Desde el corazón del sur de Chile, Fernando Villarroel, CEO de Mowi en Chile, levantó la voz destacando los avances de la industria salmonicultora, especialmente durante los últimos diez años. Sin embargo, aún está bajo la sombra del estigma que la persigue de “bajo cumplimiento ambiental”, desde la crisis del virus ISA en 2007.
En entrevista con El Mercurio, el líder en Chile de la salmonicultora más grande del mundo afirmó que “hace 10 años, en Chile teníamos una ventaja competitiva comparado con Noruega. La perdimos y hoy producimos al mismo costo, por lo que su retorno es mucho mayor” y explicó que “es una desventaja en términos de inversión, porque los destinos compiten entre sí y el inversionista tiene que decidir, y hoy Noruega, Escocia u otros países tienen mejores márgenes. En Chile, nosotros tenemos los costos más eficientes de la industria, pero cuando nos comparamos con nuestros pares de afuera, tenemos una desventaja”.
El ejecutivo además manifestó que desde el punto de vista del inversionista extranjero, hay una percepción de que el Gobierno no está a favor de la industria. “Es un desafío para nosotros en términos de desarrollo. En inversiones grandes, va a ser más difícil poder obtener un apoyo irrestricto de parte del inversionista”, sostuvo.
Visión de la industria chilena
En relación a la industria chilena aseguró que en Chile se cumplen los mismos estándares que en Noruega, Escocia y Canadá. Sin embargo, uno de los grandes desafíos es “la percepción en términos de desempeño ambiental. Uno de los grandes retos que tenemos es lograr que la salmonicultura se transforme en un orgullo nacional. A nivel internacional, el salmón es catalogado como la proteína del futuro y eso acá no se destaca ni se reconoce lo suficiente”.
En este sentido, realizó una autocrítica aseverando que “no hemos sido lo suficientemente efectivos y hábiles para comunicar adecuadamente los beneficios de la industria, transmitir su importancia en el encadenamiento productivo en el sur del país, y los avances en el desarrollo tecnológico, cuidado medioambiental y estándares internacionales”.
Sobre la publicación del Washington Post que alertó sobre lo poco amigable con el medio ambiente del salmón chileno, aseveró que “existe un gran desconocimiento y desinformación sobre los importantes avances que ha tenido la industria chilena en las últimas dos décadas, aunque más intensamente en los últimos 10 años, para producir de manera sustentable”.
Sobre las regulaciones
Al respecto, Villarroel, indicó que la regulación tiene sus pros y contras. Ha sido capaz de mantener una situación sanitaria estable, pero es bastante estricta y limita el crecimiento. Al mismo tiempo, enfatizó que “hay una sobreregulación, hay muchos actores y organismos que participan de la regulación, lo que es complejo, porque no tienen los mismos tiempos ni prioridades. Y produce un nivel de desincentivo para la inversión extranjera. Si no eres capaz de explicar la regulación de manera simple, cómo funciona, el inversionista extranjero se desincentiva, y eso ha sido lo más complejo complejo. El tener una regulación compleja, difícil de entender, no ha incentivado la inversión extranjera como debiera”.
Aseguró que desde la compañía “siempre hay una preocupación, siempre nos preguntan y tratamos de explicarlo de la mejor manera posible y tratando de dar cierta certeza”.
Sobre la Ley Lafkenche, Villarroel recalcó que “es una amenaza futura y un riesgo para todas las actividades que participan del borde costero. El espíritu de la ley, de resguardar las tradiciones de los pueblos originarios, es loable. La mayoría de los países donde operamos tienen regulaciones similares, pero acá se ha transformado en un problema, porque no toma en cuenta la visión y los planes de otros usuarios del borde costero, como la pesca artesanal, turismo, industria portuaria y acuícola. Está teniendo un impacto que no era el objeto de la ley, porque el reglamento no ha sido lo suficientemente bueno ni claro, y probablemente también ha habido un mal uso de la ley”.
Consultado por el medio sobre su opinión de la nueva Ley de Acuicultura que está en fase de participación ciudadana y la campaña Áreas Protegidas sin Salmoneras que plantea reordenar por completo la industria, respondió que “asusta, pero es parte de una campaña que existe hace años de las ONG ambientalistas en contra de la industria y otras actividades productivas. Es un ambientalismo extremo, porque una cosa es promover la protección ambiental y otra muy distinta es oponerse a toda actividad productiva”.
Culminó diciendo que espera que esta posición no sea recogida en el nuevo proyecto, “pero las ONG han tenido una influencia importante en este Gobierno. Y puede ocurrir lo que ha pasado con la Ley de Pesca, que propuso una visión no compartida con la pesca artesanal y hoy están con 200 o 300 indicaciones, sin ningún acuerdo para llegar a una ley consensuada. Puede ocurrir lo mismo con la nueva Ley de Acuicultura y sería un error estratégico muy grande del Gobierno”.
