La acuicultura —una de las principales fuentes emergentes de proteína a nivel global— podría estar enfrentando un obstáculo inesperado en su desarrollo: el exceso de regulación. Así lo plantea un reciente estudio liderado por la investigadora Margaret Hegwood, que concluye que este sector está sometido a casi ocho veces más normativas federales que la ganadería terrestre en Estados Unidos, y a casi el triple que la agricultura de cultivos.
El análisis, desarrollado por un equipo multidisciplinario de instituciones como la Universidad de Colorado Boulder, la Universidad de Oxford y la Universidad de Helsinki, advierte que esta desproporción podría tener consecuencias no deseadas para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
Regulación desigual frente a impacto ambiental
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que la acuicultura no solo está más regulada en términos generales, sino que también enfrenta cinco veces más normativas ambientales que sectores como la producción de carne de vacuno y cordero. Esto resulta particularmente paradójico si se considera que múltiples investigaciones han demostrado que la acuicultura tiende a generar menores emisiones y un impacto ambiental reducido en comparación con la ganadería tradicional.
“Este panorama regulatorio podría estar perjudicando de manera no intencionada a industrias alimentarias de menor impacto ambiental”, señalan los autores, subrayando que esta situación podría representar una oportunidad perdida en el contexto de la creciente demanda por alimentos más sostenibles.
Tres causas de una sobrerregulación
El estudio identifica tres factores principales que explicarían esta carga normativa desproporcionada.
En primer lugar, los investigadores apuntan a un problema histórico: la acuicultura surgió como una actividad híbrida que no encajaba claramente dentro de los marcos regulatorios existentes. Esta ambigüedad llevó a que fuera regulada de manera fragmentada, e incluso inconsistente. Por ejemplo, organismos como las algas han sido sometidos a regulaciones similares a las de peces, pese a su mayor similitud con cultivos agrícolas.
En segundo lugar, la acuicultura está bajo la supervisión de múltiples agencias federales, lo que incrementa la complejidad del sistema. Según el estudio, existe una “escasa coordinación” entre estas entidades, lo que se traduce en procesos redundantes y mayores costos administrativos.
Finalmente, los autores apuntan a una limitada voluntad política para abordar esta sobrerregulación. Si bien reconocen iniciativas recientes —como una orden ejecutiva emitida en 2025 para fortalecer la competitividad del sector de productos del mar—, sostienen que estas medidas han sido insuficientes y carecen de financiamiento concreto.
Un debate que trasciende fronteras
La discusión no se limita a Estados Unidos. En los últimos años, organizaciones proacuicultura han cuestionado por qué esta actividad no es reconocida plenamente como una forma de agricultura —“agricultura del mar”—, lo que le permitiría acceder a instrumentos de financiamiento similares a los del sector agrícola tradicional.
En este contexto, propuestas legislativas recientes buscan ampliar el acceso de la industria acuícola a programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Paralelamente, en Canadá, el principal gremio del sector impulsa una estrategia similar en el marco de nuevas políticas económicas.
Regulación: entre la protección y la innovación
Pese a las críticas, los investigadores enfatizan que las regulaciones cumplen un rol esencial en la protección de la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Sin embargo, advierten que su exceso o mala implementación puede generar efectos contraproducentes.
“Las regulaciones son herramientas fundamentales, pero también pueden imponer cargas excesivas si están mal diseñadas”, concluyen.
El desafío, entonces, no es eliminar la regulación, sino optimizarla. Entre las recomendaciones del estudio se incluyen estandarizar la carga normativa entre sectores alimentarios según su impacto ambiental, o bien definir con mayor claridad los objetivos que justifican el marco regulatorio actual.
Hacia un sistema alimentario más coherente
En un escenario global marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de alimentar a una población creciente, la acuicultura se posiciona como una alternativa estratégica. No obstante, su desarrollo dependerá en gran medida de marcos regulatorios que no solo protejan, sino que también habiliten la innovación.
El estudio sugiere que el debate sobre la reforma de permisos —actualmente centrado en la transición energética— podría ampliarse al sistema alimentario en su conjunto. Una oportunidad, dicen los autores, para alinear políticas públicas con los desafíos del siglo XXI.
La pregunta que queda abierta es si los gobiernos serán capaces de encontrar ese delicado equilibrio entre control y desarrollo, en un momento donde cada decisión regulatoria puede definir el futuro de la seguridad alimentaria global.
