Relocalizar para producir mejor: la ciencia pone sobre la mesa una nueva ruta para la sustentabilidad de la salmonicultura

Después de años en que la discusión sobre la salmonicultura chilena se ha concentrado en cuánto producir y bajo qué condiciones, una nueva propuesta científica pone el foco en una pregunta diferente: ¿dónde conviene producir? El Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola–Investigación Aplicada, INCAR², acaba de publicar su Policy Brief N.º 22, “Implementación de las relocalizaciones como instrumento para mejorar la sustentabilidad de la salmonicultura”, elaborado por las investigadoras Dra. Jessica Fuentes y Dra. Doris Soto. El documento constituye, además, un hito institucional: es presentado por INCAR² como su primera contribución a las políticas públicas en esta nueva etapa como centro de investigación aplicada. La tesis central es tan simple como desafiante: la relocalización de concesiones podría utilizarse no solo como una herramienta administrativa, sino como un instrumento de ordenamiento productivo capaz de disminuir riesgos ambientales y sanitarios. La idea cobra especial relevancia en un sector cuya actividad se desarrolla en ecosistemas costeros altamente variables, donde las condiciones oceanográficas, la capacidad de renovación de las aguas, la presencia de otros usos y la concentración productiva pueden determinar distintos niveles de riesgo. De una crisis sanitaria a una herramienta de ordenamiento La relocalización no nació como una política ambiental abstracta. Su origen está directamente relacionado con la crisis provocada por el virus ISA a partir de 2007. Según INCAR², la regulación introducida posteriormente buscó modificar el emplazamiento de determinadas concesiones para mejorar su desempeño ambiental y sanitario. El diagnóstico de fondo era que numerosos centros habían sido instalados en lugares definidos por el Estado sin estudios suficientes que garantizaran que esos espacios fueran los más adecuados para la acuicultura. A ello se sumaron problemas históricos de cartografía y, posteriormente, cambios tecnológicos. Las jaulas y los sistemas productivos evolucionaron, aumentaron de tamaño y capacidad, haciendo necesario considerar sitios más alejados de la costa y con mejores condiciones para la producción. En términos prácticos, la relocalización permite trasladar una concesión dentro de la misma región administrativa hacia un sector que presente mejores condiciones para desarrollar la actividad. El movimiento puede ser considerable —por ejemplo, entre bahías diferentes— o consistir en un desplazamiento menor. Y aquí aparece uno de los puntos que el documento considera fundamentales para el debate actual: relocalizar no significa necesariamente producir más. El objetivo original es redistribuir espacialmente una superficie concesionada, manteniendo el número de concesiones y, en términos generales, la superficie otorgada. La herramienta busca, por tanto, mejorar el emplazamiento, no generar automáticamente una expansión productiva. Más de 200 solicitudes y solo dos relocalizaciones aprobadas El potencial de esta herramienta contrasta con su limitada implementación. Desde 2010 se han presentado más de 200 solicitudes de relocalización, pero solo dos han sido aprobadas, de acuerdo con los antecedentes citados por INCAR² a partir de información de SUBPESCA. La paradoja es evidente: Chile cuenta desde hace más de una década con un mecanismo concebido para mejorar el emplazamiento de la salmonicultura, pero su aplicación práctica ha sido extremadamente limitada. Una parte importante de las dificultades se encuentra en la propia estructura territorial donde opera la salmonicultura. Las relocalizaciones deben realizarse dentro de Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA). Sin embargo, esas áreas no son exclusivas de la salmonicultura: también pueden coexistir con ECMPO, áreas protegidas y concesiones marítimas destinadas a otros usos. En otras palabras, la relocalización no ocurre en un tablero vacío. Cada movimiento debe abrirse paso dentro de un espacio costero donde confluyen intereses productivos, ambientales, sociales, indígenas y administrativos. El desafío de pasar del centro aislado al ecosistema Uno de los aportes más interesantes del Policy Brief es que propone cambiar la escala de análisis. La pregunta ya no debería ser únicamente si un determinado centro cumple las condiciones para operar en un sitio específico. También habría que preguntarse qué ocurre cuando ese centro forma parte de una agrupación de concesiones y cómo su relocalización modifica el riesgo de toda el área. Desde 2009, la regulación incorporó las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS), que permiten coordinar períodos productivos, descansos sanitarios y densidades de cultivo. Esta lógica ha sido relevante para el control de enfermedades. Por ello, INCAR² plantea avanzar desde una mirada individual hacia una evaluación del impacto de la actividad a escala de ACS o cuerpos de agua relevantes. El cambio no es menor. Una concesión ubicada en un sitio de menor riesgo puede tener un comportamiento diferente al de un centro emplazado en un sistema con baja renovación de agua, mayor sensibilidad ambiental o una elevada concentración productiva. La relocalización podría convertirse, entonces, en una herramienta para sacar producción de zonas de mayor riesgo y dirigirla hacia sectores con mejores condiciones, en lugar de utilizarla únicamente como una modificación administrativa de coordenadas. El “semáforo” como brújula para decidir dónde producir Para que esto ocurra, INCAR² propone considerar un enfoque basado en riesgos. El Policy Brief recomienda evaluar, cuando una relocalización implique un incremento productivo, las condiciones ambientales, sanitarias y productivas tanto del sitio receptor como de la ACS a la que se incorpora. En este contexto, las autoras plantean considerar la propuesta de un sistema de semáforo, que permita establecer límites de producción por cuerpo de agua o ACS en función de los riesgos existentes. La lógica es directa: no todos los territorios deberían tener la misma capacidad productiva si tampoco presentan el mismo nivel de riesgo. El documento identifica como ejemplos de áreas que requieren especial atención los fiordos Comau, Puyuhuapi y Aysén, mientras que también advierte sobre sectores del Golfo Almirante Montt, en Magallanes, debido a condiciones de escasa renovación de agua e hipoxia profunda. También menciona el fiordo Quitralco, cuya condición euxínica recientemente identificada —aparentemente asociada a actividad volcánica profunda— refuerza la necesidad de evitar incrementos productivos y evaluar, en cambio, eventuales procesos de relocalización. Así, la relocalización dejaría de ser simplemente una opción para mover una concesión y pasaría a formar parte de una estrategia territorial basada en riesgo, capacidad ambiental y desempeño productivo. El laberinto regulatorio: ECMPO y SBAP Pero la ciencia puede identificar dónde sería conveniente mover un centro. El problema es que ese espacio puede estar sujeto a otros derechos, solicitudes o figuras de protección. Uno de los principales obstáculos analizados por INCAR² es la Ley 20.249 sobre Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). La admisión a trámite de una solicitud ECMPO puede suspender la tramitación de otras solicitudes sobre el mismo espacio, independientemente de su finalidad y de cuándo hayan sido presentadas. INCAR² advierte que este mecanismo puede afectar directamente la tramitación de relocalizaciones, fusiones y divisiones de concesiones. El documento también analiza los nuevos desafíos derivados de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tres categorías —parque nacional, reserva de región virgen y monumento nacional— no admiten actividades productivas. Otras tres —reserva nacional, áreas de conservación indígena y áreas de conservación de múltiples usos— pueden admitirlas si son compatibles con los objetivos de protección y cumplen las condiciones establecidas en sus respectivos planes de manejo, además de contar con el informe favorable del SBAP cuando corresponda. Esto introduce una nueva variable para la industria: el sitio técnicamente óptimo no necesariamente será jurídicamente disponible. El borde costero como un rompecabezas de 378 mil hectáreas La magnitud del desafío territorial queda reflejada en las cifras recopiladas por INCAR². A nivel nacional, el documento contabiliza 378.336 hectáreas correspondientes a concesiones de acuicultura, AMERB y ECMPO. De ese total, 29.954 hectáreas corresponden a concesiones de acuicultura, 131.442 hectáreas a áreas de manejo y 216.933 hectáreas a ECMPO. La cifra revela una característica fundamental del sistema chileno: la salmonicultura no administra unilateralmente el espacio donde opera. Por eso, el Policy Brief sostiene que el ordenamiento territorial requiere una intervención clara, objetiva y con componente científico, junto con una mayor coordinación entre los distintos organismos que participan en las decisiones sobre el territorio. Los gobiernos regionales aparecen en este esquema como actores clave para articular objetivos nacionales y regionales. ¿Puede la relocalización convertirse en una herramienta ambiental? La respuesta de INCAR² apunta a que sí, pero bajo una condición: la relocalización debe utilizarse estratégicamente. Si una concesión abandona una zona de alto riesgo para instalarse en un área con mejores condiciones oceanográficas y sanitarias, el movimiento podría generar beneficios que van más allá de esa concesión. Podría disminuir la presión productiva sobre un cuerpo de agua, reducir riesgos acumulativos y mejorar las condiciones de operación de una ACS completa. El propio Policy Brief propone que, ante la competencia entre solicitudes por un mismo espacio, se considere la posibilidad de favorecer aquellas relocalizaciones que permitan salir de zonas de mayor riesgo. El sistema actual, advierte, utiliza como criterio la prelación de ingreso a trámite, lo que limita esa flexibilidad. Ese punto abre uno de los debates regulatorios más interesantes para la salmonicultura chilena: ¿debería tener prioridad una relocalización que reduce riesgo ambiental y sanitario, aunque haya sido presentada después que otra solicitud? La propuesta de INCAR² sugiere que la respuesta podría estar en incorporar criterios explícitos de riesgo y beneficio territorial al proceso de decisión. La oportunidad: transformar la geografía en parte de la gestión sanitaria El valor estratégico de la propuesta está precisamente en que conecta tres dimensiones que tradicionalmente se han tratado por separado: producción, territorio y riesgo. Una política de relocalizaciones basada en evidencia podría permitir que la salmonicultura no solo responda a las condiciones existentes, sino que también adapte progresivamente su distribución espacial a los nuevos conocimientos oceanográficos, sanitarios y ambientales. Eso adquiere especial importancia en un contexto donde cambian las tecnologías de cultivo, aumentan las exigencias ambientales y también evolucionan las condiciones de los ecosistemas. Pero INCAR² advierte que para conseguirlo se necesitan mejores sistemas de monitoreo, especialmente en las ACS y cuerpos de agua que presentan mayores riesgos, así como mecanismos capaces de traducir esa información en decisiones regulatorias efectivas. De la competencia por el espacio a objetivos compartidos El desafío final, sin embargo, no es científico. Es institucional. El Policy Brief concluye que los conflictos por el uso del borde costero han aumentado sin que exista todavía un instrumento de gobernanza suficientemente eficiente para resolverlos de manera oportuna. La implementación de las relocalizaciones deberá convivir con la evolución de la Ley ECMPO, la aplicación del sistema de áreas protegidas y la definición de criterios de compatibilidad para las actividades productivas. Por ello, INCAR² pone el énfasis en algo que puede parecer menos tecnológico, pero que probablemente será decisivo: la coordinación. Las instituciones involucradas deberían establecer objetivos comunes, mecanismos de coordinación, indicadores claros y procesos participativos, de manera que las decisiones territoriales sean objetivas y estén respaldadas por información y evidencia científica. La propuesta plantea, en definitiva, una idea que puede cambiar la conversación sobre el futuro espacial de la salmonicultura chilena. La sustentabilidad no dependería solamente de cuánto se produce, cómo se produce o qué tecnología se utiliza, sino también de dónde se produce. Y después de más de 200 solicitudes y solo dos relocalizaciones aprobadas, el desafío para Chile será transformar esa idea en una herramienta funcional de ordenamiento territorial. Porque si la ciencia puede identificar los lugares de mayor y menor riesgo, el siguiente paso es que la regulación tenga la capacidad de actuar en consecuencia. Para la salmonicultura, relocalizar podría dejar de significar simplemente cambiar de coordenadas. Podría convertirse en una forma de producir con mayor inteligencia territorial. Lea el Policy Brief de INCAR² aquí