Polémica por plan de manejo de la reserva Kawésqar llegará a los tribunales, luego que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolviera acoger a trámite la querella interpuesta hace algunas semanas por la comunidad kawésqar Caoneros Australes contra quienes resulten responsables por a los menos tres delitos del tipo funcionario.
Los hechos que se piden investigar tienen dos aristas, la primera de ellas relacionadas con el contrato que realizó la ONG The Pew Charitable Trust con la Conaf, y la otra, que tiene que ver con la formulación del plan de manejo la Reserva Nacional Kawésqar, que es considerada por los querellantes como ilegal. Asimismo, en el escrito que dio origen a la determinación del Juzgado de Garantía, se fundamenta que se habrían infringido a lo menos tres artículos del Código Penal.
Se acoge querella de comunidad
Al respecto el abogado que representa a la comunidad, Juan José Arcos Srdanovic, se mostró conforme con la medida adoptada por el tribunal e indicó que este era un paso muy importante, “creemos que este es un pequeño paso, para que comience a esclarecerse la situación judicial que afecta al plan de manejo que es del todo ilegal. No puede ser que se haya hecho un contrato para señalar que el plan de manejo va a garantizar los fines para Chile de una ONG extranjera”. En dicho convenio se indica que Conaf se compromete que plan de manejo debería ceñirse a los objetivos de la ONG The Pew Charitable Trust.
En cuanto al procedimiento que viene, el abogado explicó que los antecedentes deben ser enviados al Ministerio Público para que asigne un fiscal, y se pueda dar inicio a la investigación de los eventuales delitos, “esperamos que esto pueda terminar con la formalización de aquellos funcionarios que irresponsablemente, renunciando a la soberanía nacional se les ocurrió esta idea de entregarle tanto poder a una ONG extranjera y someter nuestra soberanía y las actuaciones que iban a venir a futuro, como por ejemplo la opinión de muchas comunidades Kawésqar, pescadores y otros actores relevantes a los dictámenes o principios de una ONG extranjera, que además tiene oscuro financiamiento y vínculo con empresas del rubro petrolero”.
Contraloría
En otra línea del mismo caso, el diputado Carlos Bianchi, efectuó una presentación a la Contraloría, donde relata una serie hecho vinculados al Plan de Manejo Reserva Nacional Kawésqar y sobre todo relacionados con la actuación de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en ese proceso.
El escrito relata que el para el desarrollo de ese plan, “CONAF ha informado la suscripción de alianzas de colaboración público-privadas. En el marco de tales alianzas, la Corporación ha suscrito convenios de colaboración con diversas entidades en donde se han recibido insumos provenientes de diversas ONG’s internacionales como la Fundación Rewilding, PEW Charitable Trust, Oceana, Greenpeace, Terram, entre otras”.
Asimismo, se detalla que “en los hechos descritos es posible apreciar que, eventualmente, CONAF habría extralimitado sus competencias al influir en las decisiones sobre la explotación de los recursos pesqueros a través de un instrumento de menor jerarquía normativa, burlando con ello, las disposiciones que regulan el área en la Ley de Pesca y Acuicultura. La norma propuesta se transformaría en un riesgo real con un efecto perjudicial que provocaría que la actividad pesquera artesanal reduzca sus desembarques”.
Al finalizar, la solicitud del parlamentario indica que “vengo en solicitar a este ente contralor que dictamine si la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha llevado adelante el proceso de elaboración denominado Plan de “Manejo Reserva Nacional Kawésqar” conforme a derecho; teniendo presente que en el procedimiento de elaboración del mencionado plan no se habría realizado de manera coordinada, y conforme con la normativa aplicable, con los ministerios de Medio Ambiente y de Economía Fomento y Turismo, en lo que les corresponda.
De Igual forma, se solicita determinar la competencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la elaboración del plan mencionado y, finalmente, se solicita a esta Contraloría General de la República verificar que los recursos destinados por la referida CONAF Regional de Magallanes para la elaboración de este plan de manejo se encuentran justificados, acreditados, respaldados y registrados en la contabilidad respectiva», cierra el documento dirigido a la Contralora Nacional de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez.
