Hace algunas semanas, y tras una serie de informes e intercambio de antecedentes entre los organismos involucrados, se convocó a una nueva sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén. La instancia debió volver a pronunciarse sobre lo resuelto en 2024, luego de que la Corte Suprema ordenara repetir la votación respecto de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO). La decisión del órgano colegiado fue unánime que se tradujo en para ambas solicitudes.
Origen de la discordia
Cabe recordar que la CRUBC había rechazado ambas peticiones en febrero de 2024. Las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi —impulsoras de los ECMPO— presentaron recursos de protección contra esa decisión, los cuales fueron inicialmente desestimados por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sin embargo, durante este mes, la Corte Suprema revocó esos fallos y acogió los recursos, instruyendo repetir la votación. El máximo tribunal sostuvo que el rechazo original carecía de un análisis suficiente y colocaba a las comunidades solicitantes en una situación de desigualdad frente a otros casos similares.
Área estratégica
Las solicitudes de Islas Huichas y Cisnes abarcan cerca de 621 mil hectáreas, ubicadas en una zona considerada estratégica por la industria, por su importante presencia y desarrollo esos sectores, donde las comunidades son parte fundamental de las operaciones.
Un nuevo rechazo
En la sesión de este martes, la CRUBC revisó nuevamente los antecedentes y sometió a votación las dos solicitudes. Tras una extensa ronda de argumentos, ambas fueron nuevamente rechazadas por la mayoría de los integrantes de la instancia regional.
Entre las razones expuestas se mencionó la falta de acreditación suficiente de los usos consuetudinarios, los posibles efectos sociales y el carácter excesivo de la superficie solicitada. También se destacó el múltiple uso de esas áreas, donde convergen concesiones acuícolas y de salmonicultura, actividades portuarias, pesca artesanal y otros intereses productivos.
Solicitud “ECMPO CISNES” presentada por la COMUNIDAD INDIGENA PU WAPI y “ECMPO ISLA HUICHAS” presentada por la COMUNIDAD INDIGENA ANTÜNEN RAIN”, fueron rechazadas por unanimidad con 34 votos de los asistentes.
Industria rechaza ECMPO
Con matices, pero con argumentos de fondos similares los gremios del salmón estuvieron por rechazar ambas solicitudes.
Por parte del Consejo del Salmón y en relación con el rechazo a la primera ECMPO Cisne, Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, argumentó «La solicitud de la ECMPO Cisnes abarca más de 227 mil hectáreas, una superficie desproporcionada y muy por encima de lo que exige la ley, que limita estos espacios a lo estrictamente necesario para asegurar usos consuetudinarios. Además, los informes disponibles no acreditan de manera suficiente esos usos en un territorio tan extenso y complejo. A ello se suman múltiples superposiciones con áreas productivas, rutas de navegación y zonas protegidas, así como impactos sociales y económicos relevantes para la región. Por todo lo anterior, y considerando que en esta zona se desarrolla una parte significativa de la actividad acuícola y del empleo regional, estimamos que la solicitud es incompatible con la normativa vigente y con el equilibrio del borde costero», enfatizó Seguel.
Asimismo, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, argumento el rechazo recalcando los efectos de las solicitudes, “Nuestro voto es de rechazo porque la solicitud ECMPO Cisnes es desproporcionada, carece de fundamentos técnicos suficientes y se ha desviado del objetivo que establece la ley. Hablamos de un polígono gigantesco, tramitado por años, sin proporcionalidad entre el tamaño solicitado y los usos consuetudinarios que se busca acreditar, y con falencias metodológicas en los informes que pretenden justificarlo. Además, esta petición afecta a terceros, desconoce la necesidad de compatibilizar los usos del borde costero y generaría un poder de veto sobre actividades estratégicas para la región. No podemos aprobar una solicitud que, por su magnitud e inconsistencias, pone en riesgo la convivencia territorial, el desarrollo productivo y la certeza jurídica que requiere Aysén.”
Con esta decisión, el organismo reafirmó su postura inicial, aunque la resolución de la Corte Suprema mantiene abierta la posibilidad de que el proceso continúe generando nuevas instancias de revisión judicial o administrativa.
