Cuando una empresa invierte años de tramitación y millones de dólares para obtener un permiso ambiental, la pregunta parece inevitable: si un tribunal anula esa autorización por errores cometidos por el propio Estado, ¿quién paga la cuenta?
Ese debate —hasta ahora marginal en la discusión pública—pero informado en La Segunda, irrumpió con fuerza en el Congreso chileno tras una de las propuestas más controvertidas del proyecto de ley de reconstrucción impulsado por José Antonio Kast: permitir que los titulares de proyectos soliciten compensaciones económicas al Estado cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea invalidada por una sentencia judicial firme debido a vicios administrativos.
La iniciativa promete remover uno de los temas más sensibles para la inversión y la institucionalidad ambiental: la responsabilidad estatal frente a permisos anulados.
Sus defensores argumentan que el mecanismo podría reducir incertidumbre, mejorar la confianza en el sistema y equilibrar la relación entre inversionistas y administración pública. Sus detractores, en cambio, advierten que se trata de una “solución importada” que no conversa con el diseño jurídico chileno y podría terminar incentivando nuevos conflictos.
El “precio de la legalidad”: el modelo alemán que inspira el debate
Aunque la propuesta parece novedosa para Chile, no surge completamente desde cero. El abogado y exministro de Justicia, Luis Cordero, revisó experiencias internacionales y detectó antecedentes comparables en distintos sistemas jurídicos.
El caso más cercano, sostiene, es Alemania. Desde 1976, la legislación administrativa alemana reconoce compensaciones cuando el Estado revoca actos administrativos por razones de legalidad, siempre que el ciudadano o empresa afectada hubiera actuado confiando legítimamente en la autorización entregada.
La doctrina jurídica lo resume bajo una expresión potente: el “precio de la legalidad”. En otras palabras, si el Estado creó una expectativa válida y luego la destruyó por errores propios, debe asumir parte del costo económico.
Ese principio es el que, al menos en teoría, subyace a la propuesta chilena. Pero Cordero advierte en la Segunda una debilidad relevante en el diseño local: la iniciativa solo considera las RCA, dejando fuera otros permisos igualmente vulnerables a anulaciones judiciales.
“En términos de diseño constitucional, la norma propuesta es viable, pero presenta un problema de delimitación”, advierte el académico. A su juicio, restringir el beneficio únicamente a permisos ambientales genera una asimetría difícil de justificar frente a concesiones, permisos de edificación o autorizaciones sanitarias que también podrían ser invalidadas por errores del aparato estatal.
Francia, España y Reino Unido: compensaciones, pero con límites
En el derecho comparado, el debate tiene matices. En Francia, la discusión se aborda bajo la doctrina de la “falta de servicio”, mecanismo que permite exigir responsabilidad al Estado cuando sus instituciones fallan o funcionan deficientemente.
España, por su parte, mantiene una regla general más restrictiva: la simple anulación de un acto administrativo no implica automáticamente derecho a indemnización. Sin embargo, existe una excepción relevante en la Ley del Suelo, que contempla compensaciones cuando se anulan permisos habilitantes para proyectos inmobiliarios, salvo que el titular haya actuado con dolo o negligencia grave.
El Reino Unido ofrece otro antecedente interesante desde el urbanismo. Allí, la invalidación de permisos es excepcional, pero existen esquemas de reembolso que incluso pueden considerar ganancias proyectadas frustradas.
El problema, según especialistas, es que ninguno de estos modelos funciona exactamente como el propuesto para Chile.
Chile: ¿seguro contra la judicialización?
Desde el centro de estudios Pivotes, su director de incidencia, José Antonio Valenzuela, plantea que el debate debe observarse desde la perspectiva del riesgo de inversión.
Aunque menos del 2% de la inversión impugnada en Chile ha terminado invalidada durante los últimos 13 años, sostiene que los procesos judiciales generan un efecto mucho más amplio: empresas que postergan desembolsos millonarios ante el temor de perder permisos.
“El riesgo se puede cubrir sin que el impacto económico sea demasiado grande”, plantea. Sin embargo, reconoce que Chile enfrenta un fenómeno poco común internacionalmente: la alta judicialización ambiental. Mientras en Australia menos del 2% de los proyectos enfrenta impugnaciones judiciales, en Chile cerca del 17% de los Estudios de Impacto Ambiental terminan cuestionados en tribunales.
Para Valenzuela, ahí radica la singularidad del caso chileno. “No conozco países que hayan aplicado exactamente este modelo”, sostiene, añadiendo que el proyecto se asemeja más a “una lógica de seguro a todo evento” que, a los esquemas internacionales, donde generalmente la compensación depende de acreditar culpa estatal.
“Una bazuca para un problema menor”
Las críticas más duras apuntan precisamente al diseño. El abogado José Adolfo Moreno, socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés, cree que el diagnóstico es correcto —la falta de certeza jurídica y la erosión de la confianza en el sistema—, pero considera equivocada la receta.
Según Moreno, el problema real no se resuelve con indemnizaciones, sino fortaleciendo el rol técnico del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), limitando las impugnaciones y reforzando los filtros de admisibilidad judicial.
En la misma línea, Valentina Durán, profesora de Derecho y exdirectora ejecutiva del SEA, advierte que la medida podría terminar produciendo el efecto contrario al esperado.
Su principal preocupación es legislativa: el proyecto podría entrar en conflicto con la reforma de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) actualmente en discusión parlamentaria.
Más crítico aún es Patricio Leyton, académico del Departamento de Derecho Económico, quien resume el debate con una frase lapidaria: “La restitución de gastos es como una bazuca para un problema muy menor”.
Un experimento jurídico sin pruebas
La gran incógnita sigue abierta. Alemania aplica el “precio de la legalidad”. España restringe compensaciones al ámbito urbanístico. Francia las procesa como responsabilidad estatal por fallas administrativas. Reino Unido las utiliza excepcionalmente en urbanismo.
Chile, en cambio, podría convertirse en el primer país en probar una fórmula diseñada específicamente para permisos ambientales altamente judicializados.
La pregunta de fondo no es solo jurídica ni económica. Es política: ¿debe el Estado asumir el costo de sus errores cuando esos errores frenan inversiones millonarias? O, por el contrario, ¿abrir esa puerta terminará transformando al fisco en asegurador de riesgos empresariales?
La respuesta podría redefinir la relación entre inversión, medioambiente y responsabilidad pública en Chile.
