Ley Lafkenche mantiene inmovilizados más de US$200 millones en proyectos salmoneros
El economista de Pivotes, Joaquín Sierpe, sostiene que el actual diseño de la normativa ha congelado 33 solicitudes de concesiones para la salmonicultura y otras 791 iniciativas vinculadas a distintos usuarios del borde costero. A su juicio, el proyecto que actualmente se tramita en el Senado representa una oportunidad para compatibilizar la protección del uso consuetudinario con una mayor certeza jurídica para la inversión.
Aunque el debate sobre la Ley Lafkenche suele centrarse en la salmonicultura, sus efectos alcanzan a un universo mucho más amplio de usuarios del borde costero. Así lo plantea el economista de Pivotes, Joaquín Sierpe Subiabre, en su columna de opinión, donde advierte que el principal problema de la normativa no radica en su objetivo de proteger el uso consuetudinario de los pueblos originarios, sino en el mecanismo que suspende, durante años, la tramitación de otras solicitudes mientras se verifica ese derecho.
De acuerdo con el análisis, existen actualmente 824 solicitudes afectadas por este mecanismo de suspensión. Sin embargo, solo 33 corresponden a concesiones salmoneras, mientras que las restantes se distribuyen entre 276 concesiones acuícolas de otras especies, 405 concesiones marítimas y 110 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).
Según Sierpe, estas cifras demuestran que «la parálisis recae mayoritariamente sobre el resto de los usuarios del borde costero, que suelen quedar fuera de la discusión».
Inversiones paralizadas por más de dos años
El economista sostiene que uno de los principales problemas es el tiempo que toma la verificación del uso consuetudinario, proceso que corresponde a la Conadi y que, si bien legalmente no debería superar un mes, actualmente registra un promedio de 28 meses. En tanto, la aprobación total de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) alcanza cerca de siete años, período durante el cual otras solicitudes permanecen suspendidas.
En el caso de la salmonicultura, Sierpe estima que poner en marcha una nueva concesión requiere una inversión cercana a US$6 millones. Bajo ese supuesto, las 33 solicitudes salmoneras actualmente congeladas representan alrededor de US$200 millones en inversiones inmovilizadas.
A ello, añade que esta cifra constituye solo una estimación mínima, ya que no considera otras inversiones detenidas en distintos sectores ni los proyectos que dejan de presentarse debido a la incertidumbre regulatoria.
El economista de Pivotes, Joaquín Sierpe. Créditos: LinkedIn.
Crecimiento con restricciones
La columna también cuestiona la idea de que la industria salmonera no se ha visto afectada por la normativa debido al crecimiento registrado en las exportaciones.
Según Sierpe, ese aumento responde principalmente a mejoras en eficiencia productiva, menores tasas de mortalidad y escapes, además de un mayor valor del producto, mientras que la producción física del sector permanece estancada desde 2019.
En ese contexto, sostiene que la principal limitación para el crecimiento de la industria está en la imposibilidad de expandir la superficie destinada a la producción.
Como ejemplo, señala que, de las 1.315 concesiones salmoneras existentes en Chile, solo 17 han sido otorgadas desde 2017, mientras que Noruega ha entregado más de 180 nuevas concesiones durante el mismo período.
Una reforma para compatibilizar protección e inversión
El análisis también advierte que las solicitudes pendientes de ECMPO abarcan cerca de 2,3 millones de hectáreas, mientras que más de la mitad del borde costero de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos mantiene solicitudes sin verificar.
Para el economista, el escenario evidencia que el conflicto no debe entenderse como una disputa entre pueblos originarios y la industria salmonera, sino como un problema de diseño institucional que afecta a múltiples actores, incluidos pescadores artesanales cuyas AMERB también permanecen suspendidas.
Frente a este escenario, Sierpe plantea que el proyecto de reforma que actualmente se discute en el Senado constituye una oportunidad para perfeccionar la Ley Lafkenche. Entre las medidas que propone se encuentran activar la suspensión de solicitudes solo una vez verificado el uso consuetudinario y establecer un plazo máximo de un año; ampliar el análisis de superposición a solicitudes en trámite; eliminar el silencio administrativo positivo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC); y fortalecer la capacidad operativa de Conadi mediante una mayor dotación de profesionales.
A juicio del economista, avanzar en estas modificaciones permitiría resguardar el reconocimiento del uso consuetudinario sin seguir prolongando la incertidumbre para las inversiones y para los distintos usuarios que desarrollan actividades en el borde costero.
Aunque el debate sobre la Ley Lafkenche suele centrarse en la salmonicultura, sus efectos alcanzan a un universo mucho más amplio de usuarios del borde costero. Así lo plantea el economista de Pivotes, Joaquín Sierpe Subiabre, en su columna de opinión, donde advierte que el principal problema de la normativa no radica en su objetivo de proteger el uso consuetudinario de los pueblos originarios, sino en el mecanismo que suspende, durante años, la tramitación de otras solicitudes mientras se verifica ese derecho.
De acuerdo con el análisis, existen actualmente 824 solicitudes afectadas por este mecanismo de suspensión. Sin embargo, solo 33 corresponden a concesiones salmoneras, mientras que las restantes se distribuyen entre 276 concesiones acuícolas de otras especies, 405 concesiones marítimas y 110 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).
Según Sierpe, estas cifras demuestran que «la parálisis recae mayoritariamente sobre el resto de los usuarios del borde costero, que suelen quedar fuera de la discusión».
Inversiones paralizadas por más de dos años
El economista sostiene que uno de los principales problemas es el tiempo que toma la verificación del uso consuetudinario, proceso que corresponde a la Conadi y que, si bien legalmente no debería superar un mes, actualmente registra un promedio de 28 meses. En tanto, la aprobación total de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) alcanza cerca de siete años, período durante el cual otras solicitudes permanecen suspendidas.
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En el caso de la salmonicultura, Sierpe estima que poner en marcha una nueva concesión requiere una inversión cercana a US$6 millones. Bajo ese supuesto, las 33 solicitudes salmoneras actualmente congeladas representan alrededor de US$200 millones en inversiones inmovilizadas.
A ello, añade que esta cifra constituye solo una estimación mínima, ya que no considera otras inversiones detenidas en distintos sectores ni los proyectos que dejan de presentarse debido a la incertidumbre regulatoria.
El economista de Pivotes, Joaquín Sierpe. Créditos: LinkedIn.
Crecimiento con restricciones
La columna también cuestiona la idea de que la industria salmonera no se ha visto afectada por la normativa debido al crecimiento registrado en las exportaciones.
Según Sierpe, ese aumento responde principalmente a mejoras en eficiencia productiva, menores tasas de mortalidad y escapes, además de un mayor valor del producto, mientras que la producción física del sector permanece estancada desde 2019.
En ese contexto, sostiene que la principal limitación para el crecimiento de la industria está en la imposibilidad de expandir la superficie destinada a la producción.
Como ejemplo, señala que, de las 1.315 concesiones salmoneras existentes en Chile, solo 17 han sido otorgadas desde 2017, mientras que Noruega ha entregado más de 180 nuevas concesiones durante el mismo período.
Una reforma para compatibilizar protección e inversión
El análisis también advierte que las solicitudes pendientes de ECMPO abarcan cerca de 2,3 millones de hectáreas, mientras que más de la mitad del borde costero de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos mantiene solicitudes sin verificar.
Para el economista, el escenario evidencia que el conflicto no debe entenderse como una disputa entre pueblos originarios y la industria salmonera, sino como un problema de diseño institucional que afecta a múltiples actores, incluidos pescadores artesanales cuyas AMERB también permanecen suspendidas.
Frente a este escenario, Sierpe plantea que el proyecto de reforma que actualmente se discute en el Senado constituye una oportunidad para perfeccionar la Ley Lafkenche. Entre las medidas que propone se encuentran activar la suspensión de solicitudes solo una vez verificado el uso consuetudinario y establecer un plazo máximo de un año; ampliar el análisis de superposición a solicitudes en trámite; eliminar el silencio administrativo positivo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC); y fortalecer la capacidad operativa de Conadi mediante una mayor dotación de profesionales.
A juicio del economista, avanzar en estas modificaciones permitiría resguardar el reconocimiento del uso consuetudinario sin seguir prolongando la incertidumbre para las inversiones y para los distintos usuarios que desarrollan actividades en el borde costero.
