El Gobierno de Chile anunció que el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se concretará a partir de marzo de 2027, postergando el cronograma originalmente previsto debido a una serie de problemas detectados en la planificación e implementación del nuevo organismo.
La decisión marca un hito relevante para la gestión ambiental del país y para industrias que operan en estrecha relación con ecosistemas sensibles, entre ellas la salmonicultura, cuya actividad se desarrolla en regiones donde convergen parques nacionales, reservas y áreas marinas protegidas de gran relevancia para la conservación.
Un ajuste para asegurar la continuidad operativa
Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que, tras un análisis exhaustivo del proceso de transición establecido por ley, se concluyó que actualmente no existen las condiciones adecuadas para ejecutar un traspaso responsable y efectivo de la administración de las áreas protegidas.
Según la cartera, durante la revisión se identificaron diversas situaciones heredadas de la administración anterior que comprometerían la capacidad operativa del SBAP para asumir plenamente sus nuevas funciones.
Frente a este escenario, el Gobierno optó por retrasar la transferencia de competencias hasta marzo de 2027, con el objetivo de evitar impactos sobre la gestión cotidiana de las áreas protegidas y garantizar la continuidad de los servicios que actualmente presta CONAF.
La medida también contempla la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades asociadas a las deficiencias detectadas, proceso que ya fue informado a la Contraloría General de la República.
Biodiversidad y producción: una institucionalidad estratégica
Chile posee una de las redes de áreas protegidas más extensas de Sudamérica, incluyendo territorios emblemáticos como el Parque Nacional Torres del Paine y el Parque Nacional Conguillío. Estos espacios no solo resguardan ecosistemas únicos y especies de alto valor ecológico, sino que también cumplen funciones fundamentales para la adaptación al cambio climático, la protección de cuencas hidrográficas y el desarrollo económico regional a través del turismo y otras actividades sustentables.
En el sur austral, donde se concentra gran parte de la producción nacional de salmón, la gobernanza de áreas protegidas y ecosistemas marinos es un tema especialmente relevante. La consolidación de una institucionalidad ambiental robusta resulta clave para generar certezas regulatorias, fortalecer los procesos de conservación y facilitar una gestión territorial basada en evidencia científica.
Plan de fortalecimiento antes del traspaso
Como parte de la nueva hoja de ruta, el Ministerio del Medio Ambiente anunció una serie de medidas destinadas a corregir las brechas identificadas antes de concretar la transferencia definitiva.
Entre ellas destacan la creación de una dirección operativa exclusiva para liderar el proceso de traspaso, el despliegue de equipos regionales para identificar y resolver necesidades urgentes, el fortalecimiento del trabajo coordinado entre CONAF y SBAP, y la atención de las inquietudes planteadas por guardaparques y funcionarios que desempeñan labores en terreno.
La autoridad enfatizó que el objetivo es construir una institucionalidad con capacidades operativas reales, recursos adecuados y soporte técnico suficiente para administrar eficazmente el sistema nacional de áreas protegidas.
Implicancias para el sur austral
La decisión de postergar el traspaso refleja la complejidad de implementar uno de los cambios institucionales más importantes en materia de conservación de las últimas décadas. Para sectores productivos como la salmonicultura, el proceso es seguido con atención debido a que el SBAP tendrá un papel cada vez más relevante en la gestión de la biodiversidad, la planificación territorial y la coordinación con otros instrumentos ambientales.
Con el nuevo calendario, el Gobierno busca asegurar que la transición se realice sin afectar la operación de las áreas protegidas y con una estructura institucional capaz de responder a los desafíos de conservación que enfrenta el país, particularmente en regiones donde la protección de los ecosistemas y el desarrollo económico deben avanzar de manera equilibrada y sostenible.
