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ISA: el costo de la epidemia en Chile que hoy vuelve a inquietar a la salmonicultura

El Dr. Jorge Dresdner, académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro INCAR², revela a InfoSALMON las profundas consecuencias económicas, laborales y de gobernanza que dejó la primera epidemia de ISA en Chile y explica por qué el escenario actual es diferente.

Por Jocelyn Vargas
1 de octubre, 2026 - 21:38 hrs.
Dr. Jorge Dresdner.

Dr. Jorge Dresdner.

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La detección de un nuevo brote del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la industria salmonicultora chilena: ¿cuánto ha cambiado realmente el sector desde la epidemia que puso en jaque su continuidad productiva en 2007? Aunque el virus ISA continúa siendo uno de los patógenos presentes en la salmonicultura nacional, las condiciones institucionales, productivas y sanitarias actuales son diferentes a las que enfrentaba la industria hace casi dos décadas. Una transformación que no ocurrió espontáneamente, sino que tuvo como punto de inflexión una crisis que trascendió ampliamente el ámbito sanitario. Así lo plantea el Dr. Jorge Dresdner, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción e investigador adjunto de la línea Impactos Socioeconómicos, Gobernanza y Dinámicas de Mercado del Centro INCAR², quien analiza los efectos económicos, sociales y de gobernanza que dejó la primera gran epidemia de ISA en Chile y su relación con los desafíos actuales del sector. 2007: cuando una crisis sanitaria se convirtió en una emergencia para toda la industria El primer brote de ISA se registró en julio de 2007 en la isla de Lemuy, Chiloé, extendiéndose rápidamente hacia numerosos centros de cultivo. Su control solo pudo alcanzarse parcialmente durante 2009, dejando consecuencias profundas para la estructura productiva y económica de la salmonicultura chilena. Las cifras dimensionan la magnitud de lo ocurrido. De acuerdo con las estimaciones recogidas por el investigador, la producción de salmón Atlántico disminuyó aproximadamente un 50%, mientras que el empleo de la industria se redujo en 13.500 puestos de trabajo. A ello se sumó una drástica contracción de las siembras: de aproximadamente 30 millones de peces en enero de 2008 a solo 3,3 millones en junio de 2009. El impacto también alcanzó directamente a la infraestructura productiva, con el cierre de aproximadamente la mitad de los centros de cultivo y plantas de proceso existentes en ese período, además de importantes dificultades financieras para las empresas. Para el Dr. Dresdner, comprender esta crisis exige mirar más allá de sus consecuencias biológicas. En sus palabras, “lo que comenzó como una crisis sanitaria en la producción de salmones se transformó en una crisis productiva, económica, financiera, social, política y finalmente de la institucionalidad que poseía el país en ese entonces para enfrentar desafíos sanitarios en la salmonicultura”, recuerda. Esta reflexión pone de manifiesto uno de los principales aprendizajes de aquella experiencia: las enfermedades infecciosas no representan únicamente un problema de salud animal, sino que pueden comprometer simultáneamente el empleo, la continuidad operacional, la estabilidad financiera y la sostenibilidad de toda una actividad económica. Para una industria altamente interconectada territorialmente, donde participan centros de cultivo, plantas de procesamiento, proveedores, trabajadores y comunidades, la propagación de un patógeno puede desencadenar consecuencias que superan ampliamente los límites de una concesión afectada. La gran transformación: de una respuesta sanitaria a una nueva gobernanza sectorial Uno de los efectos más relevantes de la epidemia de ISA fue el cambio en la manera en que Chile comenzó a organizar institucionalmente la actividad salmonicultora. La crisis evidenció que las respuestas individuales de las empresas resultaban insuficientes frente a enfermedades capaces de propagarse entre centros de cultivo y comprometer la operación de territorios completos. Frente a este escenario, las autoridades y los distintos actores de la industria impulsaron un cambio estructural en el sistema de gobernanza, mediante la articulación público-privada y el desarrollo de nuevas herramientas de coordinación sanitaria. Como explica el académico, “la respuesta de las autoridades de la época, en conjunto con todos los actores que participaban de la industria salmonícola, fue un cambio radical en el sistema de gobernanza de la producción de salmones”. Este proceso se materializó, entre otras iniciativas, en la denominada Mesa del Salmón, instancia en la que representantes del sector público y privado trabajaron en el diseño de mecanismos destinados a prevenir que los brotes infecciosos volvieran a convertirse en epidemias con consecuencias para toda la industria. Uno de los cambios fundamentales fue la implementación de las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS), conocidas como barrios salmoneros, que introdujeron una lógica de coordinación territorial y sanitaria entre los centros de cultivo. Estas agrupaciones establecieron mecanismos para coordinar períodos de engorda, cosecha y descansos sanitarios, permitiendo que las empresas compartieran responsabilidades en la gestión de riesgos epidemiológicos. Además, se incorporaron otras medidas orientadas a fortalecer la bioseguridad y reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades. Entre ellas, se estableció la regulación de densidades máximas de salmones por jaula, junto con la regulación de las distancias mínimas entre nuevos centros de cultivo. Asimismo, se reforzó el control sanitario de ovas importadas y nacionales y se estableció la vacunación obligatoria de smolts antes de su traslado al mar. Las medidas también contemplaron la regulación del transporte de salmones entre distintas localidades y la implementación de planes de manejo sanitario coordinados entre titulares de concesiones. A estas medidas se sumó un programa específico de vigilancia y control del virus ISA, que contempla toma de muestras e inspecciones en terreno por parte de Sernapesca, tanto en centros de agua dulce como de agua de mar. Un aspecto relevante es que este programa se actualiza permanentemente, considerando la evolución epidemiológica de la enfermedad y las disposiciones de la normativa sanitaria nacional. ¿Qué diferencia al brote actual de la crisis de 2007? La reciente detección del virus ISA en Aysén vuelve especialmente pertinente revisar los cambios institucionales que dejó la primera epidemia. Para el investigador del Centro INCAR², la principal diferencia radica en que la salmonicultura chilena cuenta actualmente con una estructura de vigilancia, coordinación y control sanitario que no existía con el mismo nivel de desarrollo durante la crisis de 2007. En ese sentido, el académico sostiene que “el actual brote de ISAv detectado en días pasados, si bien debe ser manejado con cuidado y celo de acuerdo con las disposiciones vigentes, encuentra a la salmonicultura chilena en un pie muy distinto al que tenía en el año 2007 para enfrentar una eventual propagación del ISAv” Esta diferencia es particularmente importante desde la perspectiva de la gobernanza, ya que la detección temprana, la coordinación entre centros y la aplicación de medidas de contención forman parte de un sistema diseñado precisamente para evitar que un evento sanitario localizado escale hacia una crisis de alcance sectorial. De hecho, el investigador plantea que la detección del brote debería ser resultado de la aplicación del programa específico de vigilancia y control del virus, mientras que las medidas implementadas deberían contribuir a reducir sus posibilidades de expansión. En el escenario actual, Sernapesca estableció mediante la Resolución Exenta N° 2901/2026 una zonificación sanitaria en el área afectada, delimitando geográficamente una zona infectada y otra de vigilancia. Sobre esta medida, el académico señala que “las medidas de contención y control deberían reducir las posibilidades de expansión del mismo, y evitar que se transforme en un proceso epidémico que ponga en riesgo a toda la industria”. Asimismo, agrega que la zonificación establecida “debería impedir la propagación del virus más allá de esta zonificación”. La lección económica: prevenir también es proteger el empleo y la continuidad productiva La experiencia de 2007 dejó una señal importante para la industria: los costos de una epidemia no se limitan a la mortalidad de peces, las pérdidas productivas o los gastos asociados al control sanitario. También pueden traducirse en una contracción de la actividad económica, pérdida de empleos, cierre de instalaciones, dificultades financieras y efectos sobre los territorios donde se desarrolla la salmonicultura. Los 13.500 empleos perdidos durante aquella crisis representan una de las dimensiones más concretas de su impacto social, evidenciando la estrecha relación entre la condición sanitaria de los centros de cultivo y la estabilidad laboral de las comunidades vinculadas al sector. Desde esta perspectiva, la gobernanza sanitaria adquiere una dimensión económica y social: coordinar adecuadamente la prevención, vigilancia y control de enfermedades también significa reducir los riesgos de interrupciones productivas de gran escala. La experiencia chilena muestra, además, que una crisis de estas características puede impulsar transformaciones institucionales que modifican de manera permanente la forma en que opera una industria. El nuevo brote detectado en Aysén representa, por tanto, una oportunidad para observar cómo responde este sistema frente a un evento sanitario que vuelve a poner a prueba la capacidad de prevención y contención de la industria.

La detección de un nuevo brote del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la industria salmonicultora chilena: ¿cuánto ha cambiado realmente el sector desde la epidemia que puso en jaque su continuidad productiva en 2007?

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Aunque el virus ISA continúa siendo uno de los patógenos presentes en la salmonicultura nacional, las condiciones institucionales, productivas y sanitarias actuales son diferentes a las que enfrentaba la industria hace casi dos décadas. Una transformación que no ocurrió espontáneamente, sino que tuvo como punto de inflexión una crisis que trascendió ampliamente el ámbito sanitario.

Así lo plantea el Dr. Jorge Dresdner, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción e investigador adjunto de la línea Impactos Socioeconómicos, Gobernanza y Dinámicas de Mercado del Centro INCAR², quien analiza los efectos económicos, sociales y de gobernanza que dejó la primera gran epidemia de ISA en Chile y su relación con los desafíos actuales del sector.

2007: cuando una crisis sanitaria se convirtió en una emergencia para toda la industria

El primer brote de ISA se registró en julio de 2007 en la isla de Lemuy, Chiloé, extendiéndose rápidamente hacia numerosos centros de cultivo. Su control solo pudo alcanzarse parcialmente durante 2009, dejando consecuencias profundas para la estructura productiva y económica de la salmonicultura chilena.

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Las cifras dimensionan la magnitud de lo ocurrido. De acuerdo con las estimaciones recogidas por el investigador, la producción de salmón Atlántico disminuyó aproximadamente un 50%, mientras que el empleo de la industria se redujo en 13.500 puestos de trabajo.

A ello se sumó una drástica contracción de las siembras: de aproximadamente 30 millones de peces en enero de 2008 a solo 3,3 millones en junio de 2009.

El impacto también alcanzó directamente a la infraestructura productiva, con el cierre de aproximadamente la mitad de los centros de cultivo y plantas de proceso existentes en ese período, además de importantes dificultades financieras para las empresas.

Para el Dr. Dresdner, comprender esta crisis exige mirar más allá de sus consecuencias biológicas. En sus palabras, “lo que comenzó como una crisis sanitaria en la producción de salmones se transformó en una crisis productiva, económica, financiera, social, política y finalmente de la institucionalidad que poseía el país en ese entonces para enfrentar desafíos sanitarios en la salmonicultura”, recuerda.

Esta reflexión pone de manifiesto uno de los principales aprendizajes de aquella experiencia: las enfermedades infecciosas no representan únicamente un problema de salud animal, sino que pueden comprometer simultáneamente el empleo, la continuidad operacional, la estabilidad financiera y la sostenibilidad de toda una actividad económica.

Para una industria altamente interconectada territorialmente, donde participan centros de cultivo, plantas de procesamiento, proveedores, trabajadores y comunidades, la propagación de un patógeno puede desencadenar consecuencias que superan ampliamente los límites de una concesión afectada.

La gran transformación: de una respuesta sanitaria a una nueva gobernanza sectorial

Uno de los efectos más relevantes de la epidemia de ISA fue el cambio en la manera en que Chile comenzó a organizar institucionalmente la actividad salmonicultora.

La crisis evidenció que las respuestas individuales de las empresas resultaban insuficientes frente a enfermedades capaces de propagarse entre centros de cultivo y comprometer la operación de territorios completos.

Frente a este escenario, las autoridades y los distintos actores de la industria impulsaron un cambio estructural en el sistema de gobernanza, mediante la articulación público-privada y el desarrollo de nuevas herramientas de coordinación sanitaria.

Como explica el académico, “la respuesta de las autoridades de la época, en conjunto con todos los actores que participaban de la industria salmonícola, fue un cambio radical en el sistema de gobernanza de la producción de salmones”.

Este proceso se materializó, entre otras iniciativas, en la denominada Mesa del Salmón, instancia en la que representantes del sector público y privado trabajaron en el diseño de mecanismos destinados a prevenir que los brotes infecciosos volvieran a convertirse en epidemias con consecuencias para toda la industria.

Uno de los cambios fundamentales fue la implementación de las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS), conocidas como barrios salmoneros, que introdujeron una lógica de coordinación territorial y sanitaria entre los centros de cultivo.

Estas agrupaciones establecieron mecanismos para coordinar períodos de engorda, cosecha y descansos sanitarios, permitiendo que las empresas compartieran responsabilidades en la gestión de riesgos epidemiológicos.

Además, se incorporaron otras medidas orientadas a fortalecer la bioseguridad y reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades.

Entre ellas, se estableció la regulación de densidades máximas de salmones por jaula, junto con la regulación de las distancias mínimas entre nuevos centros de cultivo.

Asimismo, se reforzó el control sanitario de ovas importadas y nacionales y se estableció la vacunación obligatoria de smolts antes de su traslado al mar.

Las medidas también contemplaron la regulación del transporte de salmones entre distintas localidades y la implementación de planes de manejo sanitario coordinados entre titulares de concesiones.

A estas medidas se sumó un programa específico de vigilancia y control del virus ISA, que contempla toma de muestras e inspecciones en terreno por parte de Sernapesca, tanto en centros de agua dulce como de agua de mar.

Un aspecto relevante es que este programa se actualiza permanentemente, considerando la evolución epidemiológica de la enfermedad y las disposiciones de la normativa sanitaria nacional.

¿Qué diferencia al brote actual de la crisis de 2007?

La reciente detección del virus ISA en Aysén vuelve especialmente pertinente revisar los cambios institucionales que dejó la primera epidemia.

Para el investigador del Centro INCAR², la principal diferencia radica en que la salmonicultura chilena cuenta actualmente con una estructura de vigilancia, coordinación y control sanitario que no existía con el mismo nivel de desarrollo durante la crisis de 2007.

En ese sentido, el académico sostiene que “el actual brote de ISAv detectado en días pasados, si bien debe ser manejado con cuidado y celo de acuerdo con las disposiciones vigentes, encuentra a la salmonicultura chilena en un pie muy distinto al que tenía en el año 2007 para enfrentar una eventual propagación del ISAv”

Esta diferencia es particularmente importante desde la perspectiva de la gobernanza, ya que la detección temprana, la coordinación entre centros y la aplicación de medidas de contención forman parte de un sistema diseñado precisamente para evitar que un evento sanitario localizado escale hacia una crisis de alcance sectorial.

De hecho, el investigador plantea que la detección del brote debería ser resultado de la aplicación del programa específico de vigilancia y control del virus, mientras que las medidas implementadas deberían contribuir a reducir sus posibilidades de expansión.

En el escenario actual, Sernapesca estableció mediante la Resolución Exenta N° 2901/2026 una zonificación sanitaria en el área afectada, delimitando geográficamente una zona infectada y otra de vigilancia.

Sobre esta medida, el académico señala que “las medidas de contención y control deberían reducir las posibilidades de expansión del mismo, y evitar que se transforme en un proceso epidémico que ponga en riesgo a toda la industria”.

Asimismo, agrega que la zonificación establecida “debería impedir la propagación del virus más allá de esta zonificación”.

La lección económica: prevenir también es proteger el empleo y la continuidad productiva

La experiencia de 2007 dejó una señal importante para la industria: los costos de una epidemia no se limitan a la mortalidad de peces, las pérdidas productivas o los gastos asociados al control sanitario.

También pueden traducirse en una contracción de la actividad económica, pérdida de empleos, cierre de instalaciones, dificultades financieras y efectos sobre los territorios donde se desarrolla la salmonicultura.

Los 13.500 empleos perdidos durante aquella crisis representan una de las dimensiones más concretas de su impacto social, evidenciando la estrecha relación entre la condición sanitaria de los centros de cultivo y la estabilidad laboral de las comunidades vinculadas al sector.

Desde esta perspectiva, la gobernanza sanitaria adquiere una dimensión económica y social: coordinar adecuadamente la prevención, vigilancia y control de enfermedades también significa reducir los riesgos de interrupciones productivas de gran escala.

La experiencia chilena muestra, además, que una crisis de estas características puede impulsar transformaciones institucionales que modifican de manera permanente la forma en que opera una industria.

El nuevo brote detectado en Aysén representa, por tanto, una oportunidad para observar cómo responde este sistema frente a un evento sanitario que vuelve a poner a prueba la capacidad de prevención y contención de la industria.

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