Un reciente informe elaborado por Prisma SOFOFA reveló la dimensión del desafío técnico que enfrentan los funcionarios encargados de revisar los proyectos que ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Solo entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el volumen documental alcanzó niveles inéditos, generando fuertes disparidades territoriales en carga laboral, inversión gestionada y empleo asociado, así lo publica un artículo publicado en el medio de comunicación Ex-Ante.
Una carga documental desbordada
El análisis muestra que los evaluadores debieron revisar en promedio 9.330 páginas durante el periodo, equivalente a unas 750 páginas al mes, únicamente considerando los nuevos proyectos. La cifra no incluye expedientes anteriores ni labores administrativas adicionales.
El informe detalla la existencia de 88.212 archivos PDF provenientes de 451 proyectos ingresados en el último año, lo que suma más de 2,2 millones de páginas entre declaraciones, estudios de impacto ambiental, adendas, observaciones y otros documentos oficiales. A ello se añaden 170.100 archivos XML y 41.378 HTML, que, aunque no contienen paginación, igualmente deben ser revisados por los equipos técnicos. En promedio, cada funcionario debió analizar 1.259 archivos en total, considerando todos los formatos.
Diferencias regionales marcadas
La carga de trabajo varía fuertemente entre regiones. El estudio identifica a O’Higgins como el territorio con mayor presión documental, con 28.127 páginas por evaluador, seguido por Coquimbo (22.004) y Antofagasta (19.143). En el extremo opuesto, regiones como La Araucanía (2.350), Los Ríos (3.444) y Metropolitana (4.245) muestran cargas considerablemente menores.
A agosto de 2025, el SEA contaba con 238 funcionarios dedicados a la evaluación ambiental, entre personal de planta, contrata y honorarios.
Millonarias inversiones bajo responsabilidad de cada evaluador
El estudio también analizó la magnitud económica de los proyectos revisados. En promedio, cada evaluador gestionó iniciativas por US$ 297 millones, aunque las brechas regionales son significativas.
Antofagasta lidera por amplio margen con US$ 1.667 millones por funcionario, seguida por Magallanes (US$ 1.607 millones), Tarapacá (US$ 759 millones), Biobío (US$ 532 millones) y Coquimbo (US$ 429 millones).
Regiones como La Araucanía, Aysén y Los Lagos muestran cifras muy inferiores, en línea con la menor escala de los proyectos presentados.
Impacto en empleo potencial
El estudio estima además el empleo asociado a las iniciativas en evaluación. A nivel nacional, cada funcionario del SEA analiza proyectos que proyectan en promedio 424 empleos en construcción y 165 en operación.
Antofagasta nuevamente encabeza la lista con 1.584 empleos en construcción por evaluador, mientras que O’Higgins lidera en empleos para fase de operación, con 724 puestos proyectados por funcionario.
SOFOFA llama a fortalecer capacidades técnicas del Estado
La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, calificó los resultados como un llamado urgente a actuar. “Este nuevo hallazgo de la plataforma Prisma revela una disparidad territorial en la carga de trabajo que exige actuar con decisión”, señaló. Agregó que el diagnóstico demuestra la necesidad de avanzar hacia un Estado promotor, con equipos mejor dotados y preparados para acompañar inversiones estratégicas.
Asimismo, enfatizó que la incorporación de tecnologías permitiría agilizar la tramitación sin sacrificar rigurosidad técnica, contribuyendo a destrabar proyectos, generar empleo y otorgar certezas a los inversionistas.
