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Solicitudes de espacios costeros en trámite congelan cerca de 2,5 millones de hectáreas en el sur

En el marco de Diálogo para el futuro del borde costero, La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura expuso una profunda asimetría en la asignación de superficies territoriales por la Ley Lafkenche, mientras el Senado tramita 12 indicaciones para limitar el efecto suspensivo y exigir criterios técnicos de proporcionalidad.

Por David Naguil
27 de mayo, 2026 - 18:29 hrs.
El panel expuso los datos oficiales que evidencian la falta de proporcionalidad en las solicitudes territoriales vigentes. (Foto: InfoSalmon)

El panel expuso los datos oficiales que evidencian la falta de proporcionalidad en las solicitudes territoriales vigentes. (Foto: InfoSalmon)

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Un total de 77 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) se encuentran actualmente en trámite a nivel nacional, manteniendo congeladas 2.429.987 hectáreas de borde costero. Las cifras oficiales, presentadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura revelan que la Región de Los Lagos concentra el 77% de estas solicitudes en evaluación, impactando directamente en las áreas aptas para la acuicultura y retrasando la tramitación de proyectos productivos en el sur del país. Durante el panel técnico «Historia y Diagnóstico», Alejando Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, detalló que a marzo de 2026 existen además 31 ECMPO decretados. Los cuales abarcan 266.933 hectáreas, donde la Región de Los Lagos representa el 80% nacional con decretos vigentes. Los datos expuestos por las autoridades evidenció la asimetría en la asignación de superficies por persona dependiendo de la región. Donde la Región del BioBio un decreto otorga 0,4 hectáreas por persona, en la Región de Los Lagos el espacio de Bahía de San Pedro asigna 400,8 hectáreas para un grupo de 14 personas. Las cifras oficiales de Subpesca exponen una marcada brecha territorial. Foto: InfoSALMON. Asimetría en las solicitudes en trámite La brecha de superficie por solicitante se incrementa en las solicitudes que actualmente están bajo evaluación en el sur del país. Entre los casos expuestos por Subpesca destacan: Kawésqar de la Última Esperanza (Región de Magallanes): Una solicitud ingresada por 42 personas que exige 275.000 hectáreas, promediando 6.561 hectáreas por beneficiario. Isla Desertores: Registra una solicitud en trámite que promedia 4.279 hectáreas por persona. Mississipi y Caucaué: Promedian 2.647 y 1.125 hectáreas por solicitante, respectivamente. El desglose estadístico por comunidades. Foto: InfoSALMON De acuerdo con el análisis de la División de Acuicultura, la diferencia de hectáreas por beneficiario entre el caso mínimo y el máximo solicitado en el país supera las 82.000 veces. Impacto operativo en la acuicultura El diagnóstico de la Subpesca también abordó la relación espacial entre las ECMPO y la actividad acuícola. En el caso de la solicitud Kawésqar de la Última Esperanza, las concesiones de salmones vigentes ocupan 883 hectáreas, lo que representa solo el 0,32% del polígono marítimo solicitado. Pese a que la actividad productiva utiliza una fracción menor del espacio, el «efecto suspensivo» de la normativa paraliza la tramitación de cualquier derecho o concesión dentro de toda el área. Barrientos explicó que esta parálisis administrativa frena incluso las gestiones operativas y de monitoreo ambiental de las empresas: «Si queremos instalar una boya o un instrumento para medir temas ambientales, necesitamos una concesión de escasa importancia, pero si hay una ECMPO en trámite, no podemos solicitarla. Eso limita el desarrollo», señaló, añadiendo que el tiempo promedio de tramitación de un espacio fluctúa entre 6 y 7 años debido a los retrasos en la acreditación del uso consuetudinario por parte de la CONADI. Cambios regulatorios en el Senado Frente a este escenario de estancamiento en el litoral, Leonardo Arancibia, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), expuso los avances del proyecto de ley de reforma (Boletín N°15862-21), el cual ya fue despachado por la Comisión de Pesca del Senado. La propuesta legislativa busca reconfigurar las reglas de uso del borde costero a través de 12 indicaciones principales. Donde el artículo 1 establecerá que los procedimientos deben garantizar el desarrollo armónico y equilibrado de todas las actividades preexistentes, bajo principios de eficiencia y celeridad. En este marco, también se encuentran: Parámetros de proporcionalidad: Se utilizará una metodología científica basada en indicadores objetivos (miembros de la comunidad, intensidad de uso y accesibilidad geográfica) para determinar el tamaño de los polígonos. Plan de administración al inicio: La reforma exigirá que las comunidades presenten el Plan de Administración al comenzar el trámite (y no al final como funciona hoy en día) incluyendo un capítulo obligatorio de armonización con la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y la navegación. Límite al efecto suspensivo: Las solicitudes declaradas inadmisibles no congelarán el borde costero. Para las solicitudes válidas, el efecto suspensivo se acotará a plazos estrictos de entre 1 año y 8 meses hasta un máximo de 2 años, permitiendo la tramitación simultánea de otras concesiones productivas.

Un total de 77 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) se encuentran actualmente en trámite a nivel nacional, manteniendo congeladas 2.429.987 hectáreas de borde costero. Las cifras oficiales, presentadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura revelan que la Región de Los Lagos concentra el 77% de estas solicitudes en evaluación, impactando directamente en las áreas aptas para la acuicultura y retrasando la tramitación de proyectos productivos en el sur del país.

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Durante el panel técnico «Historia y Diagnóstico», Alejando Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, detalló que a marzo de 2026 existen además 31 ECMPO decretados. Los cuales abarcan 266.933 hectáreas, donde la Región de Los Lagos representa el 80% nacional con decretos vigentes.

Los datos expuestos por las autoridades evidenció la asimetría en la asignación de superficies por persona dependiendo de la región. Donde la Región del BioBio un decreto otorga 0,4 hectáreas por persona, en la Región de Los Lagos el espacio de Bahía de San Pedro asigna 400,8 hectáreas para un grupo de 14 personas.

Las cifras oficiales de Subpesca exponen una marcada brecha territorial. Foto: InfoSALMON.

Asimetría en las solicitudes en trámite

La brecha de superficie por solicitante se incrementa en las solicitudes que actualmente están bajo evaluación en el sur del país. Entre los casos expuestos por Subpesca destacan:

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  • Kawésqar de la Última Esperanza (Región de Magallanes): Una solicitud ingresada por 42 personas que exige 275.000 hectáreas, promediando 6.561 hectáreas por beneficiario.
  • Isla Desertores: Registra una solicitud en trámite que promedia 4.279 hectáreas por persona.
  • Mississipi y Caucaué: Promedian 2.647 y 1.125 hectáreas por solicitante, respectivamente.
El desglose estadístico por comunidades. Foto: InfoSALMON

De acuerdo con el análisis de la División de Acuicultura, la diferencia de hectáreas por beneficiario entre el caso mínimo y el máximo solicitado en el país supera las 82.000 veces.

Impacto operativo en la acuicultura

El diagnóstico de la Subpesca también abordó la relación espacial entre las ECMPO y la actividad acuícola. En el caso de la solicitud Kawésqar de la Última Esperanza, las concesiones de salmones vigentes ocupan 883 hectáreas, lo que representa solo el 0,32% del polígono marítimo solicitado. Pese a que la actividad productiva utiliza una fracción menor del espacio, el «efecto suspensivo» de la normativa paraliza la tramitación de cualquier derecho o concesión dentro de toda el área.

Barrientos explicó que esta parálisis administrativa frena incluso las gestiones operativas y de monitoreo ambiental de las empresas: «Si queremos instalar una boya o un instrumento para medir temas ambientales, necesitamos una concesión de escasa importancia, pero si hay una ECMPO en trámite, no podemos solicitarla. Eso limita el desarrollo», señaló, añadiendo que el tiempo promedio de tramitación de un espacio fluctúa entre 6 y 7 años debido a los retrasos en la acreditación del uso consuetudinario por parte de la CONADI.

Cambios regulatorios en el Senado

Frente a este escenario de estancamiento en el litoral, Leonardo Arancibia, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), expuso los avances del proyecto de ley de reforma (Boletín N°15862-21), el cual ya fue despachado por la Comisión de Pesca del Senado.

La propuesta legislativa busca reconfigurar las reglas de uso del borde costero a través de 12 indicaciones principales. Donde el artículo 1 establecerá que los procedimientos deben garantizar el desarrollo armónico y equilibrado de todas las actividades preexistentes, bajo principios de eficiencia y celeridad. En este marco, también se encuentran:

  • Parámetros de proporcionalidad: Se utilizará una metodología científica basada en indicadores objetivos (miembros de la comunidad, intensidad de uso y accesibilidad geográfica) para determinar el tamaño de los polígonos.
  • Plan de administración al inicio: La reforma exigirá que las comunidades presenten el Plan de Administración al comenzar el trámite (y no al final como funciona hoy en día) incluyendo un capítulo obligatorio de armonización con la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y la navegación.
  • Límite al efecto suspensivo: Las solicitudes declaradas inadmisibles no congelarán el borde costero. Para las solicitudes válidas, el efecto suspensivo se acotará a plazos estrictos de entre 1 año y 8 meses hasta un máximo de 2 años, permitiendo la tramitación simultánea de otras concesiones productivas.

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