El masivo operativo llamado «Operación Nereida», liderado por la Fiscalía Regional y Policía de investigaciones (PDI), dejó un saldo de 55 detenidos y desbarató una sofisticada red criminal que comercializaba recursos marinos sin trazabilidad, logrando evadir miles de millones de pesos.
Entre los capturados figura el biólogo marino Guillermo Quiroz Reyes, exdirector regional de Sernapesca en la Región de Los Ríos, quien también fue Seremi de Economía y excandidato a diputado por el PPD. El ahora detenido fue rostro visible fiscalizaciones durante su periodo en el servicio y líder de decomisos emblemáticos en la zona, es investigado hoy como pieza clave de la organización criminal.
La paradoja institucional
De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, Quiroz se encontraba suspendido de sus funciones en Sernapesca desde junio de 2025 y fue desvinculado oficialmente de la institución en mayo de 2026, solo semanas antes de que se ejecutaran las 61 órdenes de entrada y registro en cinco regiones del país.
El rol del exdirector resulta especialmente crítico para el Ministerio Público, ya que es imputado por delitos como asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público y delitos contra la salud pública.
Desde Sernapesca reaccionaron de forma directa tras la detención del exdirector, señalando que la captura de Quiroz «expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita y crimen organizado, cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control». Por su parte, el subsecretario de pesca y acuicultura, Osvaldo Urrutia, enfatizó un criterio de «caiga quien caiga», advirtiendo que nadie puede estar por sobre la ley, menos aún quienes tuvieron la responsabilidad de proteger los recursos marinos.
Logística y cooperación en rutas
La red criminal operaba a través de una base en Calbuco y Puerto Montt, desde donde extraían masivamente merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos.
Para colocar el producto en el mercado formal sin ningún tipo de acreditación de origen legal, la banda estructuró una logística de transporte terrestre altamente tecnificada.
- Movilizaban camiones de madrugada cargados con un aproximado de 6 a 11 toneladas de pescado por viaje, donde también ocupaban dos vehículos para detectar patrullajes y otros dos vehículos de resguardo.
- La banda operó con la ayuda de dos carabineros activos y uno en retiro, que se ubicaban en el control carretero de La Unión. Los uniformados alertaban si la carretera estaba despejada o intercedían ante otros carabineros si los camiones eran fiscalizados. A cambio, recibían pagos en pescado.
- La red criminal también reclutó a cinco trabajadoras del Peaje Troncal La Unión, quienes daban avisos sobre fiscalizaciones en ruta a cambios de regalos como chocolates y 30.000 pesos.
Destrucción del mercado
Una vez el pescado ilegal ingresaba a Valdivia, la red abastecía a 12 restaurantes de Valdivia, locales de la Feria Fluvial y el Mercado Municipal, extendiendo sus redes de distribución hasta el Terminal Pesquero de Santiago en la Región Metropolitana.
En declaraciones recogidas por El Mostrador, el biólogo marino Rodrigo Oyanedel (Fundación Mar Futura / Instituto SECOS) advirtió sobre la «ceguera» que genera este nivel de contrabando. En el caso de la merluza, donde se estima que hasta el 75% de la extracción es ilegal, la falta de datos reales impide que la ciencia estime cuántos individuos quedan en el mar, imposibilitando el cálculo de cuotas sostenibles y condenando a la especie a una explotación irreversible.
El impacto financiero
El análisis financiero de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI desnudó el millonario patrimonio oculto detrás de la red criminal entre 2023 y 2024:
- 8.811 millones de pesos en ingresos observados totales movilizados por la organización.
- 550 millones de pesos fueron declarados formalmente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- 8.261 millones de pesos en ingresos ocultados al Fisco. El SII estima que la evasión supera los 6.000 millones de pesos, pero proyectan que la cifra anual del fraude podría escalar hasta los 40.000 millones.
- En los bienes incautados se encuentran 29 vehículos (avaluados en $581 millones), 4 inmuebles ($395 millones), un gimnasio comercial en Valdivia ($100 millones) y más de $104 millones en efectivo durante los allanamientos.
Todos los imputados enfrentan sus respectivas audiencias de formalización en el Juzgado de Garantía de Valdivia, en lo que la Fiscalía calificó como el control de detención más masivo en la historia judicial de la región.
