Por 126 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó el informe de la comisión encargada de investigar la comercialización ilegal de salmones y los efectos del creciente robo que afecta a la industria en la zona sur del país (CEI 37).
Entre sus conclusiones, el texto afirma que debe existir una mayor coordinación entre los actores, tanto del sector privado como público.
Respecto al proceso de fiscalización, estableció que no existen elementos concretos y documentación idónea que permita a los organismos efectuar una correcta trazabilidad.
En sus conclusiones, el informe subraya que existe un gran margen para mejorar la legislación existente. Por ello, recomienda reforzar la investigación especializada, así como la persecución del robo y comercialización ilegal por medio de mecanismos para identificar las especies una vez que son sustraídas.
Investigar la comercialización ilegal de salmones
De este modo, una de las recomendaciones presentadas por la instancia investigadora es crear unidades investigativas con foco exclusivo en el robo de salmón. Además, reforzar las unidades especializadas del Ministerio Público desde la región del Biobío hasta Los Lagos, con mayores recursos financieros y humanos.
En ese sentido, postula la designación de un fiscal de dedicación exclusiva y avanzar en las normas en tramitación legislativa que abordan y/o contribuyen a enfrentar la comercialización de salmones de origen ilegal.
En materia de tipificación, se propone establecer una figura penal que aborde la situación del robo de
salmones y su comercialización ilegal, asimilándolo al estatuto especial creado para la sustracción de madera.
También, que exista una política de protección integral a los conductores de camiones que transportan este tipo de carga cuando sean víctimas de robo y más aún en casos de secuestro.
Asimismo, reforzar al personal de la policía marítima para que se dedique de manera exclusiva a la persecución de este delito.
Finalmente, el informe refrendado por la Sala, plantea extender procesos utilizados en otras pesquerías para frenar la pesca ilegal. Y, junto a ello, implementar en la salmonicultura una acreditación de origen, con el propósito de mejorar la rastreabilidad o trazabilidad de las unidades.
Debate
Los parlamentarios que intervinieron en la discusión en Sala, recalcaron que desde 2019 hay un alarmante incremento en este tipo de delitos, pese a los esfuerzos del sector privado.
Añadieron que esto implica organizaciones con una amplia logística, armamento y tecnología avanzada que permite inhibir los sistemas de seguridad de las empresas salmoneras.
Las y los legisladores dijeron que el robo entre las plantas de procesamiento y las de destino se aborde como un delito que involucra varios bienes jurídicos.
Expusieron el diputado informante, Mauro González (RN), junto a Fernando Bórquez (IND), Daniel Lilayu (UDI) y Stephan Schubert (IND).
