El fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que acogió las reclamaciones de la salmonera canadiense Cooke Aquaculture contra las medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), desató una fuerte controversia entre ambas partes.
El Tribunal concluyó que las operaciones de los centros de cultivo Huillines 2 y Huillines 3, ubicados en el Fiordo Cupquelán, Región de Aysén, no representaban un peligro inminente para el medio ambiente, como había sostenido la autoridad fiscalizadora. En consecuencia, se levantaron las detenciones parciales que afectaban a ambas instalaciones. Frente a este escenario tanto el órgano público como la compañía se pronunciaron sobre la decisión este fin de semana, así lo informa Emol.
Desde la SMA reaccionaron con sorpresa ante la decisión judicial. A través de un comunicado, el organismo manifestó que “sorprenden las dos sentencias del Tercer Tribunal Ambiental, considerando que las medidas habían sido previamente autorizadas por el mismo Tribunal”.
La entidad recordó que las resoluciones anteriores confirmaban “el peligro de realizar actividades sin autorización ambiental (elusión al SEIA)” dentro de un Parque Nacional, en referencia a la Ley N°19.300. En ese contexto, la Superintendencia aseguró que se encuentra analizando el fallo y sus próximos pasos a seguir.
Cooke acusa trato injusto y critica sistema regulatorio chileno
Por su parte, Glenn Cooke, cofundador y máximo ejecutivo de Cooke Inc., expresó su descontento con el sistema regulatorio chileno. “Estamos decepcionados; se nos trata injustamente. Tenemos un problema con el sistema regulatorio chileno”, afirmó el empresario durante su reciente visita al país.
Cooke sostuvo que la empresa ha sido impedida de operar con normalidad en algunos de sus centros de engorda debido a lo que calificó como una “conducta obstructiva” por parte de la SMA.
La disputa se remonta a 2021, cuando el organismo acusó a la firma de sobreproducción y operación dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, situación que la compañía niega tajantemente, asegurando que sus concesiones están fuera del área protegida y cumplen con toda la legalidad vigente.
El fallo del Tribunal Ambiental marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre la autoridad fiscalizadora y una de las mayores productoras de salmón del mundo, cuyo desenlace podría redefinir los criterios regulatorios y ambientales en la industria acuícola chilena.
