En el último Summit celebrado en Frutillar las candidaturas presidenciales coincidieron en que la relocalización es una medida necesaria para asegurar la competitividad de la industria. Hubo coincidencia en que la burocracia asociada a las relocalizaciones debe abordarse y descentralización sería un medio adecuado.
Sin embargo, la relocalización no solo requiere la voluntad de ir más rápido superando la burocracia, sino además la adopción de medidas de política pública más amplias relativas al ordenamiento territorial que definan dónde puede realizarse la acuicultura.
Pocos resultados podrán exhibirse si no se define previamente en qué condiciones se podrá seguir o no operando en áreas protegidas en los casos que la ley lo autoriza sometido a los planes de manejo. Mientras más restricciones existan en áreas actualmente utilizadas por la acuicultura mayor será el número de relocalizaciones necesarias. De allí que es clave contar con planes de manejo elaborados con información objetiva y con un modelo de gobernanza que permita que los distintos actores e intereses puedan participar y ser considerados.
Pero tampoco la descentralización como medida aislada dará salida a las relocalizaciones si no se aborda la ley lafkenche, tanto en la racionalización de su aplicación como mediante modificaciones legales. CONADI demora entre cuatro a siete años en elaborar su informe de uso consuetudinario, problema de gestión que no se ha resuelto en más de 15 años de aplicación. Y la modificación legal en trámite no aborda aspectos clave como eliminar la suspensión de trámite de renovaciones de concesiones o eliminar la suspensión de trámite cuando la solicitud de ECMPO excede cierto límite de superficie solicitada.
Con ello resuelto, la descentralización debería traducirse en el traspaso de funciones a regiones, más que adicionar un nuevo órgano interviniente cuya implementación podría tomar mucho tiempo, y donde los profesionales con el conocimiento y la experiencia de los entes centralizados deberían asumir una función de dirección del proceso en las regiones previendo los recursos necesarios y, además, la capacitación de nuevos cuadros técnicos de modo de evitar una nueva demora.
En consecuencia, es imperioso tomar una decisión en torno al futuro de la salmonicultura al interior de área protegidas que admiten el desarrollo de actividades económicas, abordar la ley lafkenche y contar con un modelo ágil de fijación de nuevas áreas y otorgamiento de relocalizaciones.
