La mantención de los fondos marinos libres de desechos inorgánicos es uno de los grandes desafíos para la industria salmonera y de mitílidos, tanto por exigencias regulatorias y su cumplimiento, como también por la responsabilidad empresarial y “ética” en el cuidado ambiental.
Por la importancia de este tema, el Estado ha incorporado diversas regulaciones, como el RAMA, que obliga a adoptar medidas preventivas para impedir el vertimiento de desechos; el Reglamento de Desechos, que define los tipos de desechos y su trazabilidad (DS 64/2021); y la Ley 21.410, que establece medidas sobre desechos orgánicos e inorgánicos, fijando un plazo de seis meses para el retiro de los desechos inorgánicos depositados en el fondo marino.
El incumplimiento de tales medidas no solo arriesga sanciones para las empresas, sino que además afecta el riesgo reputacional para toda la actividad acuícola. Atendido que la implementación de la Ley 21.410 ha incorporado un nuevo ámbito en el quehacer de los órganos fiscalizadores, ACUIESTUDIOS ha venido desarrollando desde hace un tiempo un programa de apoyo a la “Facilitación del Cumplimiento Normativo”, para lo cual visitamos los centros acuícolas con el objetivo de identificar brechas de cumplimiento en diversas áreas.
En este ámbito específico, nuestro enfoque busca identificar si existen brechas en la adopción de medidas preventivas por parte de los centros para evitar el riesgo de vertimiento accidental de distintos elementos y objetos al mar y fondo marino.
Especial atención colocamos a las plataformas flotantes (artefactos navales) como pontones y plataformas utilizadas como bodegaje de elementos de cultivos (cabos, cadenas, parte de pasillos de módulos de cultivos, receptáculos, boyas, sacos, entre otros). En ellas hemos constatado, en ocasiones, la falta de contenedores adecuados para acopiar los elementos y/o la falta de barandas y sistemas de sujeción eficientes para evitar la caída de estos objetos al mar y fondo marino, situación agravada por mal tiempo y marejadas.
