El Tribunal de Distrito de Reykjanes declaró formalmente la quiebra de la compañía acuícola el pasado 2 de noviembre, luego de fijar como fecha límite de corte financiero el 30 de octubre. La resolución no se conoció a través de un comunicado público de la empresa, sino por la publicación legal obligatoria en el boletín del Estado islandés y donde se abrió un plazo de dos meses para que los acreedores presenten sus reclamaciones.
El impacto sísmico en el cultivo en tierra
La caída económica de la compañía se remonta a noviembre del 2023, cuando una serie de fuertes terremotos golpeó la península de Reykjanes. En el episodio, los movimientos telúricos fracturaron estanques de cultivo, los cuales alteraron los flujos de abastecimiento hídrico subterráneo y provocaron una pérdida de biomasa de 80 toneladas de trucha ártica.
A los daños en la infraestructura se sumó un escenario logístico insostenible para la operación diaria. Las evacuaciones decretadas en la localidad de Grindavík forzaron el desplazamiento del personal técnico, mientras que los continuos cortes de energía eléctrica amenazaron la estabilidad de los sistemas de soporte vital de los estanques, obligando a la empresa a trasladar sus faenas de procesamiento hacia la comuna de Hafnarfjorour para mantener los compromisos comerciales de exportación.
Reestructuración fallida
En septiembre de 2024, cuando la compañía aún mantenía una biomasa de unas 450 toneladas en engorda, la administración solicitó una moratoria de pagos judicial con el objetivo de negociar con acreedores y sostener las operaciones. Pese al respaldo financiero inicial de fondos internacionales como la firma Aqua-Spark y el grupo Columbia Ventures, los costos para recuperar la operatividad técnica terminaron por agotar los recursos disponibles.
La situación llegó a un punto sin retorno cuando el equipo veterinario y técnico determinó que, para resguardar la bioseguridad tras las fallas en los estanques, era indispensable cosechar la totalidad de los peces remanentes para vaciar y desinfectar el centro. Esta maniobra sanitaria, aunque necesaria desde el punto de vista técnico, dejó a la piscicultura sin biomasa en crecimiento y cortó el flujo de caja operativo, precipitando el desenlace judicial que hoy enfrenta una de las iniciativas pioneras de cultivo en tierra en el Atlántico Norte.
Hasta el momento, la administración de Matorka no ha emitido ninguna declaración pública ni comunicado institucional en sus plataformas oficiales respecto a la quiebra. El silencio corporativo mantiene en incertidumbre el destino final de los activos productivos, mientras la liquidación y el futuro de las instalaciones quedan estrictamente en manos del administrador concursal y las resoluciones que dicte el tribunal islandés.
