Arancel, concesiones y ECMPO: las trabas que llevaron a la salmonicultura al centro del debate en la Comisión de Pesca

La situación regulatoria y comercial de la salmonicultura terminó copando la agenda de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Lo que estaba previsto como una audiencia acotada con los principales gremios del sector se transformó, este miércoles 19 de agosto, en una extensa discusión sobre competitividad, inversión, empleo, ordenamiento costero y seguridad laboral. La sesión, presidida por el diputado Alejandro Bernales (PL), reunió a representantes de SalmonChile, el Consejo del Salmón y Salmonicultores de Magallanes, quienes expusieron las principales dificultades que enfrenta actualmente la actividad. Entre los temas abordados estuvieron el arancel de 12,5% aplicado por Estados Unidos a las importaciones, la paralización de proyectos y concesiones, las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y los desafíos regulatorios que, según los gremios, están afectando el desarrollo de nuevas inversiones. El extenso debate tuvo además un efecto directo sobre la agenda legislativa: la Comisión no alcanzó a votar en particular el proyecto sobre Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, cuya discusión quedó postergada para una sesión exclusiva. El impacto del arancel estadounidense Uno de los principales focos de la jornada fue el escenario comercial que enfrenta la salmonicultura chilena en Estados Unidos. El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, cifró en aproximadamente US$325 millones el costo anual que representaría el arancel de 12,5% sobre exportaciones sectoriales a ese mercado, estimadas en unos US$2.600 millones. A juicio del dirigente, la medida representa una pérdida de competitividad para Chile frente a países productores como Noruega, Canadá, Reino Unido e Islas Feroe. Melero también abordó una de las controversias que ha acompañado la discusión comercial y precisó que Estados Unidos no ha acusado a la industria salmonera chilena de utilizar trabajo forzoso. Según explicó, el cuestionamiento apunta a los mecanismos destinados a impedir el ingreso de productos elaborados bajo esas condiciones. En esta misma línea, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, destacó la necesidad de resguardar la reputación internacional de Chile y puso en valor el trabajo desarrollado por el sector junto a instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mutualidades y ChileValora. La dirigente también planteó la necesidad de avanzar en una mayor diversificación de mercados, destacando especialmente el potencial de China para reducir la dependencia comercial de Estados Unidos. El debate llegó al terreno legislativo cuando la diputada Carolina Tello (FA) solicitó oficiar a la Cancillería para conocer los alcances del arancel y su eventual compatibilidad con el acuerdo comercial entre Chile y Estados Unidos. La Comisión acordó finalmente solicitar antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores. Magallanes advierte por proyectos detenidos La situación de Magallanes concentró otro de los principales capítulos de la discusión. Carlos Odebret, presidente de Salmonicultores de Magallanes, destacó las condiciones sanitarias de la región para el desarrollo de la actividad, señalando que registra una mortalidad promedio de 5,9%. De acuerdo con su exposición, la salmonicultura representa cerca del 42% de las exportaciones regionales y genera aproximadamente 3.200 empleos directos. Sin embargo, advirtió que la prolongada tramitación de la ECMPO Kawésqar-Última Esperanza mantiene paralizados proyectos, concesiones y plantas asociadas a inversiones estimadas en US$250 millones. El dirigente cifró además en unas 120 mil toneladas el potencial productivo que estaría involucrado. Odebret cuestionó también la falta de un plan de manejo para la Reserva Nacional Kawésqar, las dificultades asociadas a CONADI y la judicialización de resoluciones ambientales. Asimismo, planteó revisar los convenios que organismos públicos mantienen con universidades y organizaciones no gubernamentales, defendiendo un mayor rol del Estado en planificación y fiscalización. Sus planteamientos encontraron respaldo entre los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Diego Vergara (REP) y Alex Nahuelquin (PDG), quienes enfatizaron el aporte de la salmonicultura al empleo y cuestionaron las demoras de organismos públicos que, a su juicio, dificultan nuevas inversiones. Desde otra perspectiva, la diputada Andrea Macías (PS) reconoció la existencia de proyectos que requieren destrabarse, pero atribuyó parte de las demoras a las limitaciones de funcionarios, recursos y capacidades que enfrentan organismos como CONADI y CONAF. La parlamentaria también llamó a mejorar el ordenamiento del borde costero para compatibilizar las distintas actividades que se desarrollan en el territorio, entre ellas salmonicultura, pesca artesanal y conservación. Seguridad laboral entra al debate La discusión regulatoria también abrió un segundo frente: las condiciones laborales y de seguridad de quienes trabajan en la industria. La diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó que las exposiciones gremiales se concentraran principalmente en inversión y regulación y planteó la necesidad de profundizar en materias como accidentabilidad, jornadas laborales, subcontratación y enfermedades profesionales. En particular, solicitó conocer las inversiones que la industria está realizando en seguridad, con especial atención al trabajo de los buzos. Los representantes del sector respondieron destacando programas preventivos y de capacitación. Odebret reconoció que el buceo constituye uno de los principales desafíos de seguridad para la salmonicultura y planteó la necesidad de fortalecer la regulación, la coordinación institucional y la disponibilidad de cámaras hiperbáricas. El punto adquiere especial relevancia debido a que la propia Comisión mantiene en discusión un proyecto orientado precisamente a fortalecer los estándares de seguridad marítima. Seguridad marítima queda para una sesión exclusiva El intenso intercambio sobre la salmonicultura terminó modificando la agenda legislativa. A las 16:20 horas, el presidente de la Comisión informó que ya no existía tiempo suficiente para iniciar la votación particular del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, correspondiente al Boletín N° 18.198-15. Los representantes de Directemar y del Ministerio de Defensa, que habían sido convocados para participar en esa parte de la sesión, se retiraron sin intervenir. La iniciativa ya acumula cerca de dos meses de audiencias y se encuentra en etapa de votación particular. En paralelo, FESIMAR, Fundación Libera y Juan Carlos Cárdenas han solicitado intervenir, mientras organizaciones vinculadas a la marina mercante, gente de mar, trata de personas y trabajo forzoso buscan incorporar observaciones al proyecto. La presidencia de la Comisión estableció que, debido al avance de la tramitación, las nuevas observaciones deberán ser enviadas preferentemente por escrito. La próxima sesión estará dedicada íntegramente a continuar la votación particular desde el punto en que quedó pendiente. Antes de resolver determinadas disposiciones, además, se solicitará la presencia del Ministerio de Justicia para revisar discrepancias jurídicas detectadas en el artículo 1, número 2, y otras normas de la iniciativa. Así, una sesión que inicialmente tenía como objetivo avanzar en una reforma vinculada a la seguridad marítima terminó convirtiéndose en un amplio debate sobre el futuro de la salmonicultura: desde su competitividad internacional y acceso a mercados hasta la disponibilidad de concesiones, el ordenamiento del borde costero y las condiciones de seguridad de sus trabajadores. El resultado deja una señal clara para el sector: las dificultades regulatorias, comerciales y laborales de la salmonicultura están ganando espacio en la discusión legislativa y prometen seguir siendo parte central de la agenda de la Comisión de Pesca.