Hace algunas semanas, un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley (PL) que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en el sentido de obligar a las empresas productoras de salmones de marcar cada uno de los ejemplares en cultivo en centros de engorda, (equiparando la engorda de salmones con la engorda de ganado) con el objetivo de prevenir e identificar las especies escapadas desde estos mismos centros en el mar.
Desmenuzaremos el proyecto desde sus fundamentos hasta el nuevo articulado propuesto.
El proyecto se basa en las siguientes consideraciones:
- “…los escapes de salmones que se registran habitualmente en la industria acuícola, siendo este uno de los mayores problemas tanto para las empresas…”. Desde la publicación de la Resolución Exenta N° 1821/20 de la Subpesca, en agosto de 2020, que establece la metodología y procedimiento de certificación de las estructuras de cultivo, el número de escapes en centros de engorda en el mar ha disminuido sustancialmente. El 2021 se registró sólo un escape, de 328.000 peces; en 2022, hubo dos escapes, con 26.000 peces; al igual que en 2023, cuando se registraron 2 escapes con 60.000 ejemplares. El PL usa datos del 2016 al 2020, dejando fuera el caso “Caicura”. En consecuencia, la información usada como fundamento del proyecto, es incorrecta y desactualizada.
- Sobre el evento de “Caicura”, el PL señala que se estima que este caso “…es el mayor escape de salmones registrado en Chile, alcanzando alrededor de 800.000 peces de 16 jaulas del centro de cultivo”. Esta información es derechamente falsa. El centro se hundió con el 90% de su biomasa confinada entre las redes pajareras y peceras, por lo que el escape se registró en 2 jaulas. La empresa Blumar, recapturó cerca del 40% de los peces escapados de esas jaulas. Una vez más, la información usada como fundamento del proyecto, es incorrecta e induce a error.
- A continuación, el proyecto señala que el marcaje “…universal y obligatorio para todos los individuos”, serían “medidas eficientes para combatir de manera efectiva el escape de salmones”. No se ve cómo el marcaje puede combatir los escapes. Es como justificar el arete del ganado para combatir el abigeato. Sólo permitirá, eventualmente, determinar su procedencia, pero de ninguna manera evitará el escape, ya sea provocado o fortuito. La forma de combatir los escapes fortuitos es mejorando las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y sistemas de fondeos; la mejora de tecnología de redes loberas y medios de disuasión de mamíferos marinos. Para los escapes provocados, se pueden mejorar las condiciones de seguridad en los centros de cultivo, trabajo de inteligencia coordinado entre las empresas (a través de sus gremios) con las policías y el Ministerio Público, mejorar las condiciones de los trabajadores para evitar tentaciones con bandas organizadas, en fin, una serie de medidas que muchas empresas ya han implementado. Pero no visualizo cómo el marcaje puede prevenir los escapes.
- Otro fundamento que se expone a favor, es el bajo costo del chip o code wire tag, “…de dimensiones mínimas (0.25mm de diámetro o el ancho de un pelo humano por 1mm de largo), cuyo costo es menor a los U$ 0,1 por marca”. Este valor, al parecer solo considera el dispositivo, pero no el costo de su instalación, la capacitación de mano de obra o la compra de maquinaria específica; la compra de equipos para su lectura; el costo de retirar el chip para el procesamiento de las cabezas en plantas de harina o para vender producto HON o en caso de una mortalidad masiva; el costo de la no obtención de certificaciones por uso de chip y el manejo de los peces. Otros especialistas podrán sumar efectos comerciales negativos a este análisis, pero considerar que el costo de este chip es de solo US$0,1 es iluso. Plantearlo como fundamento de un proyecto de ley, es engañoso e incorrecto.
Code Wire Tag en juvenil de Chinook. Foto: American Fisheries Society - Analicemos otro fundamento planteado: “Otro beneficio consiste en el incentivo de programas efectivos de recaptura. Para ello, podría incrementarse el valor de la sanción por el daño ambiental causado por los peces escapados y no recapturados…”. Una de las últimas modificaciones de la LGPA eliminó la presunción de daño ambiental por los peces escapados y no recapturados, estableciendo criterios más estrictos para fijar la suspensión de operaciones y la multa indexada al valor comercial de los peces escapados. Considera entre otros criterios, los escapes anteriores, el estado sanitario de los peces y cualquier otro criterio relevante que pueda usar el juez de la causa. Los “programas efectivos de captura” como señala el PL, ya existen. Las empresas deben contar con planes de acción ante escapes y quién si no las mismas empresas, son las más interesadas en que éstos se cumplan a cabalidad, en tiempo y forma. Hay seguros comprometidos, acuerdos comerciales, compromisos de sostenibilidad, reportes a grupos de interés (comunidades, accionistas, directorio, opinión pública), sanciones ambientales y sectoriales que son de importancia gravitante para cualquier empresa. El fundamento usado en el proyecto, denota desconocimiento de la materia.
- A continuación, se usa como argumento que las empresas pueden subcontratar y acreditar “recapturas por terceros, mediante la pesca artesanal”. Esto no es ninguna novedad. Las empresas desde hace años mantienen convenios con pescadores artesanales y sindicatos para la recaptura de peces en caso de escape. Por otra parte, se puede relacionar la procedencia de los peces en base a la especie en cultivo, peso promedio, estado sanitario, contenido gástrico, análisis histopatológicos, lugar de recaptura, etc. Todas técnicas que se usan actualmente, sin necesidad de contar con un chip. Una vez más, el fundamento del proyecto es incorrecto.
- En relación con el robo de peces, se señala como fundamento que “…esta medida (el marcaje) permitiría también identificar, y por tanto reducir el comercio de peces robados en el mercado nacional, siendo fácilmente rastreable la procedencia de las especies sustraídas”. Se olvida el legislador que si se retira el chip (que generalmente se instala en la cabeza de los peces) se pierde la trazabilidad y por tanto, de objetivo. El filete de salmón, se vende más caro. Otro argumento que cae por su propio peso.
Respecto del artículo propuesto, que modifica la LGPA:
- Establece la obligación de marcaje, dejando todo el detalle a un futuro reglamento, que “podrá determinar” una serie de características del procedimiento, todas muy loables, pero de poca eficacia.
- Finalmente, el proyecto señala que el reglamento “podrá ser elaborado en un plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley”. Es decir, es facultativo de la autoridad sectorial dictar el Reglamento. Y si no lo hace, la ley será letra muerta.
A mi juicio, este proyecto no apunta a hacer una industria más sostenible y competitiva. Sólo busca establecer nuevas y más restrictivas regulaciones, encareciendo el costo de producir salmón en Chile, sin un objetivo claro y eficaz, provocando un evidente desincentivo a nuevas inversiones.
Un dato adicional: de los 6 parlamentarios firmantes del proyecto, sólo 2 representan a distritos donde se desarrolla la acuicultura. Y 2 de ellos representan a distritos que ni siquiera tienen mar. Obviamente los parlamentarios pueden presentar proyectos en cualquier materia que la Constitución les permita, pero uno esperaría un poco más de cercanía con aquellas industrias que pretenden regular.
