El Consejo del Salmón, gremio integrado por las empresas productoras Aquachile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén, ratificó su posición sobre Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, tras la reunión que sostuvo hoy con el Ministro de Economía y Fomento, Nicolás Grau, y el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.
La señalada iniciativa está en fase final de tramitación legislativa, será votada en Comisión Mixta este lunes 29 de mayo y además de la creación de un nuevo servicio dependiente del Ministerio de Medioambiente considera algunas indicaciones que ponen término a la existencia de la salmonicultura en todas las áreas protegidas.
“Hay indicaciones en la Ley SBAP que impactan negativamente las concesiones vigentes para la salmonicultura tanto las indefinidas como a 25 años. Una de ellas, las prohíben. Esto generará un grave daño en todo el desarrollo de esta actividad productiva e impactará negativamente a las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y sus habitantes”, sostuvo la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.
El Consejo del Salmón propone al Gobierno dejar sin efecto las mencionadas indicaciones y realizar la discusión sobre las reglas de las concesiones, las relocalizaciones y otros temas esenciales de la salmonicultura chilena en la próxima Ley de Acuicultura, que ya anunció el Ejecutivo y donde se ha iniciado un trabajo pre legislativo con los distintos actores, incluidas las asociaciones gremiales de la industria.
“Ratificamos la disposición a trabajar en la nueva Ley de Acuicultura. Como empresas productoras de salmón tenemos un compromiso con el resguardo del medioambiente y la biodiversidad y existe total disposición a avanzar en una alianza pública privada efectiva que permita impulsar y proyectar el desarrollo sostenible de la industria”, dijo Seguel.
La ley SBAP, como está hoy, podría significar el cierre y la extinción de 431 concesiones vigentes en Los Lagos, Aysén y Magallanes, sin opciones reales de mantenerse, renovarse ni relocalizarse.
Es importante precisar que, con la institucionalidad vigente, a la fecha no se ha otorgado ninguna relocalización. De hecho, desde 2010, hay aproximadamente 500 solicitudes, de las cuales cerca 200 se han rechazado y 300 están en evaluación.
