han incrementado su productividad, la demanda continúa creciendo a un ritmo superior. Un fenómeno que trasciende a un solo sector Históricamente, los proyectos energéticos concentran la mayor parte de la judicialización ambiental, acumulando 109 causas, equivalentes al 32% del total. Les siguen la minería con 53 reclamaciones (16%) y la infraestructura con 44 causas (13%). Sin embargo, el fenómeno ya no se observa únicamente en esos sectores. Diversas industrias que requieren permisos ambientales complejos —entre ellas la salmonicultura, la acuicultura, los proyectos portuarios y la infraestructura costera— enfrentan un escenario donde la incertidumbre judicial puede transformarse en un factor determinante para la planificación de inversiones. En regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la actividad salmonicultora mantiene una estrecha relación con áreas protegidas, concesiones marítimas y regulaciones ambientales cada vez más exigentes, los tiempos asociados a eventuales litigios adquieren una relevancia creciente para el desarrollo futuro del sector. Evolución de la judicialización ambiental. Créditos: El Mercurio con datos del SEIA y CPC. Pocos proyectos, alto impacto económico Aunque la judicialización afecta solo a una fracción reducida del universo de proyectos evaluados ambientalmente, su impacto económico resulta considerable. De acuerdo con la información recopilada por la CPC, apenas el 4,5% de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) termina enfrentando reclamaciones judiciales. Sin embargo, esos mismos proyectos representan el 21,5% del monto total de inversión evaluado por el sistema. Esto sucede porque las acciones judiciales tienden a concentrarse en iniciativas de gran escala, donde cualquier retraso puede traducirse en importantes sobrecostos financieros, pérdida de competitividad e incertidumbre para inversionistas nacionales e internacionales. Un desafío para la competitividad La creciente judicialización ambiental se suma así a un escenario donde distintas industrias exportadoras —entre ellas la salmonicultura— buscan compatibilizar altos estándares ambientales con reglas claras y plazos razonables para desarrollar nuevas inversiones. El desafío no pasa por reducir las exigencias ambientales, sino por lograr que las decisiones administrativas y judiciales se adopten dentro de tiempos compatibles con la dinámica económica. Mientras ello no ocurra, los proyectos seguirán enfrentando procesos que, en muchos casos, pueden extenderse por más de tres años antes de contar con una resolución definitiva, un horizonte que introduce incertidumbre justamente en sectores llamados a impulsar el crecimiento y el desarrollo regional de Chile.