El robo de salmones, además de infligir daños económicos, plantea una amenaza sanitaria de difícil trazabilidad.
Entre 2019 y 2023, la estadística de despojos alcanza la escalofriante cifra de 139 robos de camiones que transportan el preciado producto hacia los mercados. La preocupación se intensifica en una «zona roja» identificada en la Ruta 5 Sur, entre Victoria y Cabrero, donde el 58% de estos delitos tienen lugar.
Los perpetradores, según señalan, no son simples ladrones, sino mafias de crimen organizado altamente sofisticadas. La sospecha de que estas redes criminales hayan «mutado» desde el robo de madera, adaptándose a la nueva y rigurosa legislación, agrega un elemento de intriga a esta siniestra trama.
La respuesta política ante esta creciente amenaza ha sido la creación de una comisión investigadora, presidida por el diputado RN Mauro González, que ha comenzado formalmente su labor el 19 de diciembre y que proyecta sesionar el 25 de enero en Puerto Montt. Esta instancia refleja la gravedad del problema y la necesidad de acciones concretas, que no deben quedar sólo en recopilación de antecedentes.
Las cifras proporcionadas por SalmonChile revelan una escalada pronunciada en este crimen entre 2019 y 2023, destacando el robo de productos en camiones de carga hacia los terminales portuarios de la Región del Biobío. En 2018, tan sólo se registraron dos robos; sin embargo, en 2022 y 2023, la cifra se dispara a aproximadamente 45 robos al año, equivalentes a un promedio de 4 camiones mensuales.
En un año en el que las exportaciones alcanzan récords, la industria enfrenta una compleja situación. Cada robo, tiene un costo estimado de hasta 200 millones de pesos, que se suma a un total anual, estimado entre 70 a 80 millones dólares. Más allá de las pérdidas económicas, la integridad de la cadena de suministro y la confianza del consumidor están en juego.
Este robo sistemático de salmones no sólo es un asalto a la propiedad y las finanzas, sino un ataque directo a la sostenibilidad y la reputación de una industria vital para la economía chilena. Urge una respuesta coordinada y decidida para poner fin a estos delitos antes de que sus consecuencias se vuelvan insostenibles.
Es de esperar, que las medidas internas de la industria, sumado al esfuerzo de las policías, de la justicia y de leyes específicas, por lo menos logren neutralizar en parte, una situación que claramente va en ascenso y que se agrega al clima de inseguridad que vive el país, sin dejar de lado el riesgo sanitario al que se exponen las personas que adquieren estos productos.
Por lo menos el tema ya está en el debate, ahora sólo falta concretar iniciativas específicas que pongan en relieve lo grave de la situación, y deje de ser sólo una noticia más de la sección policial.
Ojalá que el 2024 sea un paradigma para enfrentar el desafío y la escala de delitos se transforme en un freno que dé seguridad a todos.
