La implementación de la Ley Lafkenche vuelve a instalar un foco de conflicto en la Región de Los Lagos. La reciente aprobación del plan de administración del ECMPO Mañihueico-Huinay, que regula el uso consuetudinario de comunidades indígenas sobre amplias áreas marítimas, generó sorpresa y preocupación entre actores privados y gremiales que participaron durante años en su tramitación.
El espacio fue solicitado originalmente en 2010 por la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihué y, tras más de una década de negociaciones, se aprobó finalmente una superficie de 83.831 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores ECMPO otorgados bajo la Ley Lafkenche. El visto bueno se produjo luego de acuerdos iniciales entre comunidades, salmoneras, pescadores artesanales y mitilicultores.
Acuerdos previos bajo cuestionamiento
Sin embargo, la elaboración del plan de administración marcó un quiebre. Desde la salmonicultura y parte de la pesca artesanal se sostiene que el contenido del instrumento no fue debidamente socializado y que sectores relevantes quedaron fuera del proceso. SalmonChile asegura que existía un acuerdo formal firmado en 2017 que garantizaba la coexistencia de actividades productivas, el cual —afirman— no habría sido respetado en esta etapa.
Según información publicada por el diario El Mercurio, distintas voces del sector productivo manifestaron que la aprobación del plan se concretó pese a que aún existían discrepancias relevantes no resueltas entre las partes involucradas.
Reclamos por transparencia y participación
Desde el gremio salmonero, su gerente de Asuntos Corporativos, Tomás Monge, cuestionó el rol de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), señalando que se le habría negado el acceso oportuno al plan en elaboración, lo que —a su juicio— vulnera principios básicos de transparencia y acceso a la información pública. Advirtió además que esta situación debilita la confianza institucional y genera incertidumbre para inversiones de largo plazo en la región.
En la pesca artesanal también emergen reparos. Custodio Serón, dirigente de Carelmapu e integrante de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, sostuvo que existen recursos que deberían seguir siendo administrados bajo la actual Ley de Pesca, advirtiendo que los acuerdos de buena fe no siempre se cumplen en la práctica.
Riesgos para la gobernanza costera
Especialistas en regulación marítima coinciden en que la exclusión de actividades productivas en los planes de administración puede generar efectos no deseados. Desde el mundo legal se advierte un posible desincentivo a futuros procesos colaborativos de ECMPO y una mayor judicialización de la convivencia entre usos tradicionales y actividades económicas, afectando la legitimidad de los instrumentos participativos impulsados por el propio Estado.
La postura de Subpesca
Desde Subpesca defendieron el procedimiento, señalando que el plan de administración es elaborado por las comunidades adjudicatarias y que su rol se limita a la evaluación administrativa junto a otros organismos del Estado. Aclararon además que la normativa no obliga a incorporar a todos los usuarios existentes, sino solo a aquellos cuyas actividades se pretenden reconocer dentro del ECMPO, y recalcaron que actuaron con estricto apego a la ley vigente.
El debate, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo en la compleja gobernanza del borde costero en el sur de Chile, donde la convivencia entre desarrollo productivo, derechos indígenas y rol del Estado sigue tensionando el modelo de administración marítima.
