Ayer fue la minería, el sector forestal y la energía, hoy es la salmonicultura y mañana quien sabe qué sector querrán sobre regular sin importar la inversión, el empleo y el crecimiento que signifiquen para Chile. El patrón es siempre el mismo: frente a nuevos desafíos, la respuesta del Estado es crear más regulaciones, nuevas instituciones y una enorme burocracia, con sus respectivos empleos públicos.
La implementación de la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), tiene un objetivo legítimo relacionado a fortalecer la conservación de la biodiversidad, sin embargo, la redacción e implementación de sus reglamentos hoy generan alarmas y preocupación en varios sectores productivos.
Nuevas restricciones y mayor discrecionalidad administrativa están generando mayor incertidumbre para nuevas inversiones en el sur del país. Nadie discute la importancia de proteger la biodiversidad, pero proteger el patrimonio natural se puede complementar con producir, invertir y emprender.
En Chile, regular dejó hace rato de ser un instrumento para resolver problemas. Hoy pareciera que algunos miden el éxito del Estado por la cantidad de normas que dicta y no por los resultados que obtiene en materia de crecimiento y empleo. La famosa «permisología» pasó a ser «etapa formal» de cualquier proyecto de inversión, que hoy afecta desde un pequeño emprendedor que espera una patente municipal hasta una inversión de cientos de millones de dólares que permanece años detenida sin respuesta y donde algunas ONGs se jactan de tener trabadas.
El costo esta incertidumbre no lo pagan sólo las empresas, sino también personas sin trabajo (cerca de un millón hoy en día), regiones que ven frenado su desarrollo y el país que pierde competitividad frente a otras economías que ofrecen reglas claras y estables.
Nuestros políticos deben abandonar la idea de que el desarrollo económico y la protección ambiental son objetivos contrapuestos. Los países que mejor cuidan su patrimonio natural son precisamente aquellos que cuentan con sectores productivos capaces de generar los recursos para financiar esa conservación.
Mientras Chile discute cómo agregar nuevas restricciones, nuestros competidores discuten cómo producir más, innovar más y exportar más. La discusión sobre el SBAP representa una oportunidad para hacer las cosas bien y avanzar sin temor en actualizar, simplificar o eliminar normas retrógradas que tienen a nuestro país prisionero de una maraña regulatoria anti crecimiento y anti empleo.
Juan Pablo Swett
