La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a Cooke Aquaculture Chile tras constatar ocho incumplimientos ambientales, ordenando la clausura definitiva de dos de sus centros de cultivo en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Huillines 2 y Huillines 3), al haber ejecutado modificaciones relevantes sin someterlas a evaluación ambiental. Además, el organismo determinó que el centro CES Punta Garrao superó la producción máxima autorizada, configurando así infracciones graves a la normativa vigente.
Declaración Cooke Aquaculture Chile
“Respecto a la resolución de la SMA que resuelve el procedimiento sancionatorio seguida ante ella misma que afecta a los centros de cultivo Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3, Cooke Aquaculture Chile manifiesta lo siguiente:
1.- La resolución de la SMA confirma la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente que ha mantenido la SMA en contra de la industria salmonera en general y de Cooke en particular. No sorprende su contenido, ya que en esta etapa la SMA es juez y parte al mismo tiempo.
2.- Tal como está acreditado en el proceso sancionatorio, los centros de cultivo que la SMA pretendería paralizar cuentan con todas las autorizaciones sectoriales y sus procedimientos de autorización para las siembras han seguido los mismos protocolos con que han operado por más de una década, sin existir afectación alguna al medio ambiente y sin que la SMA haya valorado la prueba pericial que ella misma decretó, que descarta cualquier afectación al medio ambiente. La sanción aplicada significa en los hechos sancionar a una empresa por un cambio de criterio intempestivo de parte de la SMA respecto de la posición mantenida por ella misma, en abierta contradicción con la postura de la autoridad sectorial competente (SUBPESCA).
3.- ¿Qué ha cambiado para que se explique una sanción tan gravosa contra una empresa salmonera que cumple con los más altos estándares productivos? El único cambio es que la SMA cambió su criterio y ha adoptado una posición extrema en contra de la actividad acuícola, pretendería su desaparición mediante el acoso administrativo. Lo anterior, a pesar de que el recién designado ministro de Hacienda, Nicolás Grau, firmó un protocolo de relocalización voluntario que garantiza el respeto a los derechos adquiridos de las empresas mientras se realiza la relocalización que voluntariamente éstas han aceptado realizar, realizando inversiones relevantes.
4.- Como en Chile existe un Estado de Derecho, Cooke Chile ejercerá todos los recursos que la institucionalidad le otorga para afrontar esta resolución que estimamos expropiatoria, ilegal, arbitraria y discriminatoria, incumpliendo, además, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá”.
