Gobierno y gremios navegan en aguas turbulentas

El caso Oceana – Sernapesca, vino a dar otro punto de desencuentro entre la autoridad del sector y la industria. Una vez conocida la noticia, las repercusiones de la industria no se hicieron esperar, y por supuesto apuntan a la duda, reserva y cuestionamiento a la poca transparencia. Además, esgrimen que solo hace semanas conocieron del acuerdo, pese a que este se firmó el 12 de febrero pasado y lleva la firma de la directora de Sernapesca, María Soledad Tapia y la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer. Información sensible El convenio se enmarca en la puesta en marcha de la Ley 21. 532 que modifica la Ley 18.892 en materias de captura de salmónidos, como así también la transparencia en la entrega de datos sobre el uso de antibióticos y parasitarios, mortalidades, producción y escapes, incentivando el mejoramiento de una actividad que genera altos impactos en el medio ambiente, es decir, información muy sensible que a partir del convenio manejará la ONG Oceana. Asimismo, la entidad también ha salido a explicar los términos del acuerdo.  En distinto medios, ha entrado a explicar cuál será su colaboración con Sernapesca y cómo esta se realiza en el marco de la ley antes mencionada. De Excel a plataforma En este contexto y para dar a conocer las dos caras de la moneda, la directora ejecutiva de Oceana,  Liesbeth Van der Meer, ha indicado que su labor será llevar a una plataforma y sistema legible las tablas excel que contienen la información que Sernapesca debe publicar. Sin embargo, más allá de una explicación técnica digital, Van der Meer, también calificó de sobrerreacción el rechazo expresado por los personeros de la industria e incluso aseveró en La Tercera que “están tratando de frenar a Sernapesca. No entiendo por qué ocultar estas informaciones, y que la Corte de Apelaciones en varias ocasiones así lo ha confirmado. La información tiene que ser pública, porque los consumidores deben saber qué están comiendo”. A la Contraloría y proyecto de ley Más allá de esta declaración, el desencuentro entre las partes viene a dividir las aguas entre el ejecutivo y el gremio salmonero, que también tiene una veta legislativa y política, pues el diputado independiente Miguel Ángel Calisto, miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja,  ofició a la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Subsecretaría de Pesca para conocer alcances del acuerdo entre las partes. Cabe recordar que la controversia se da mientras se discute en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley  que fue aprobado en general, que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a transparentar ingresos y mecanismos de financiamiento. Al votarse en general la iniciativa obtuvo 132 votos a favor y en la actualidad se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior, para el análisis en particular. Seguramente en los próximos días continúen las reacciones de los diferentes sectores, pero a horas del Día del Trabajador, es de esperar que los anuncios del Gobierno, sean en beneficio de los miles de trabajadores del sector, proveedores y de la industria, para que la economía, su desarrollo, y los recursos para la investigación, e innovación, sigan potenciando a una industria que es el pilar de la zona sur austral del país y la carta de presentación de Chile en muchos países del mundo.