La Contraloría General de la República emitió recientemente una resolución que invalida el acuerdo firmado en febrero de 2024 entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la ONG Oceana Chile. Este convenio, que contemplaba la donación de una plataforma tecnológica para la publicación de datos sobre el uso de antibióticos, mortalidad y escapes en la salmonicultura, fue considerado ilegal por el órgano fiscalizador, lo que marca un precedente importante en cuanto a la imparcialidad y transparencia en la administración pública, así lo pública el portal El Líbero en un completo reportaje que da cuentas de las distintas aristas del caso.
El acuerdo y la controversia
En el acuerdo, la ONG Oceana Chile donaba a Sernapesca los derechos de uso de un software para dar cumplimiento a la Ley 21.532, que exige la publicación de información sobre el uso de productos en la salmonicultura. Sin embargo, el proceso de colaboración fue suspendido tras el pronunciamiento de la Contraloría, que determinó que el acuerdo no se ajustaba al ordenamiento jurídico y que Sernapesca debía iniciar un procedimiento de licitación pública para cumplir con la tarea establecida por la ley.
El problema principal señalado por la Contraloría fue que el acuerdo, a pesar de no implicar un pago monetario directo, tenía una naturaleza onerosa. Según la contralora Dorothy Pérez, el convenio beneficiaba a ambas partes: Oceana, al cumplir con sus fines institucionales, y Sernapesca, al obtener la plataforma tecnológica necesaria para cumplir con la ley. Por ello, la Contraloría concluyó que el acuerdo debía regirse por la Ley 19.886, que establece las normativas sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y que implica un proceso de licitación pública.
Críticas y preocupaciones de la industria del salmón
La industria del salmón expresó desde el principio sus preocupaciones sobre el convenio, argumentando que este entregaba información sensible a una entidad privada con intereses directos en la regulación de la salmonicultura. Oceana, que es conocida por sus posturas críticas hacia la industria, tenía participación activa en la tramitación de la Ley 21.532 y se consideraba un actor con un interés directo en la materia. Esto fue visto como un posible conflicto de intereses que podría haber afectado la imparcialidad en la administración de Sernapesca.
Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, señaló que la resolución de la Contraloría «sienta un precedente relevante para resguardar la imparcialidad y la transparencia en el vínculo entre el Estado y las organizaciones privadas». La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, calificó la resolución como «una validación de los principios que defendimos desde un inicio», destacando que el fallo confirma la importancia de mantener una estricta separación entre las funciones públicas y privadas en el sector regulado.
La postura de Contraloría y el pronunciamiento de Dorothy Pérez
El oficio emitido por la Contraloría en octubre de 2025, firmado por la contralora Dorothy Pérez, señala que el acuerdo debía ser sometido a un proceso formal de licitación pública, ya que su ejecución representaba una prestación de servicios informáticos en favor de Sernapesca. Además, la Contraloría advirtió que, aunque Oceana no efectuó cobros directos por el convenio, la naturaleza del acuerdo implicaba un beneficio para ambas partes y, por lo tanto, debía cumplir con los principios de legalidad, transparencia y competencia establecidos en la legislación.
En su informe, la Contraloría también respondió a una denuncia formulada en abril de 2024 por el entonces presidente de la Comisión de Pesca, Sergio Bobadilla, quien planteó que la relación entre Sernapesca y Oceana podría generar conflictos de intereses, dado que la ONG ha sido abiertamente crítica de la industria del salmón.
Impacto en el futuro de las alianzas público-privadas
El dictamen de la Contraloría establece un precedente crucial en la gestión de futuras alianzas entre instituciones públicas y organizaciones privadas, especialmente aquellas vinculadas a sectores estratégicos y productivos. La resolución subraya la importancia de que tales acuerdos se ajusten a los principios de imparcialidad y se realicen dentro de los marcos legales establecidos, para garantizar la confianza pública en la administración estatal.
En conclusión, la resolución de la Contraloría es un hito importante en la relación entre el sector público y privado en Chile, especialmente en la regulación de sectores como la salmonicultura, donde la transparencia, la equidad y la legalidad son fundamentales para el buen funcionamiento del mercado y la protección de los intereses públicos.
