El evento realizado abordó detalladamente la transformación que ha experimentado la normativa acuícola nacional, donde cada crisis biológica y climática ocurrida en las últimas cuatro décadas ha gatillado cambios estructurales en el control del Estado.
Con la participación de Susana Giglio, oceanógrafa y Máster en Ciencias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la discusión se centró en descifrar el engranaje de resoluciones y manuales vigentes que rigen la «ruta de la mortalidad», identificando las herramientas de mitigación que exige la ley y las brechas burocráticas que aún se mantienen.
La respuesta institucional ante las crisis
Tras los primeros registros de FAN sin sistemas de respuesta en el evento de 1983, la marea café de 1988 (que destruyó el 50% de la biomasa de esa época), obligó a la industria a implementar de forma privada Programa de Monitoreo de Fitoplancton (Promofi). Posteriormente, crisis como el brote de Alexandrium catenella en 2009 forzaron a la autoridad a fijar las primeras líneas de control geográfico en el paralelo 43° 22′ S.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión regulatoria ocurrió tras la crisis del año 2016. La pérdida de 40,000 toneladas de salmónidos y la posterior fragmentación en la respuesta del Estado impulsaron una reestructuración profunda. Este hito dio origen al Decreto Supremo N° 151, que modificó el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), implementando los sistemas de Prealerta y Alerta Acuícola.
Asimismo, se estableció la Resolución Exenta N°1468 del Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades de Sernapesca. Una herramienta diseñada exclusivamente para estandarizar la desnaturalización y evitar la diseminación de patógenos durante eventos masivos.
CIICA y protocolo Sernapesca-Senapred
Para subsanar la falta de comunicación fiscal evidenciada en el pasado, opera el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA), liderado por el Ministerio del Medio Ambiente e integrado por Salud, SUBPESCA, SERNAPESCA, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Armada. Este comité técnico ya sesiona a nivel regional mediante simulacros preventivos frente a los pronósticos climáticos actuales.
A esta gobernanza se suma el protocolo legal basado en la Ley N° 21.364, que integra formalmente a Senapred (ex ONEMI) con la institucionalidad pesquera. Bajo este diseño, Sernapesca actúa como el Organismo Técnico Sectorial encargado de levantar la información y las alertas tempranas en las concesiones de alto riesgo. Senapred por su parte asume la conducción de la respuesta y la coordinación logística mayor ante desastres civiles en el borde costero, reconociendo legalmente tres escenarios de afectación pública las cuales entran las, floraciones algales nocivas, varamientos masivos y mortalidades acuícolas masivas.
Capacidad y límites
El cumplimiento operativo de la normativa trabaja bajo la «ruta de la mortalidad«, un requisito que obliga a los centros de cultivo a ejecutar un protocolo estricto de extracción, ensilaje ácido, transporte seguro y disposición final en vertederos autorizados.
El Reglamento Ambiental obliga a las empresas a tener estrategias antes de la emergencia. Mientras los planes de mortalidad masiva individuales y grupales ya se encuentran plenamente vigentes, la fecha clave en el calendario regulatorio está fijada para el próximo 29 de julio de 2026, plazo definitivo en el que expira la entrega obligatoria de los planes de acción específicos contra contingencias por floraciones algales nocivas.
El ámbito regulatorio con bases sólidas
En el seminario se advirtió que el protocolo de coordinación Senapred-Sernapesca está diseñado para actuar cuando la FAN destruye biomasa en las jaulas, pero no cubre de forma integrada los escenarios donde la microalga produce marea roja (toxinas) sin matar el recurso. En este último caso, el cierre de zonas de extracción depende exclusivamente de las Seremis de Salud, fragmentando la cadena de mando.
Sin embargo, la existencia de comités activos, el cruce de datos en tiempo real y la obligatoriedad de los planes de contingencia escalonados entregan al sector una base de control sin precedentes. El éxito para superar «El Niño» dependerá de la capacidad de las agencias públicas para flexibilizar la burocracia logística durante los picos de la emergencia, asegurando que la normativa actúe como un facilitador de soluciones sanitarias y no como un freno para la resiliencia en el agua.
