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Plan de incentivo al empleo encendería alerta fiscal: costo anual podría llegar a US$1.500 millones

Un informe de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (FESIT) advierte que el crédito tributario propuesto por el gobierno de José Antonio Kast para fomentar la contratación formal elevaría el gasto tributario hasta 2,45% del PIB y podría implicar desembolsos por hasta US$6.000 millones durante el período presidencial.

Por Equipo editorial
16 de marzo, 2026 - 13:06 hrs.
Plan de incentivo al empleo encendería alerta fiscal: costo anual podría llegar a US$1.500 millones

El estudio plantea que un subsidio directo focalizado en micro, pequeñas y medianas empresas podría resultar una alternativa más eficiente para fomentar la formalización. Créditos: Cedida

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El nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, prepara un paquete de medidas económicas que busca impulsar la actividad y el empleo, entre las que destaca la creación de un crédito tributario para empresas intensivas en contratación de trabajadores en riesgo de informalidad. Beneficio fiscal elevaría gasto tributario La propuesta permitiría a estas firmas descontar parte de sus impuestos, lo que incluso podría reducir la tasa efectiva del impuesto de Primera Categoría a cerca de 20% o menos, complementando además la rebaja de la tasa corporativa para grandes empresas desde el 27% actual a 23%. Un informe de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), estimó que la medida tendría un costo fiscal cercano a los US$1.500 millones anuales en régimen, equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto. Si se implementara desde el primer año de gobierno, el gasto acumulado durante el período presidencial podría alcanzar los US$6.000 millones. El análisis advierte que el nuevo beneficio incrementaría el denominado gasto tributario -conjunto de exenciones y regímenes especiales que reducen la recaudación- elevándolo desde el actual 2% del PIB a, aproximadamente, 2,45%. Este nivel sería superior al costo de otros beneficios existentes para pequeñas empresas y cercano a los recursos destinados a incentivos al ahorro y la inversión. Informalidad laboral se concentra en microempresas El informe, también, subraya que la informalidad laboral está fuertemente vinculada a las micro y pequeñas empresas. Datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondientes al año tributario 2025 muestran que el 92% de las PYME corresponde al segmento de microempresas, y solo un 33% de ellas declara trabajadores dependientes, lo que evidencia los desafíos para aumentar la formalización laboral. Según FESIT, los mayores impactos del incentivo se observarían en sectores como comercio, construcción, manufactura, agricultura y ganadería, transporte, servicios, actividades administrativas y educación, donde se concentra una parte importante de las empresas y del empleo dependiente. Pese a valorar algunos aspectos de la propuesta, la fundación plantea que, dadas las restricciones fiscales y los costos asociados a su implementación y fiscalización, un subsidio directo focalizado en micro, pequeñas y medianas empresas podría resultar una alternativa más eficiente para fomentar la formalización y la creación de empleo, siempre que incluya criterios como el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y tributarias.

El nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, prepara un paquete de medidas económicas que busca impulsar la actividad y el empleo, entre las que destaca la creación de un crédito tributario para empresas intensivas en contratación de trabajadores en riesgo de informalidad.

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Beneficio fiscal elevaría gasto tributario

La propuesta permitiría a estas firmas descontar parte de sus impuestos, lo que incluso podría reducir la tasa efectiva del impuesto de Primera Categoría a cerca de 20% o menos, complementando además la rebaja de la tasa corporativa para grandes empresas desde el 27% actual a 23%.

Un informe de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), estimó que la medida tendría un costo fiscal cercano a los US$1.500 millones anuales en régimen, equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto. Si se implementara desde el primer año de gobierno, el gasto acumulado durante el período presidencial podría alcanzar los US$6.000 millones.

El análisis advierte que el nuevo beneficio incrementaría el denominado gasto tributario -conjunto de exenciones y regímenes especiales que reducen la recaudación- elevándolo desde el actual 2% del PIB a, aproximadamente, 2,45%. Este nivel sería superior al costo de otros beneficios existentes para pequeñas empresas y cercano a los recursos destinados a incentivos al ahorro y la inversión.

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Informalidad laboral se concentra en microempresas

El informe, también, subraya que la informalidad laboral está fuertemente vinculada a las micro y pequeñas empresas. Datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondientes al año tributario 2025 muestran que el 92% de las PYME corresponde al segmento de microempresas, y solo un 33% de ellas declara trabajadores dependientes, lo que evidencia los desafíos para aumentar la formalización laboral.

Según FESIT, los mayores impactos del incentivo se observarían en sectores como comercio, construcción, manufactura, agricultura y ganadería, transporte, servicios, actividades administrativas y educación, donde se concentra una parte importante de las empresas y del empleo dependiente.

Pese a valorar algunos aspectos de la propuesta, la fundación plantea que, dadas las restricciones fiscales y los costos asociados a su implementación y fiscalización, un subsidio directo focalizado en micro, pequeñas y medianas empresas podría resultar una alternativa más eficiente para fomentar la formalización y la creación de empleo, siempre que incluya criterios como el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y tributarias.

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