La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional comenzó a abrir una puerta que la industria acuícola esperaba desde hace más de diez años. La incorporación de la figura de la microrrelocalización dentro del marco legal permitiría reactivar cerca de un centenar de solicitudes de traslado de concesiones que permanecen paralizadas, entregando una alternativa para mejorar el desempeño ambiental y sanitario de los centros de cultivo sin aumentar su capacidad productiva.
La iniciativa, analizada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado como parte del capítulo sobre «productividad y reimpulso a la acuicultura», busca resolver uno de los principales cuellos de botella regulatorios que enfrenta la salmonicultura chilena: la imposibilidad práctica de concretar relocalizaciones, pese a que este mecanismo fue incorporado a la legislación hace más de una década.
Una nueva herramienta para mejorar el desempeño ambiental
El proyecto introduce por primera vez en la legislación chilena la definición de microrrelocalización, entendida como el desplazamiento de una concesión dentro de un radio limitado respecto de su ubicación original, con el objetivo de acceder a mejores condiciones ambientales y operacionales.
La propuesta establece que estos movimientos no podrán significar aumentos en la producción autorizada ni ampliar la superficie de la concesión, sino únicamente optimizar la ubicación del centro para mejorar variables sanitarias, ambientales y productivas.
Uno de los puntos más debatidos durante la tramitación fue la distancia máxima permitida para efectuar estos desplazamientos. Inicialmente, una indicación proponía fijar un límite de 300 metros lineales desde las coordenadas originales. Sin embargo, durante la discusión, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, presentó antecedentes que mostraban el impacto práctico de esa definición.
Según explicó, de los 219 expedientes de relocalización actualmente en trámite, una restricción de 300 metros permitiría resolver alrededor de 84 casos, mientras que ampliar ese margen facilitaría un número significativamente mayor de solicitudes.
Finalmente, la comisión acordó establecer un máximo de 350 metros, decisión que, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), permitiría destrabar aproximadamente 97 procesos de relocalización.
Procedimiento simplificado
El nuevo mecanismo contempla que cada microrrelocalización deba ser autorizada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante un informe técnico previo y que cada concesión solo pueda acceder a esta modificación una única vez.
Asimismo, el texto aprobado establece que estos desplazamientos no deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ni cumplir las exigencias contempladas en el artículo 92 de la Ley N°21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, siempre que el nuevo emplazamiento no implique ingresar a un área protegida.
Con ello, el Ejecutivo busca generar un procedimiento más ágil para modificaciones de baja magnitud territorial, diferenciándolas de las relocalizaciones tradicionales.
Un instrumento que nunca logró despegar
La necesidad de modificar la legislación responde a una realidad ampliamente reconocida por el sector. Aunque el mecanismo de relocalización existe desde 2010 y se han presentado más de mil solicitudes durante estos años, el proceso prácticamente no ha tenido resultados concretos.
De hecho, según antecedentes discutidos durante la tramitación parlamentaria, en más de una década solo se ha concretado una relocalización. Ese historial explica el interés que ha despertado la nueva figura entre gremios, autoridades y empresas.
Industria destaca avance tras años de espera
Desde las asociaciones salmonicultoras valoraron que el proyecto comience a entregar herramientas para superar una de las principales trabas regulatorias que enfrenta la actividad.
El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, destacó el alcance que tendría esta nueva figura para el sector. «Una microrrelocalización es, entonces, un movimiento acotado, manteniendo las toneladas de producción autorizadas y su reubicación debe traducirse en una mejora ambiental y sanitaria del centro. Esto será una buena noticia para el medio ambiente, para mejores empleos y también para la salud de los peces (…). Esto permitirá avanzar. Desde el año 2010 a la fecha se ha legislado en 3 proyectos de ley para poder avanzar en esta materia, se han dictado varios reglamentos y las empresas han invertido tiempo y recursos, sin embargo, luego de 16 años, solo se ha logrado 1 relocalización», manifestó Odebret.
En la misma línea, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, sostuvo que el proyecto representa un cambio relevante para el ordenamiento territorial de la actividad. «Valoramos que después de muchos años se esté abordando el ordenamiento territorial de la salmonicultura, se haya recogido e incorporado por primera vez en nuestra legislación el concepto de microrrelocalización y se abra una discusión sobre herramientas que permitan modernizar el sector y dar respuesta a desafíos que han permanecido pendientes por más de una década», señaló Melero.
Melero agregó que el proceso legislativo aún debe seguir avanzando para entregar mayor certeza regulatoria.»Esperamos que el debate continúe avanzando con sentido de urgencia y que las medidas que finalmente se aprueben permitan fortalecer el desarrollo sostenible de la actividad, entregando mayores certezas regulatorias y favoreciendo una gestión más eficiente del borde costero», afirmó.
Ejecutivo: «Permitirá dar viabilidad» a una figura poco utilizada
Desde el Gobierno también consideran que la incorporación de la microrrelocalización permitirá reactivar un instrumento que, pese a estar disponible en la legislación, prácticamente no había podido implementarse.
El jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, Alejandro Barrientos, afirmó que la propuesta constituye un paso importante para el desarrollo futuro del sector. «Es un avance significativo hacia una acuicultura más sostenible y, al mismo tiempo, permite dar viabilidad a una figura creada en 2010 sobre la cual ha existido un escaso desarrollo», dijo Barrientos.
Asimismo, destacó los efectos que podría generar en materia ambiental y productiva. «Su implementación contribuirá a mejorar los indicadores ambientales, productivos y sanitarios del sector, fortaleciendo la actividad y generando nuevas oportunidades de trabajo para la industria acuícola y las comunidades vinculadas a ella», añadió.
Consejo del Salmón pide reglas claras y criterios técnicos
La discusión también fue seguida de cerca por el Consejo del Salmón, desde donde enfatizan que el principal desafío será construir un marco regulatorio estable que permita compatibilizar el crecimiento del sector con la protección ambiental.
A respecto, su presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, señaló que «creemos importante que esta discusión permita avanzar hacia reglas claras, criterios técnicos y certezas que compatibilicen el desarrollo productivo con el desarrollo social y el respeto al medio ambiente».
Ahora bien, aunque el proyecto continúa su tramitación legislativa, la creación de la microrrelocalización aparece como uno de los cambios regulatorios más relevantes para la salmonicultura de los últimos años.
