La entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos y Atentados Contra el Medioambiente, el pasado 1° de septiembre, ha transformado profundamente el panorama empresarial en Chile. Esta normativa redefine cómo las empresas deben gestionar su riesgo legal y reputacional. Se acabaron las excusas y los tiempos de la impunidad corporativa. Ahora, cada organización, sin importar su tamaño, enfrenta un desafío real: adaptar sus sistemas y cultura para mitigar los riesgos derivados de la comisión de delitos.
Nueva ley, nuevas reglas del juego
Con esta ley, las reglas del juego cambian. El Código Penal y la Ley de Sociedades Anónimas fueron modificados, elevando el estándar de responsabilidad en temas como delitos tributarios, lavado de activos y corrupción. No es solo una cuestión de evitar multas o sanciones; el verdadero costo aquí es reputacional, y eso es algo que ningún director ejecutivo debería tomar a la ligera.
Y es que el caso de Luis Hermosilla, que todos hemos seguido de cerca, ilustra perfectamente la gravedad de este asunto. Aunque los hechos que se le imputan ocurrieron antes de la promulgación de la ley y, por lo tanto, se salvó de las sanciones más severas, su caso debería servir de advertencia. No estamos hablando de algo abstracto. Las empresas no pueden postergar la implementación de un modelo de cumplimiento normativo robusto, porque cuando los delitos se cometen y las políticas preventivas no están en su lugar, las consecuencias serán devastadoras.
Claves y retos de la Ley de Delitos Económicos
Catálogo de delitos
Uno de los aspectos más significativos de esta nueva ley es la ampliación del catálogo de delitos. Anteriormente, las empresas podían ser perseguidas por alrededor de 20 delitos económicos. Ahora, con la Ley N° 21.595, esta cifra se expande a más de 230 delitos. Esto incluye infracciones tributarias, delitos medioambientales, lavado de activos y corrupción, entre muchos otros. Asimismo, la normativa impone un innovador sistema de sanciones basado en los ingresos diarios de la empresa condenada. Es decir, las multas se calculan de manera proporcional al tamaño de la empresa, lo que asegura que ninguna organización, grande o pequeña, pueda evadir la justicia simplemente por su escala.
Admiral Compliance
Para las empresas, la implementación de sistemas de compliance no es solo una opción; es una necesidad. Admiral Compliance ha entendido esta urgencia desde el primer momento. Lo que promovemos no es simplemente cumplir con un nuevo cuerpo normativo. Promovemos un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan su exposición al riesgo. Esta ley exige transparencia y control interno, pero más importante aún, exige responsabilidad corporativa a un nivel que Chile no había visto antes.
Muchas compañías temen que esta ley desincentive la inversión. Pero, ¿es eso cierto? Lo que en realidad exige la normativa es que cada empresa, grande o pequeña, implemente medidas preventivas. Las empresas que adopten estos cambios estarán mejor posicionadas para competir en un entorno donde la integridad y la transparencia son el estándar. Las que no lo hagan, verán que no solo enfrentan multas que pueden llegar a los USD 250 millones, sino también la «pena de muerte empresarial»: la liquidación forzosa de la empresa y la prohibición de operar.
Oportunidad
Es evidente que el nuevo marco regulatorio trae consigo desafíos significativos, pero también abre la puerta a una oportunidad. Quienes adopten esta ley con seriedad podrán destacar en el mercado, protegidos no solo por el cumplimiento normativo, sino también por una reputación sólida basada en la ética y la integridad. Las empresas que no lo hagan quedarán rezagadas, expuestas a riesgos innecesarios y sanciones reputacionales que podrían ser irreversibles.
La Ley de Delitos Económicos es un llamado de atención para todos. No es suficiente con hacer lo mínimo necesario. Es el momento de ser proactivos, de revisar y fortalecer las políticas internas, y de asegurarse de que las empresas estén preparadas para operar en un marco legal que ha cambiado de manera irrevocable. Quienes no tomen este reto en serio, estarán expuestos a consecuencias que podrían destruir su negocio.
La entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos y Atentados Contra el Medioambiente, el pasado 1° de septiembre, ha transformado profundamente el panorama empresarial en Chile. Esta normativa redefine cómo las empresas deben gestionar su riesgo legal y reputacional. Se acabaron las excusas y los tiempos de la impunidad corporativa. Ahora, cada organización, sin importar su tamaño, enfrenta un desafío real: adaptar sus sistemas y cultura para mitigar los riesgos derivados de la comisión de delitos.
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Nueva ley, nuevas reglas del juego
Con esta ley, las reglas del juego cambian. El Código Penal y la Ley de Sociedades Anónimas fueron modificados, elevando el estándar de responsabilidad en temas como delitos tributarios, lavado de activos y corrupción. No es solo una cuestión de evitar multas o sanciones; el verdadero costo aquí es reputacional, y eso es algo que ningún director ejecutivo debería tomar a la ligera.
Y es que el caso de Luis Hermosilla, que todos hemos seguido de cerca, ilustra perfectamente la gravedad de este asunto. Aunque los hechos que se le imputan ocurrieron antes de la promulgación de la ley y, por lo tanto, se salvó de las sanciones más severas, su caso debería servir de advertencia. No estamos hablando de algo abstracto. Las empresas no pueden postergar la implementación de un modelo de cumplimiento normativo robusto, porque cuando los delitos se cometen y las políticas preventivas no están en su lugar, las consecuencias serán devastadoras.
Claves y retos de la Ley de Delitos Económicos
Catálogo de delitos
Uno de los aspectos más significativos de esta nueva ley es la ampliación del catálogo de delitos. Anteriormente, las empresas podían ser perseguidas por alrededor de 20 delitos económicos. Ahora, con la Ley N° 21.595, esta cifra se expande a más de 230 delitos. Esto incluye infracciones tributarias, delitos medioambientales, lavado de activos y corrupción, entre muchos otros. Asimismo, la normativa impone un innovador sistema de sanciones basado en los ingresos diarios de la empresa condenada. Es decir, las multas se calculan de manera proporcional al tamaño de la empresa, lo que asegura que ninguna organización, grande o pequeña, pueda evadir la justicia simplemente por su escala.
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Admiral Compliance
Para las empresas, la implementación de sistemas de compliance no es solo una opción; es una necesidad. Admiral Compliance ha entendido esta urgencia desde el primer momento. Lo que promovemos no es simplemente cumplir con un nuevo cuerpo normativo. Promovemos un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan su exposición al riesgo. Esta ley exige transparencia y control interno, pero más importante aún, exige responsabilidad corporativa a un nivel que Chile no había visto antes.
Muchas compañías temen que esta ley desincentive la inversión. Pero, ¿es eso cierto? Lo que en realidad exige la normativa es que cada empresa, grande o pequeña, implemente medidas preventivas. Las empresas que adopten estos cambios estarán mejor posicionadas para competir en un entorno donde la integridad y la transparencia son el estándar. Las que no lo hagan, verán que no solo enfrentan multas que pueden llegar a los USD 250 millones, sino también la «pena de muerte empresarial»: la liquidación forzosa de la empresa y la prohibición de operar.
Oportunidad
Es evidente que el nuevo marco regulatorio trae consigo desafíos significativos, pero también abre la puerta a una oportunidad. Quienes adopten esta ley con seriedad podrán destacar en el mercado, protegidos no solo por el cumplimiento normativo, sino también por una reputación sólida basada en la ética y la integridad. Las empresas que no lo hagan quedarán rezagadas, expuestas a riesgos innecesarios y sanciones reputacionales que podrían ser irreversibles.
La Ley de Delitos Económicos es un llamado de atención para todos. No es suficiente con hacer lo mínimo necesario. Es el momento de ser proactivos, de revisar y fortalecer las políticas internas, y de asegurarse de que las empresas estén preparadas para operar en un marco legal que ha cambiado de manera irrevocable. Quienes no tomen este reto en serio, estarán expuestos a consecuencias que podrían destruir su negocio.
