A poco más de tres años desde que el presidente Gabriel Boric asumiera el mando del país, uno de los anuncios que generó mayores expectativas en el sector acuícola fue la intención de impulsar una nueva Ley General de Acuicultura. Desde el comienzo, se planteó como una pieza clave para modernizar la regulación del sector, enfrentar los crecientes desafíos medioambientales y garantizar un desarrollo más transparente y sostenible de una industria tan relevante como la salmonicultura.
El 9 de noviembre de 2022, el Gobierno comprometió públicamente que el proyecto sería ingresado al Congreso durante el cuarto trimestre de 2023. Incluso se explicó que el proceso se separaría del debate pesquero, precisamente para dar al ámbito acuícola la profundidad técnica y política que requiere. Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), liderada por Julio Salas, se desplegó un trabajo participativo, recogiendo opiniones de comunidades costeras, pueblos originarios, empresas y trabajadores del rubro.
Giro e incertidumbre
Sin embargo, a las puertas de la cuarta y última Cuenta Pública del presidente Boric, el escenario ha cambiado radicalmente. En mayo de 2025, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comunicó oficialmente a la Multisindical de Trabajadores Salmoneros que “no habrá proyecto de Ley de Acuicultura”, descartando de forma definitiva la iniciativa estructural que se había anticipado desde 2022. En su lugar, el Gobierno enfocará sus esfuerzos en materias puntuales, como la relocalización de concesiones acuícolas y otros temas sensibles para la industria y los trabajadores.
Este viraje marca un punto de inflexión. Si bien las reformas acotadas pueden atender urgencias operativas del sector, lo cierto es que la decisión implica renunciar —al menos por ahora— a una revisión integral del marco legal que rige la acuicultura en Chile. Para un rubro como la salmonicultura, que opera bajo una presión permanente por temas ambientales, sanitarios y territoriales, esta indefinición perpetúa un entorno de incertidumbre que frena inversiones y debilita la confianza en las políticas públicas.
Sumado a esto, la reforma a la Ley Lafkenche sigue sin definiciones claras. Su implementación ha generado tensiones entre comunidades indígenas y empresas productivas, especialmente en regiones del sur, donde el acceso al borde costero es vital. La Cuenta Pública del 1 de junio se presenta entonces como una oportunidad crítica para que el Ejecutivo defina cómo enfrentará la compleja interacción entre derechos indígenas, protección ambiental y desarrollo económico.
Último mensaje presidencial
¿Qué puede esperar la industria salmonera del discurso presidencial? En los hechos, no una nueva ley. Pero sí espera claridad, compromisos firmes en cuanto a seguridad jurídica, ordenamiento territorial, relocalizaciones y coordinación intersectorial. También espera señales sobre cómo el Gobierno proyecta una industria que representa el segundo sector exportador del país que emplea a muchas personas, en regiones donde el trabajo escasea y las oportunidades dependen directamente del mar.
La última rendición de cuentas de Boric será algo más que el balance de una administración: será la definición final de su legado en materias productivas y ambientales. Para la acuicultura, y especialmente para la salmonicultura, no hay espacio para ambigüedades. La promesa de una ley robusta quedó atrás. Lo que queda por delante, es la necesidad urgente de un Estado que actúe con coherencia, que escuche a todos los actores y que no renuncie al largo plazo por la conveniencia de lo inmediato.
