La aprobación del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales —popularmente conocido como la reforma de la “permisología”— representa, sin duda, una buena noticia en el plano legislativo y económico del país. Tras más de un año de tramitación, esta iniciativa fue despachada a ley con un apoyo transversal que revela consenso en torno a una necesidad urgente: modernizar el Estado. Reducir la burocracia y dar viabilidad a proyectos de inversión sin hipotecar el desarrollo sostenible ni la legitimidad de los procesos públicos.
Permisología: Un avance urgente
El corazón de esta ley radica en la simplificación administrativa, la eliminación de cuellos de botella y la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos —como las declaraciones juradas— para tramitar permisos de bajo riesgo. Estas medidas, pensadas para aliviar la sobrecarga de los servicios públicos, prometen agilizar entre un 30% y un 70% los tiempos de espera. Para ciudades como Puerto Montt, cuyo alcalde advirtió con crudeza que “la permisología nos está matando”, esta reforma representa una posibilidad concreta de reactivación. Especialmente en sectores como la acuicultura, hoy paralizados por la lentitud institucional.
El respaldo de gremios empresariales como Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción y la CPC no es menor. Refleja que el país requiere certezas, y no sólo desde la vereda del inversionista: también lo necesitan las pymes, que no pueden esperar meses para ampliar un local, ni las regiones, que ven con desesperanza cómo proyectos estratégicos duermen en trámites interminables.
Pero el optimismo no debe eclipsar las legítimas dudas. La promesa del Ejecutivo ha sido clara. No se reducirán los estándares regulatorios, especialmente en materia ambiental. Y si bien el ministro Nicolás Grau ha reiterado que esta ley no toca la evaluación ambiental —dejando intacto el sistema que otorga Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)—, el debate ha dejado ver que la confianza no es plena. Iincluso dentro del oficialismo.
Presentación al Tribunal Constitucional
Sin embargo, la reserva de constitucionalidad interpuesta por el diputado socialista Daniel Melo, provoca una pausa para su promulgación.
Los artículos 9, 10 y 76 del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales han sido objeto de una reserva de constitucionalidad. Esto, debido a que contienen disposiciones que, según sus críticos, podrían debilitar garantías fundamentales. Estos artículos introducen mecanismos de simplificación como el principio de proporcionalidad, que ajusta las exigencias según el riesgo real de los proyectos; las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), que reemplazan trámites formales por declaraciones juradas o avisos en casos de bajo riesgo; y el silencio administrativo positivo, que permitiría considerar aprobadas las solicitudes si no hay respuesta estatal dentro de los plazos establecidos.
Si bien no reducen explícitamente los estándares regulatorios, sus detractores argumentan que estas herramientas otorgan eficacia a permisos sin una evaluación previa por parte del Estado- Lo que podría comprometer derechos como el acceso a un medioambiente libre de contaminación y la protección de la salud.
Por ello, el Tribunal Constitucional deberá determinar si estas disposiciones son compatibles con la Constitución. Lo que podría retrasar la promulgación de la ley o incluso modificar su contenido.
Más allá del camino de la constitucionalidad
El país necesitaba un primer paso, y esta ley lo da. Pero el verdadero desafío es el segundo: que esta modernización del aparato estatal no se convierta en una puerta trasera para vulnerar derechos o debilitar controles. Sino por el contrario, sea una oportunidad para reconstruir confianzas. Solo así, este esfuerzo no será solo una buena noticia legislativa. Sino una verdadera reforma de Estado. Habrá que esperar su aplicación, para ver si se cumplió el objetivo normativo y si la ansiada activación económica se comienza a generar.
