La implementación de políticas públicas indígenas continúa siendo una deuda pendiente para los Estados, incluso en contextos donde existen avances legales y reconocimiento internacional de derechos. Así lo advierte una investigación liderada por Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile, que analiza las tensiones que enfrentan los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en Chile y propone un innovador marco analítico para comprender estos conflictos desde una perspectiva intercultural.
El estudio, publicado en la revista científica Policy Studies, examina cómo el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas sobre los espacios costeros no ha sido acompañado por mecanismos reales de cogobernanza, administración territorial ni transferencia efectiva de poder hacia las comunidades.
La investigación aborda uno de los temas más sensibles de la política pública contemporánea: la convivencia entre el aparato estatal, las actividades económicas extractivas y las formas ancestrales de relación con el territorio y el mar.
Más allá de la ley: el problema está en la implementación
Los ECMPO fueron creados como una herramienta destinada a reconocer los usos consuetudinarios de los pueblos originarios en zonas costeras y marinas. Sin embargo, según el estudio, el principal conflicto surge cuando estos derechos deben transformarse en gobernanza efectiva.
“El principal nudo crítico no son los ECMPO. Esta ley nació de manera participativa y contó con apoyo político transversal. Sin embargo, el Estado no ha avanzado hacia una transferencia real y efectiva de poder”, explicó Figueroa Huencho.
La académica sostiene que actualmente existe un reconocimiento más simbólico que práctico, donde las comunidades indígenas reciben responsabilidades de administración territorial sin contar con las condiciones institucionales, políticas ni materiales necesarias para ejercerlas plenamente.
Un marco analítico innovador para entender los conflictos
Uno de los principales aportes del trabajo es la creación de un marco analítico que redefine la forma en que se estudia la implementación de políticas públicas indígenas.
En lugar de entender estos procesos como mecanismos técnicos y lineales, la propuesta plantea analizarlos como dinámicas complejas donde interactúan múltiples factores simultáneamente: actores, intereses, valores culturales, relaciones de poder y circunstancias territoriales específicas.
El modelo desarrollado por la investigadora permite identificar cómo las asimetrías históricas entre comunidades indígenas, instituciones estatales y sectores productivos terminan condicionando la implementación de las políticas, incluso cuando existe respaldo legal.
De acuerdo con la investigación, este enfoque podría transformarse en una herramienta clave para futuras políticas públicas vinculadas a pueblos indígenas, gobernanza territorial y administración de bienes comunes.
Voces desde los territorios costeros
La investigación se basó en una metodología cualitativa centrada en la experiencia directa de las comunidades. Para ello se realizaron tres grupos focales que reunieron a 28 líderes indígenas pertenecientes a los 16 ECMPO existentes en el país.
Los testimonios recogidos evidenciaron tensiones persistentes entre las comunidades y otros actores vinculados al uso del borde costero, además de una percepción compartida de desigualdad en la toma de decisiones.
Según el estudio, estas brechas dificultan avanzar hacia una gobernanza verdaderamente intercultural, donde los pueblos indígenas puedan participar en igualdad de condiciones en la administración de sus territorios ancestrales.
Un debate que trasciende Chile
Aunque el caso analizado corresponde a Chile, la investigación se inserta en una discusión internacional cada vez más relevante sobre la implementación de derechos indígenas y la gobernanza de territorios estratégicos.
El trabajo advierte que el reconocimiento formal de derechos no garantiza por sí solo justicia territorial ni participación efectiva. Sin transformaciones institucionales profundas y redistribución real del poder, las políticas públicas indígenas corren el riesgo de convertirse en mecanismos simbólicos sin impacto concreto en los territorios.
En ese contexto, el marco analítico propuesto por la académica chilena emerge como un aporte relevante para comprender los desafíos que enfrentan numerosos países en la relación entre Estado, pueblos indígenas y gestión de recursos naturales.
