61% del borde costero de Los Lagos está bloqueado por solicitudes ECMPO

Un informe titulado “Ley Lafkenche: Impactos en la inversión y el desarrollo territorial”, elaborado por Pivotes, sostiene que el problema no estaría en el objetivo original de la legislación —proteger el uso consuetudinario del borde costero por parte de los pueblos originarios—, sino en la forma en que actualmente opera el mecanismo de suspensión de otras solicitudes. El punto crítico, según el documento, es que la sola presentación de una solicitud de ECMPO suspende automáticamente las solicitudes de terceros que se superponen con ella, antes de que CONADI determine si efectivamente existe un uso consuetudinario que justifique la solicitud. El costo para la salmonicultura: US$200 millones detenidos Las cifras adquieren especial relevancia para la industria salmonicultora. De acuerdo con registros de SUBPESCA y de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas citados en el informe, existen actualmente 309 solicitudes de concesiones de acuicultura, 110 solicitudes de áreas de manejo y 405 concesiones marítimas suspendidas por superposición con ECMPO en trámite. En el caso específico de la salmonicultura, 33 solicitudes de concesiones acuícolas representarían aproximadamente US$200 millones de inversión paralizada, según una estimación basada en US$6 millones de inversión fija por concesión instalada. Pero el impacto potencial podría ser mayor. El informe advierte que existen cientos de solicitudes cuya inversión no ha podido ser cuantificada, por lo que el costo económico total de la paralización sería difícil de dimensionar. Para una industria que depende de planificación de largo plazo, acceso al borde costero y fuertes inversiones iniciales, el problema no se limita al dinero actualmente detenido. El documento identifica un efecto todavía más difícil de medir: proyectos que dejan de presentarse ante la incertidumbre sobre si podrán avanzar. 7,3 años para un trámite cuyo plazo legal es de 10 meses Uno de los datos que más preocupa desde la perspectiva de la certeza jurídica es la diferencia entre los plazos establecidos por la normativa y los tiempos reales de tramitación. El reglamento de la Ley Lafkenche contempla un plazo total que debería permitir completar la tramitación de un ECMPO en aproximadamente 10 meses. Sin embargo, los ECMPO ya decretados hasta junio de 2026 demoraron en promedio 7,3 años, mientras las solicitudes todavía pendientes acumulan un promedio de 7,4 años. El principal cuello de botella se encontraría en CONADI, organismo responsable de verificar el uso consuetudinario. Aunque la legislación contempla un mes para esta etapa, el informe señala que las verificaciones ya realizadas han tardado en promedio 2,3 años, mientras aquellas todavía pendientes alcanzan 2,9 años. La consecuencia para quienes esperan una concesión es directa: mientras la verificación no termina, las solicitudes superpuestas permanecen congeladas. Los Lagos concentra la presión territorial La dimensión territorial del fenómeno resulta particularmente relevante para la salmonicultura. A junio de 2026, las solicitudes de ECMPO pendientes abarcan 2.339.011 hectáreas, mientras los espacios ya otorgados suman otras 216.928 hectáreas. La superficie solicitada equivale, según el informe, a 2,8 veces la superficie de la Isla Grande de Chiloé y supera en más de 500 veces la superficie ocupada por los centros de cultivo salmonicultores del país. El análisis espacial citado en el documento muestra además que 56% del borde costero de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos tiene frente a sí una solicitud de ECMPO pendiente. La situación alcanza su mayor intensidad en Los Lagos, donde el informe estima que 61% del litoral está bajo una solicitud pendiente. Para la industria salmonicultora, el dato es especialmente sensible: Los Lagos constituye uno de los principales territorios productivos de la actividad y cualquier restricción prolongada sobre la disponibilidad del borde costero tiene potencial para afectar la planificación de nuevas inversiones. El conflicto no sería solo entre salmonicultura y pueblos originarios Uno de los aspectos más interesantes del informe es que plantea que reducir el debate a un enfrentamiento entre la industria salmonera y las comunidades indígenas sería insuficiente. Las cifras muestran que la suspensión también afecta directamente a organizaciones de pescadores artesanales, debido al congelamiento de 110 solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). El caso del ECMPO Isla Desertores es presentado como ejemplo de esta tensión. La solicitud, presentada por tres comunidades mapuche, comprende 248.189 hectáreas y fue ingresada a verificación de uso consuetudinario en CONADI en marzo de 2023. Más de tres años después, según el documento, continúa sin resolución y mantiene congelados 21 proyectos de inversión de terceros. La discusión, por tanto, comienza a adquirir una dimensión más amplia: cómo distribuir y administrar un borde costero donde convergen salmonicultura, pesca artesanal, comunidades indígenas, concesiones marítimas y otras actividades económicas. La reforma que mira la industria El Senado tramita actualmente el Boletín N° 15.862-21, iniciativa destinada a perfeccionar la Ley Lafkenche. El proyecto representa, según el informe, un avance importante porque plantea que la suspensión de solicitudes de terceros opere una vez que CONADI haya emitido su informe de uso consuetudinario y también incorpora un examen de admisibilidad más sustantivo para evaluar la viabilidad y seriedad de las solicitudes. Sin embargo, el documento advierte que la reforma todavía dejaría asuntos estructurales sin resolver. Entre ellos están la eliminación del silencio administrativo positivo de la CRUBC, la creación de un expediente virtual público, el fortalecimiento de CONADI con recursos y personal, la posibilidad de limitar la suspensión a la superficie efectivamente verificada y establecer una relación más clara entre el tamaño de las comunidades y la superficie solicitada. Para el sector salmonicultor, el debate resulta estratégico porque la certeza sobre el acceso y disponibilidad del borde costero no solo determina proyectos específicos: también influye en decisiones de inversión que pueden proyectarse durante décadas. El desafío: proteger derechos sin paralizar el territorio El informe no cuestiona el objetivo de la Ley Lafkenche. Reconoce que la legislación nació para proteger una relación histórica, cultural y ambiental de los pueblos originarios con el mar. Su crítica apunta al mecanismo actualmente vigente: “paraliza primero y verifica después”, en contraste con modelos en los que la existencia del derecho consuetudinario debe acreditarse antes de afectar las actividades de terceros. El documento plantea que existe espacio para compatibilizar ambos objetivos: proteger los usos consuetudinarios genuinos y, al mismo tiempo, entregar reglas claras y plazos previsibles para quienes desarrollan actividades económicas en el litoral. La urgencia del debate se explica por la magnitud económica del territorio involucrado. La acuicultura generó cerca de US$6.840 millones en exportaciones durante 2025, según los antecedentes citados por el informe, mientras la salmonicultura representa una participación relevante del PIB regional en Los Lagos, Aysén y Magallanes. La industria emplea directamente a unas 45.000 personas y, considerando proveedores, alcanza aproximadamente 86.000 puestos de trabajo en esas regiones. En este escenario, la discusión sobre la Ley Lafkenche deja de ser exclusivamente jurídica o administrativa. Para la salmonicultura, se transforma en una pregunta de fondo sobre cuánta certeza regulatoria necesita Chile para seguir invirtiendo en su principal territorio acuícola y cómo puede compatibilizar esa certeza con la protección efectiva de los derechos de los pueblos originarios. Lea el estudio completo aquí: Ley Lafkenche: Impactos en la inversión y el desarrollo territorial