Parlamentarios por la región de Aysén expresaron fuertes críticas ante la solicitud de dos comunidades de pueblos originarios que buscan la adjudicación de más de 620 mil hectáreas en la región, amparadas bajo la Ley Lafkenche que corresponden al sector de Cisnes e Islas Huichas.
El diputado independiente, Miguel Ángel Calisto, también se sumó a las críticas a la hora de abordar las características de las EMPCO requeridas “este tipo de solicitudes lo único que va a generar es complicaciones para el desarrollo de actividades productivas, concentrando en muy pocas personas, la propiedad en definitiva de las concesiones marinas, porque en las solicitudes que se hacen son totalmente desproporcionadas”.
Cabe consignar que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) es la que debe verificar la veracidad de los usos y costumbres alegadas en las solicitudes. En ese contexto, el senador de la UDI por Aysén, David Sandoval, cuestionó la forma de abordar el proceso, “no tiene ninguna lógica razonable por parte de la Conadi que haya reconocido el uso consuetudinario de esas 620 mil hectáreas, respecto de un grupo de comunidades tan pequeña. No hay comunidad alguna que tenga ese carácter, reconocido formalmente incluso a través del propio mecanismo de pueblos originarios”.
En cuanto a la incidencia de la Ley Lafkenche, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, que también representa a la región, argumentó que la actual solicitud EMPCO en el territorio no cumple con el objetivo de la normativa, “la última concesión que se entregó fue en agosto de 2023 que fueron 262 hectáreas a 14 comuneros de o familias. Sin embargo, hoy día se está solicitando 620 mil hectáreas a 38 personas y eso claramente vulnera el espíritu de la ley Lafkenche”, cerró la parlamentaria.
