SEIA: impulsan cambios para acelerar inversiones y proponen modelo de evaluación ambiental

Mientras en el Senado avanza una norma que permitiría compensar a los titulares de proyectos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable sea posteriormente anulada, expertos plantean que el verdadero desafío es rediseñar el sistema para entregar mayor certeza desde el inicio de la evaluación ambiental. Compensación frente a un riesgo poco frecuente, pero de alto impacto En una carta publicada en El Mercurio, José Antonio Valenzuela, director de Pivotes, sostuvo que la propuesta impulsada por el Ejecutivo busca corregir uno de los principales incentivos que hoy retrasan la inversión: la incertidumbre asociada a los largos procesos de impugnación de una RCA. Según explicó, una reclamación puede extenderse por más de cuatro años al pasar por el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Durante ese período, muchas empresas optan por postergar el inicio de las obras, retrasando la generación de empleo, la actividad económica y la recaudación fiscal. Valenzuela afirmó que los antecedentes recopilados por el centro de estudios Pivotes muestran que, en los últimos 13 años, menos del 2% de la inversión aprobada ha terminado con la invalidación de su RCA. Sin embargo, ese riesgo estadísticamente bajo estaría generando efectos sistémicos sobre las decisiones de inversión. En ese contexto, defendió la idea de compartir el riesgo entre el Estado y los titulares de proyectos, aunque planteó perfeccionamientos a la iniciativa, como incorporar una prima financiada por las empresas beneficiadas y establecer un período de vigencia para evaluar los resultados de la norma. Una reforma más profunda al sistema ambiental Más allá de la discusión sobre las compensaciones, Bernardo Larraín, presidente de la Fundación Pivotes, y José Antonio Valenzuela sostienen que el problema de fondo radica en el diseño del SEIA. En una columna de opinión, ambos respaldan el diagnóstico realizado por Antonio Büchi respecto de la «miopía» del sistema de evaluación ambiental, señalando que las principales deficiencias se concentran en tres aspectos: la definición de la línea base y el área de influencia de los proyectos, la identificación de los impactos que deben mitigarse o compensarse y la escasa consideración de los efectos positivos que pueden generar las inversiones. A juicio de los autores, la actual normativa deja amplios espacios de discrecionalidad y mantiene abiertas estas definiciones durante gran parte del proceso, lo que posteriormente facilita reclamaciones administrativas y judiciales. Evaluación en dos etapas Como alternativa, Pivotes propone implementar un modelo de evaluación ambiental dividido en dos etapas. La primera consistiría en el ingreso de un Estudio de Impacto Integral con información general del proyecto, sus impactos positivos y negativos y el área de influencia. Bajo la coordinación técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), participarían el Ministerio del Medio Ambiente, el ministerio sectorial correspondiente, el Gobierno Regional y las comunidades mediante un proceso de participación ciudadana temprana. Tras ese análisis, el SEA emitiría unos Términos de Referencia que definirían desde el inicio aspectos esenciales como el área de influencia, las comunidades involucradas, los impactos relevantes y los servicios públicos que intervendrán en la evaluación. La segunda etapa estaría enfocada exclusivamente en revisar técnicamente si las medidas de mitigación y compensación propuestas cumplen con los requisitos establecidos. El proceso concluiría con la emisión de la RCA por parte del SEA, eliminando la intervención del Comité de Ministros en la fase final y permitiendo que las reclamaciones se tramiten directamente ante los tribunales ambientales. Relevancia para la salmonicultura Aunque el debate tiene alcance transversal para todos los sectores productivos, las propuestas adquieren especial relevancia para la industria del salmón, donde los proyectos de cultivo, infraestructura, procesamiento y logística dependen de procesos ambientales complejos y de largos plazos de tramitación. La posibilidad de contar con definiciones tempranas respecto de la línea base, las exigencias ambientales y el alcance de las medidas de mitigación podría reducir la incertidumbre regulatoria y facilitar la planificación de inversiones de largo plazo, uno de los factores que el sector ha identificado como clave para mantener su competitividad. Para los impulsores de la reforma, el proyecto de ley actualmente en discusión representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema ambiental que combine estándares de protección con mayor certeza jurídica, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la confianza tanto de las comunidades como de los inversionistas.