Desde Sernapesca, se llevó a cabo un minucioso trabajo, en el que se realizaron cruces de información, obtenida de los movimientos declarados por la empresa en el Sistema de Información para la Fiscalización de la Acuicultura (SIFA) y la información de las siembras y cosechas enviadas mediante declaración jurada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por el propio Titular, entre otros antecedentes.
Así fue como, desde el ente fiscalizador, se percataron de que la información entregada no correspondía y que podrían estar frente a un caso de entrega de información falsa acerca de la operación del centro de cultivo.
“Pudimos demostrar que existieron serias diferencias respecto a lo declarado por el titular del centro de cultivo Latolque con respecto de la biomasa cosechada, como también en el número y peso promedio de peces cosechados, lo que configura la infracción de entrega de información falsa acerca de la operación del centro de cultivo”, informó Jorge Padilla, Director Regional (s) de Sernapesca Aysén.
El Juzgado de Letras y Garantía de Aysén condenó a la empresa Granja Marina Tornagaleones S.A., al pago de una multa de 500 UTM, es decir $32.108.000.- (al día 14 de diciembre del año 2023) y a la suspensión de las operaciones del centro de cultivo código N° 110751, “Latolque”, por un ciclo productivo, como autora de la infracción señalada, consistente en haber entregado información falsa acerca de la operación del centro de cultivo, todo ello en contravención a la Ley General de Pesca y Acuicultura y normas pertinentes.
La Directora Nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, se refirió a la sentencia, destacando la gravedad de lo ocurrido. “Como Servicio consideramos este hecho muy grave y sumamente preocupante, que existan comportamientos donde se adopten prácticas que vulneran la ley entregando información falsa y que atentan directamente a nuestro medio ambiente y a la confianza pública. Esperamos que esta sentencia sirva como un claro precedente ejemplificador. Por nuestra parte, continuaremos con la vigilancia y fiscalizaciones aéreas, documentales, presenciales y remotas, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo”, indicó.
La sentencia se encuentra en estado firme y ejecutoriada, desde el 11 de diciembre de 2023, por lo que de no acreditarse el cumplimiento de pago de la multa habiendo transcurrido el plazo de 10 días establecido por ley, el tribunal despachará orden de arresto en contra del representante legal, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción.
