La licitación, que cuenta con una oferta de $70 millones y cerrará el próximo lunes 5 de octubre, lleva por nombre «asesoría para la caracterización territorial del proceso de consulta a los pueblos indígenas para la modificación de normativas que rigen los espacios costeros marinos de pueblos originarios». El levantamiento de información abarcará el borde costero de casi todo el país, desde Arica hasta Magallanes.
Según La Tercera, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, explicó que este paso permitirá sentar las bases de un diálogo «con seriedad, transparencia, buena fe y respeto, de manera tal que luego podamos revisar a fondo la Ley Lafkenche y recuperar el espíritu con el que fue creada».
El proceso, enmarcado en el Convenio 169 de la OIT, tendrá como contraparte técnica a Dayana Vélez, de la unidad de coordinación de asuntos indígenas de Subpesca.
Impacto y visión
Según detalla el artículo original, la tramitación de estos espacios se ha extendido por hasta diez años, generando una profunda incertidumbre jurídica para las compañías acuícolas y pesqueras.
Sobre esto, Ricardo García, CEO de Camanchaca abordó esta problemática en declaraciones recogidas por el medio, acusando que el desarrollo costero, portuario y de concesiones de salmonicultura y mitilicultura están «trabados y obstaculizado por el abuso que se ha hecho de la Ley Lafkenche».
García también señaló a La Tercera que, «Aquí lo que finalmente ocurrió con la Ley Lafkenche es como si soltáramos a un Godzilla en la mitad de la ciudad. Lo que hay que hacer ahora es devolver al animal a su jaula. Esa ley, que es un animal, hay que meterla en su jaula para que se aplique a lo que realmente tenía que aplicarse».
Futuro productivo
Con el cierre de esta licitación preliminar programado para este lunes 5 de octubre, la administración del Presidente Kast busca acelerar los tiempos técnicos para no dilatar el ingreso del proyecto de ley al Congreso. Sin embargo, la posterior consulta indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT asoma como una etapa de alta complejidad política y territorial, donde la representatividad y el diálogo con las comunidades costeras serán determinantes para evitar que el conflicto se traslade a tribunales.
