Una forma sencilla de conceptualizar gobernanza de acuicultura es: la manera que un país gobierna el desarrollo del sector. Consiste en el marco institucional que regula el sector y asigna responsabilidades a los actores involucrados en la cadena de valor.
A menudo incluye espacios de colaboración, como la Comisión Nacional de Acuicultura, que permitan coordinar acciones y tomar decisiones para el desarrollo sustentable del sector. Cuando la participación entre los distintos actores involucrados es inclusiva y colaborativa, se favorece la legitimidad de los acuerdos y el desarrollo sustentable.
Al nivel internacional, varios estudios académicos demuestran que la gobernanza de acuicultura se ha mejorado en la última década, aunque varios temas quedan pendientes. Clave en mejor sustentabilidad del sector han sido los procesos de certificación voluntaria al nivel, basados en criterios económicos, ambientales, sociales y legales. No obstante, los estándares voluntarios para las empresas no son suficientes porque no ofrecen una mirada completa de la gobernanza del sector.
Aquaculture Governance Indicators
Buscando aportar a la gobernanza, la iniciativa Aquaculture Governance Indicators desarrolló un marco integral para evaluar de manera holística la gobernanza del sector en distintos países. Central al diagnóstico son diez áreas problemáticos, como son escapes, impacto en los ecosistemas, enfermedades y el uso de antibióticos.
El análisis contempla four dimensions: legislación, estandares voluntarios, arreglos colaborativos y capacidades; para cada dimensión, se consideran implementación efectiva, legitimidad y coordinación. El diagnóstico aporta insumos que los actores involucrados puedan utilizar para fortalecer la gobernanza a partir de la deliberación informada.
Como una iniciativa relativamente nueva, se realizaron diez estudios pilotos en nueve países, generando informes sobre salmonicultura en Chile, Canadá y Noruega. Los resultados demuestran que los tres países cuentan con adecuada regulación y colaboración público-privada, pero la débil participación del nivel local y la sociedad civil se presenta como un obstáculo al crecimiento del sector.
La opinión expresada en esta columna corresponde a la de la autora y no representa necesariamente la visión de INCAR o de la UDEC.
